PAÍS
En la foto: Alcaldesa Karen Rojo, Intendente Marco Antonio Díaz, lobista Pablo Longueira
La alcaldesa de la comuna Karen Rojo pidió al Presidente «limpiar su Gobierno», en alusión al intendente regional Marco Antonio Díaz, un exgerente de una empresa minera ligada al grupo Luksic y cercano a la diputada Paulina Núñez, luego de que apareciera como objeto de las gestiones que hizo Pablo Longueira en favor del nuevo vertedero Chaqueta Blanca. El intendente niega cualquier gestión con el exsenador y apunta a Arturo Molina, exintendente DC como representante de la empresa. El secuestro denunciado por el director de Obras Municipales está siendo investigado por Fiscalía, la que no descarta la conflictividad de la empresa con el municipio como elemento contextual del delito.
Martes 5 de febrero, José Gálvez, director de Obras Municipales de Antofagasta baja de su Dodge Durango para abrir la puerta de su casa en el condominio Parque Inglés de esa ciudad. En ese momento es abordado por cuatro sujetos que lo encapuchan y lo obligan a subir a su vehículo, el que manejan hacia el centro de la ciudad mientras llaman a su familia para pedir un rescate de tres millones de pesos. Minutos más tarde, el funcionario es abandonado en calle Manuel Rodríguez, en el centro de la ciudad, sin esperar rescate alguno. Al día siguiente, el auto aparece abandonado, pero íntegro. No fue deshuesado.
“La hipótesis del portonazo que es muy poco común en Antofagasta, aunque ha habido algunos, se maneja en conjunto con la de un posible secuestro. Pero recién se efectuaron las primeras diligencias como la toma de declaración al afectado, el empadronamiento a testigos y la toma de restos biológicos”, afirma José Troncoso, vocero de la Fiscalía regional de Antofagasta sobre la investigación de este hecho, a cargo del fiscal Liborio Fajardo.
Lo que en la municipalidad califican sin eufemismos como “secuestro”, ocurrió un día después que una persona sin identificarse, llamara a la Dirección de Obras Municipales pidiendo hablar con la alcaldesa Karen Rojo para advertirle sobre los peligros que podía correr su integridad. Además, según la denuncia que hizo Rojo en la prensa, la persona habría hecho preguntas específicas sobre el proyecto del Centro de Tratamiento Chaqueta Blanca, fuente del explosivo conflicto que mantiene enfrentados a la municipalidad con el gobierno regional. Conflicto que contó con los oficios del exsenador Pablo Longueira, quien haciendo uso de su cercanía con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y con el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, logró que el intendente regional cerrara el vertedero de La Chimba, despejándole el camino a Chaqueta Blanca.
[cita tipo=»destaque»]“Aunque sea la pintura lo que le falte, la empresa tiene que cumplir con el contrato. Porque además estamos hablando de la plata del Estado: son 4 mil millones de pesos que el Estado puso en este proyecto. Es inaceptable y vergonzoso que un equipo que dice representar al Presidente Sebastián Piñera, hoy esté jugando con los anhelos de los antofagastinos. Me está obligando a violar la ley de urbanismo. La invitación que le hago con harta responsabilidad y humildad al Presidente de la República es que haga una limpieza de su gobierno. Para que quienes sean sus representantes aquí en la región de Antofagasta, sean personas que trabajen con aprecio y disposición hacia la comunidad, no hacia intereses privados o políticos”, enfatiza la alcaldesa, dando cuenta de que hasta ahora va ganando en el gallito contra el intendente.[/cita]
Por ello es que la evidente conflictividad entre la entrada en operaciones del nuevo vertedero a cargo del consorcio Santa Marta y el caso policial que investiga la fiscal, están siendo investigadas como elementos contextuales de un mismo hecho, razón también por cual la fiscalía pidió a Carabineros protección personal para la alcaldesa.
«El Ministerio Público a través de una petición que hizo Carabineros de Chile, porque no fui yo, me designó a un policía para que estuviera en mis actividades masivas. Ese plazo terminó esta semana. A raíz de lo que sucedió la semana antepasada con el funcionario de la municipalidad”, sostuvo Rojo.
Precisamente, las últimas semanas han sido las más ásperas en el enfrentamiento que mantiene la alcaldesa con el intendente regional Marco Antonio Díaz. El 22 de enero, Diaz ordenó el cierre del vertedero La Chimba, seis semanas después de que el proyecto Chaqueta Blanca consiguiera la autorización de la Seremi de Salud para operar. Sin embargo, Rojo se ha negado a entregar la recepción de obras aduciendo que hay obras que faltan por hacer y que están estipuladas en el contrato que se adjudicó a la empresa Santa Marta.
Efectivamente, el permiso de la Seremi de Salud, otorgado en diciembre, es notoriamente celebrado por los gestores del proyecto y por Pablo Longueira, según revela la serie de correos que reveló El Mostrador y que muestran al exministro realizando un fructífero lobby en favor de la empresa y con especial énfasis en abordar la negativa de la municipalidad para entregar el permiso final. De hecho, la decisión final que consignan los correos es empezar a operar y “judicializar el resto”.
La alcaldesa Rojo admite que Longueira intentó acercamientos oficiosos con ella. «Él tuvo interés en conversar conmigo sobre esta iniciativa, pero no hemos tomado en cuenta esa petición. Estuve al tanto de la intención que tenía de conversar con nosotros. La única presión directa que me llamó poderosamente la atención es este llamado a la secretaria de la DOM. Lo que sí me preocupa es el rol que ha tenido el intendente”, afirma la autoridad comunal.
Lo que falta para la recepción de las obras de relleno de Santa Marta es más bien mínimo. Solo unos pesos más. Se trata de una multicancha comprometida en el contrato y algunos detalles menores como pintura. Pero en la práctica son suficientes para mantener detenido el nuevo relleno sanitario.
“Aunque sea la pintura lo que le falte, la empresa tiene que cumplir con el contrato. Porque además estamos hablando de la plata del Estado. Son cuatro mil millones de pesos que el Estado puso en este proyecto. Es inaceptable y vergonzoso que un equipo que dice representar al Presidente Sebastián Piñera, hoy esté jugando con los anhelos de los antofagastinos. Me está obligando a violar la ley de urbanismo. La invitación que le hago con harta responsabilidad y humildad al Presidente de la República es que haga una limpieza de su gobierno. Para que quienes sean sus representantes aquí en la región de Antofagasta, sean personas que trabajen con aprecio y disposición hacia la comunidad, no hacia intereses privados o políticos”, enfatiza la alcaldesa, dando cuenta de que hasta ahora va ganando en el gallito contra el intendente.
Marco Antonio Díaz es un abogado de 36 años ligado a Renovación Nacional y cercano a la diputada Paulina Núñez, pareja del ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg. El actual intendente antes de ocupar el puesto fue gerente de Relaciones Laborales de minera Zaldívar, propiedad del grupo Luksic. Ayer Díaz negó cualquier contacto con Longueira y solo reconoció como interlocutor con la empresa al exintendente DC, Arturo Molina, aunque -según consignó el Diario de Antofagasta– no figura a través de la plataforma de ley de Lobby ninguna reunión entre ambos.
“En lo que a mí respecta, no he tenido conocimiento ni he tenido contacto alguno con el señor Longueira como asesor de esa empresa. No sé si esa información sea real. Sí puedo señalar que el único interlocutor válido como asesor con el que me he relacionado de manera fluida y efectiva en todo ese proceso ha sido el exintendente Arturo Molina”, dijo el intendente este jueves a la prensa regional.
En la práctica, Marco Antonio Díaz ha instruido tres sumarios sanitarios contra la municipalidad por mantener funcionando el vertedero La Chimba a pesar de la orden de cerrar.
«Me llama poderosamente la atención la presión que ha ejercido el intendente regional. La verdad es que con lo que ustedes dieron a conocer, queda de manifiesto que lo que escondía el intendente para cerrar el vertedero no eran los intereses comunales. Es vergonzoso que se haya aprovechado de la sensibilidad de la comuna de Antofagasta, de haber generado una falsa expectativa”, vuelve a rematar la alcaldesa.
Lo cierto es que la guerrilla entre ambas autoridades es terreno fértil para los otros políticos de la zona.
La diputada Marcela Hernando (PR) afirmó que “esta empresa Santa Marta viene haciendo lobby por lo menos hace un par de años. Nos consta que por salir adelante con este proyecto han estado involucradas personas de los más distintos ámbitos. No es de extrañar que aparezca Longueira. Ahora, según lo que dicen los correos, ellos quieren judicializar esto. En el caso que así lo hagan, y si la municipalidad llegara a perder, hay una responsabilidad enorme en esto. Porque desde el principio la municipalidad ha sido responsable”, dice Hernando, que pidió al intendente que se revoque el mandato como unidad técnica a la municipalidad y que la tarea de terminar el contrato quede en manos del Ministerio de Obras Públicas.
Hernando pidió hace algunos meses que la Contraloría revisara el contrato y el resultado debería estar próximo a conocerse.
Cabe recordar que el Estado, a través del gobierno regional, aportó cuatro mil millones de pesos para impulsar el nuevo vertedero de la ciudad, una solución que se espera hace mucho tiempo.
Por su parte el senador Alejandro Guillier expresó en su cuenta de Twitter que el lobby de Longueira es “extremadamente grave. Espero que los aludidos aclaren su participación”, dijo.
