Abultados sueldos de militantes de RN en el Ministerio del Interior contradicen política de austeridad del Gobierno

La política de austeridad del Gobierno ha sido una de las premisas que más ha relevado el Presidente Sebastián Piñera. En abril de 2018 lanzó con bombos y platillos el instructivo para la “Austeridad y eficiencia en el uso de los recursos públicos”, realizado por el ministro de Hacienda, Felipe Larraín.

En dicho documento, publicado el 4 de abril, se establecen nuevas y estrictas reglas para la asignación de recursos que financien viáticos, viajes, compra de automóviles, comisiones por servicios nacionales e internacionales y hasta fija una nueva tabla de remuneraciones para los funcionarios a honorarios, cientos de los que fueron despedidos durante el año.

Dicha tabla de remuneraciones brutas establece una escala de máximos en base al sueldo del jefe superior de la división a la que pertenecen los funcionarios. Es así como un trabajador con licencia de enseñanza media podrá acceder a un máximo del 15% del sueldo de su superior, si tiene más de diez años de experiencia, si cuenta con menos un 12% y con menos de cinco años, hasta un 7%. La fórmula se replica con los funcionarios técnicos que pueden acceder a un 15%, 22% y 30%, dependiendo de sus años de experiencia, y los profesionales que llegan hasta el 60% de las remuneraciones, además de los profesionales con posgrados, que pueden alcanzar un 90% de la renta del o la jefa de servicio.

El Mostrador revisó los contratos de funcionarios a honorarios del año 2018, de una de las divisiones más grandes del Gobierno Central, en el Ministerio del Interior, la Subsecretaría del Interior y la División de Gobierno Interior. En ésta última división, dependiente del subsecretario Rodrigo Ubilla (RN), detectó una serie de funcionarios a honorarios que cuentan con licencia de cuarto medio o con estudios técnicos o superiores incompletos (sin grado de licenciatura) que reciben sueldos superiores al 15% de la remuneración que percibe el subsecretario Ubilla, la que llega a $8.602.956 brutos al mes. En su mayoría, militantes de Renovación Nacional.

La dotación de esta división es responsabilidad de Andrea Balladares, militante de RN y cuadro político ancla en el grupo de avanzada del equipo de campaña del presidente Sebastián Balladares. La expresidenta de la juventud RN es el brazo derecho del subsecretario Ubilla y “todas las contrataciones pasan por su aprobación”, destacan desde el Ministerio del Interior, en donde han aumentado las críticas por la “sobrepoblación” de militantes de dicho partido en la división del Gobierno Central.

Andrea Balladares, quien figura con “estudios de derecho incompletos”, fue contratada el 12 de marzo de 2018 como jefa de la División de Gobierno Interior, que designa todos los cargos regionales dependientes del Gobierno Central, tales como intendencias y gobernaciones. En el mes de mayo pasó a ser nombrada -en su mismo cargo- como subrogante y su sueldo se mantuvo en los $4.054.070.

Su contrato como “subrogante” fue renovado en enero de este año y su sueldo reajustado a $3.913.796. Quienes la conocen, recalcan que a pesar de que no cuenta con un título profesional, “el cargo lo tiene más que merecido”, y agregan que es una de las figuras “fuertes” de la renovación de Chile Vamos.

Los sueldos a honorarios

Jorge Enrique Astudillo Astete tiene 22 años y es militante de la Juventud de Renovación Nacional. Se describe como “un trabajador de los tiempos mejores”, en su cuenta de Instagram. Astudillo trabajó en el equipo de avanzada en la campaña presidencial, que era liderado por Balladares.

El joven, que solo cuenta con “licencia de enseñanza media”, fue contratado el 12 de marzo de 2018 con un sueldo de $1 millón, para cumplir funciones de “administrativo de la unidad de programa” en la División de Gobierno Interior.

En junio de 2018 -después de la publicación del instructivo de austeridad- presentó su renuncia voluntaria ante la División y fue recontratado en el mismo cargo por el monto de $1,3 millones, sueldo que mantuvo hasta diciembre del año pasado. En octubre de 2018, Astete fue candidato a secretario general de la Juventud de RN, cargo al que finalmente no accedió.

Natalia Pérez Cerda también es militante de RN y ostenta el cargo de concejala de la Municipalidad de Pirque, desde 2017. Natalia tuvo un breve paso por la División de Gobierno Interior, según detalla el portal de transparencia del ministerio. Fue contratada el 22 de mayo de 2018 para ejercer funciones como “apoyo del gabinete en materias relativas a la administración y control de las actividades que realiza de la gobernación provincial cordillera”, por lo tanto, ejercía labores en el mismo territorio en el que era representante de los vecinos de Pirque.

La concejala recibió un sueldo de $1.666.667 hasta julio de 2018, mes en el que figura renunciando voluntariamente a su cargo. Pérez, quien cuenta con el grado de “licencia de cuarto medio”, recibió un sueldo equivalente al 19,4% del jefe de su servicio, el subsecretario Ubilla, superando el 15% establecido en el instructivo de austeridad publicado en abril de 2018 por el Ministerio de Hacienda.

En su declaración de patrimonio como concejala, que data del 31 de marzo de 2018, figura cumpliendo funciones como “jefa de gabinete” de la gobernadora de la Provincia Cordillera, Mireya Chocair, quien tiene un estrecho vínculo con Renovación Nacional, ya que es prima del diputado Leopoldo Pérez; además su esposo, René Borgna, es el jefe de gabinete de la vocera de gobierno, Cecilia Pérez.

Cabe recalcar que durante estos meses, Natalia Pérez recibió un sueldo de $1,6 millones de pesos por esta labor, además de los $720.000 base que recibía como concejala, que podían llegar hasta $900.000 con bonificaciones por asistencia a los consejos. Antes de ser jefa de gabinete de la gobernadora Chocair, la concejala se desempeñó como asesora del diputado Leopoldo Pérez, quien -como ya se consignó- es primo de la gobernadora.

Desde la Subsecretaría del Interior destacan que «en los casos de don Jorge Astudillo y doña Natalia Pérez, sus contrataciones son anteriores al instructivo de austeridad de fecha 4 de abril de 2018, habiendo ingresado ambos al servicio el día 12 de marzo de 2018. Adicionalmente, el señor Astudillo se encuentra cursando quinto año de administración pública y la señora Pérez se encuentra cursando quinto año de derecho».

Lo que no aclaran desde la Subsecretaría es que ambos renunciaron voluntariamente para que sus sueldos fueran aumentados en un nuevo contrato: en el caso de Astudillo, en junio de 2018, y Pérez, en mayo de 2018. Estos nuevos contratos están bajo el dominio del nuevo reglamento de austeridad. Por otra parte, desde el propio Gobierno Central destacan que el pago en el servicio público se fija por años de experiencia y grados académicos, títulos profesionales o técnicos, no por carreras en curso.

Camila Andaur Muñoz (32) ingresó a trabajar el 12 de abril de 2018 como “asesora y apoyo con las gobernaciones provinciales en el funcionamiento y gestión del comité técnico asesor”. Camila también sería cercana a Renovación Nacional y figura como “egresada de derecho” en el portal de transparencia.

Fue contratada con un sueldo de $1.666.667 mensuales, correspondiente a más del 19% del sueldo del subsecretario Ubilla, a pesar de que aún no figura como titulada, ni licenciada de la carrera de Derecho, grado con el que podría acceder a un sueldo de hasta $2,5 millones. En enero de 2019, su contrato fue renovado en el mismo cargo, a pesar de que se mantiene como egresada de Derecho,  accediendo a un reajuste de su sueldo que alcanzó a $1.725.000.

Desde la Subsecretaría destacan que «para el caso de la señora Camila Andaur, es egresada de Derecho, carrera de 10 semestres, por lo que no es posible aplicársele el criterio de contar solo con licenciatura de enseñanza media».

Otro histórico militante de RN, muy conocido en el Gobierno Central, es Frank Reimberg Navarro. Figura como egresado de Derecho, y en su perfil de LinkedIn describe que cursó dicha carrera entre 1989 y 1993. Fue contratado el 7 de mayo de 2018 como “asesor y apoyo en gestión administrativa y territorial con las gobernaciones provinciales en la división de Gobierno Interior”.

Al igual que Camila Andaur, recibió un sueldo por $1.666.667 mensuales hasta octubre de 2018. Previo a su trabajo en la División de Gobierno Interior, Reimberg prestó servicios en la Municipalidad de Santiago, en donde figura como “licenciado de enseñanza media”, con un sueldo de más de $1,5 millones. Durante el primer gobierno de Sebastián Piñera trabajó como honorario en la Segegob, en el cargo de subdirector de División de Organizaciones Sociales. Durante el 2016 trabajó en su partido, haciendo un catastro de dirigentes sociales ligados a Renovación Nacional.

En la Subsecretaría del Interior destacan que Frank Reimberg ya no trabaja para dicho servicio y agregan que «al momento de su contratación contaba con una experticia superior a 10 años y ostentaba la calidad de egresado de Derecho», lo que justificaría su sueldo.

Cristián Urac González está a cargo de la coordinación de recursos hídricos en la Región de Los Lagos, además de la implementación del Plan de reemplazo de camiones aljibe. Tiene un sueldo de $1.955.000 a partir de enero de este año, pero ingresó a la División de Gobierno Interior en junio de 2018, con un sueldo de $1,8 millones. Al igual que los otros funcionarios incluidos en este reportaje, figura con el grado de “licencia de enseñanza media”. Urac es un reconocido empresario del mundo del agua en la zona, se ha desempeñado como gerente en distintas compañías dedicadas al rubro, como en el Grupo Ocean.

Otro caso similar es el de Guillermo Vargas, quien está ligado al mundo del corretaje agrícola. También cuenta con “licencia de cuarto medio” y trabaja en el mismo cargo que Cristián Urac, pero en la Región del Maule. Su sueldo es casi de dos millones de pesos bruto.

Entre los funcionarios a honorarios contratados para el 2019, también se encuentra María José Maldonado, encargada de “asesorar en los lineamientos, comunicaciones y redes sociales a las gobernaciones en la División de Gobierno Interior”. Fue contratada el 12 de marzo de 2018, con un sueldo de $1,5 millones, pero en junio su sueldo fue reajustado a $1.730.000, el que mantiene hasta enero de este año.

En los casos de Guillermo Vargas y de Cristian Urac, desde la Subsecretaría destacan que «ambos cuentan con títulos técnicos y experiencia superior a 10 años», lo que no consta en su descripción de grado académico hasta el cierre de esta edición. Agregan que ambos «se desempeñan en la coordinación regional de recursos hídricos, responsabilidad acorde a sus conocimientos».

Cabe recalcar que, de los sueldos de trabajadores con «licencia de enseñanza media» revisados por El Mostrador del año 2018, la gran mayoría no supera los $900 mil pesos. En cambio, los contratados en 2019 se vieron reducidos en cantidad de funcionarios, pero aumentaron sus sueldos.

Los hijos de la Seremi

Junio de 2018 fue un mes de cambios al interior de la División de Gobierno Interior. Más allá de los aumentos de sueldo ya registrados, hubo dos contrataciones ligadas a la Seremi de Salud de la Región de Magallanes, Mariela Rojas, que llamaron la atención.

La primera fue el paso de honorario a contrata de la cientista política, Carla Martínez Rojas, quien estaba contratada desde el año 2016 en el Ministerio del Interior como “apoyo profesional en la gestión de la unidad territorial” y recibía un sueldo de $1,5 millones, aproximadamente. El 20 de junio de 2018, Carla Martínez fue pasada a contrata y su sueldo aumentó a $2.112.284 brutos hasta diciembre de 2018. En enero de este año, su remuneración cambió nuevamente, y se reajustó a $1.866.162 brutos -sin asignaciones-.

Por otra parte, su hermano, Nicolás Martínez Rojas, abogado de la Universidad del Desarrollo también llegó hasta la División de Gobierno Interior para trabajar directamente como profesional a “contrata” en la Gobernación de la Provincia del Maipo por un sueldo de $2.112.284. En su contrato de enero de este año, Nicolás asumió el cargo de “Encargado del Departamento Jurídico” de la gobernación, pero su remuneración bruta también fue rebajada a $1.866.162. Desde la Subsecretaría destacan que Nicolás Martínez «ostenta una contrata grado 9, remuneración acorde a su profesión y experiencia».

El ruido que causaron estas dos contrataciones en el Ministerio del Interior se debe a que sus llegadas coincidieron con la primera crisis vivida en Magallanes entre junio y julio de 2018, la que terminó con la salida del intendente Christian Matheson, quien debió renunciar luego de que el propio ministro Andrés Chadwick le solicitara su dimisión.

Un conflicto de poderes y cuotas internas entre independientes y militantes de RN en la región, que terminó con la intervención directa de la ministra Cecilia Pérez (RN), quien debió viajar para calmar los ánimos, luego de que cuatro seremis se declararan en rebeldía y siguieran los pasos de Matheson, renunciando debido a su salida. Una sublevación que “podría haber sido peor”, aseguran desde el Ministerio del Interior, si la seremi Mariela Rojas “no hubiera intervenido”.

Pero el conflicto en Magallanes ha seguido latente, tanto así, que María Teresa Castañón, el reemplazo de Matheson en la intendencia, renunció a mediados de febrero de este año.