Opinión
No solo respecto de Venezuela existe improvisación y contradicciones. Chile copresidió, junto con Costa Rica, la comisión regional que elaboró el llamado Acuerdo de Escazú sobre protección de los derechos ambientales, que se aprobó en marzo de 2018. Piñera mencionó el aporte de nuestro país en su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas. Luego, sorpresivamente, Chile no suscribió el Acuerdo. Una situación análoga se produjo con el Pacto Migratorio, en el que el país fue un activo participante, pero en cuya votación finalmente se abstuvo con la incómoda compañía de los países con políticas migratorias más restrictivas y discutibles, como los EE.UU. de Trump, la Italia de Salvini y la Hungría de Durban.
Una declaración suscrita en febrero por un amplio grupo de personalidades ligadas a la política exterior –entre ellos dos ex cancilleres y varios ex embajadoras y embajadores– en la que se formulaba una fundamentada crítica a la política exterior del Gobierno del Presidente Piñera y, en particular, a sus actuaciones frente a la crisis venezolana, ha abierto un vivo e indispensable debate sobre la política internacional del país.
Una mesa redonda convocada por Chile XXI y moderada por Carlos Ominami, el 7 de marzo, reunió a tres ex cancilleres –José Miguel Insulza, Mariano Fernández y Heraldo Muñoz– y al senador Andrés Allamand en torno al tema de si Chile tiene una política de Estado en materia internacional.
La opinión compartida de los tres ex cancilleres es que el Gobierno actual ha roto con un conjunto de principios y normas de conducta que han caracterizado históricamente la conducción de nuestras Relaciones Exteriores y que han otorgado a Chile prestigio y presencia internacional, tanto en la región como a nivel global. Para un país de tamaño medio como el nuestro, construir una política internacional coherente basada en principios, previsible y con un sólido apoyo interno, constituye una evidente fortaleza para defender los intereses nacionales en un escenario internacional y regional caracterizado por nuevos conflictos y una generalizada incertidumbre.
El debate en curso demuestra, por sí solo, que la política exterior de Piñera está erosionando severamente el capital acumulado por decenios en materia de acuerdos sustantivos en política exterior. Se reiteran dos críticas: el carácter improvisado e inconsulto de decisiones importantes como también la tendencia a instrumentalizar la agenda internacional en función de la confrontación política interna.
[cita tipo=»destaque»]Surge, entonces, una duda legítima. ¿Este conjunto de decisiones son el fruto de la improvisación, de privilegiar el cambiante estado de la opinión pública y del amateurismo de quienes conducen la política exterior? O, bien, ¿corresponden a un diseño, que aproxima la política exterior del país al neopopulismo ultraconservador que campea en varios países del mundo?[/cita]
Esta discusión es de la máxima importancia y la gran pregunta es si es posible revertir estas tendencias.
No cabe duda que la crisis venezolana es las más grave que ha enfrentado la región y particularmente América del Sur en varias décadas. Además, tiende a convertirse en una crisis de carácter global en la medida en que se involucren las mayores potencias militares: Estados Unidos, China y Rusia. Es evidente que el régimen de Nicolás Maduro, que ha violentado la Constitución desde el momento que privó de todos sus poderes a una Asamblea Nacional elegida democráticamente y sumido al país en una crisis económica y humanitaria sin precedentes, no tiene las condiciones de superar la crisis. Es claro, asimismo, que la oposición, hoy día unida y encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional y que cuenta con un sólido apoyo internacional, aún no reúne la fuerza suficiente como para terminar con el régimen.
Se impone la búsqueda de una salida negociada y pacífica que permita convocar a elecciones para restablecer un orden democrático y un Gobierno capaz de superar la crisis. Ello no será fácil, pero la presión de la comunidad internacional y de la diplomacia puede ser un factor importante para una solución positiva. Lo que resulta inadmisible es una intervención militar extranjera: ella solo provocaría una catástrofe. Sin embargo, la amenaza de ello ha sido clarísima por parte de la administración de Donald Trump, del gobierno de Colombia y del propio Juan Guaidó, quienes declararon explícitamente, antes del encuentro de Cúcuta, que “todas las cartas están sobre la mesa”. La presencia del jefe del comando de América del Sur de las Fuerzas Armadas de los EE.UU. en la región antes del operativo que pretendió forzar el ingreso de una exigua ayuda humanitaria, sin duda reforzaba la credibilidad de la amenaza.
Al sumarse como un actor secundario a la operación montada en Cúcuta, el Presidente Piñera comprometió dos principios que son esenciales en la política exterior de Chile: el respeto a la soberanía de los estados y la resolución pacífica de las controversias.
Después del fracaso de la operación, la eventualidad de una intervención militar promovida por los Estados Unidos parece más remota. La última declaración del Grupo de Lima la descarta enérgicamente, gracias fundamentalmente a la posición de Brasil manifestada a través de su vicepresidente, el general Mourão.
En este asunto crucial la diplomacia chilena ha tenido un desempeño lamentable. No menos afortunada ha sido la negativa a participar en el Grupo de Contacto, patrocinado por México, Uruguay y la Unión Europea que busca promover una solución negociada al conflicto. Agrava nuestra ausencia la circunstancia que el Tratado de Chile con la Unión Europea establece el principio de la colaboración política entre las partes y mecanismos de diálogo y consulta en asuntos de interés recíproco. Esta alineación tan notoria con la política de Trump, contraviene la tradición de independencia de la política exterior e impide que Chile pueda jugar un rol constructivo en la crisis.
Pero no solo respecto de Venezuela existe improvisación y contradicciones. Chile copresidió, junto con Costa Rica, la comisión regional que elaboró el llamado Acuerdo de Escazú sobre protección de los derechos ambientales, que se aprobó en marzo de 2018. Piñera mencionó el aporte de Chile en su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas. Luego, sorpresivamente, Chile no suscribió el Acuerdo. Una situación análoga se produjo con el Pacto Migratorio, en el que el país fue un activo participante, pero en cuya votación finalmente se abstuvo con la incómoda compañía de los países con políticas migratorias más restrictivas y discutibles, como los EE.UU. de Trump, la Italia de Salvini y la Hungría de Durban.
En ambos casos Chile contraría no solo compromisos ya asumidos, sino también la larga tradición de una diplomacia que privilegia el multilateralismo y el Derecho Internacional, espacio en el cual los países que no son grandes potencias mundiales pueden mejor resguardar sus derechos e intereses.
Surge, entonces, una duda legítima. ¿Este conjunto de decisiones son el fruto de la improvisación, de privilegiar el cambiante estado de la opinión pública y del amateurismo de quienes conducen la política exterior? O, bien, ¿corresponden a un diseño, que aproxima la política exterior del país al neopopulismo ultraconservador que campea en varios países del mundo?
En el debate que se ha solicitado en el Senado corresponderá al Gobierno dar una respuesta a estas interrogantes.
