Opinión
Los resultados de la última encuesta Criteria Research confirman los pronósticos oficialistas, al evidenciar la caída más pronunciada en el ítem de aprobación a la gestión presidencial (cae 10 puntos entre febrero y marzo), alcanzando su peor registro en lo que va de su segundo mandato: un 34%. Bajar la brecha de los 30 puede empeorar aún más el ambiente, sobre todo, cuando no solo los atributos presidenciales son los que van a la baja, sino también las proyecciones económicas para este 2019. El débil Imacec de febrero (1,4%) vuelve a bajar las expectativas del PIB 2019. Aparecen así en el horizonte los “nubarrones del segundo año de Gobierno”, y una serie de síntomas asociados a la reproducción del Chile neoliberal han enrarecido el ambiente. “The winter is coming”.
A inicios de este año, diversos analistas políticos recordaban la paradigmática secuencia que presentaron los “segundos años de Gobierno” durante el ciclo que comienza con el mandato de Michelle Bachelet 1 y continúa con Sebastián Piñera 1 y Bachelet 2. Estos mandatos vivieron durante el 2007, 2011 y 2015 sus momentos más adversos. ¿Se repetirá la secuencia con Piñera 2 este 2019?
El último cambio de estación se condijo con un aumento en la tematización de la noción del abuso al interior de la sociedad chilena. A inicios de marzo, se instaló la idea del abuso de las compañías eléctricas por medio del cambio de medidores en los hogares chilenos. A inicios de abril, volvió a instalarse la idea del abuso tras el alza unilateral de precios de las Isapres que debería comenzar a regir en junio de este año. Algo similar experimentó el precarizado sector del “boletariado” tras la entrada en vigencia de la nueva Ley de Honorarios, que se traducirá en una disminución directa en sus ya inestables ingresos. ¿No son este tipo de prácticas habituales en la reproducción del pulcro mercado neoliberal?
No obstante, quizás la más brutal expresión de explotación que hayamos conocido este último tiempo, la encontramos en las conductas del empresario argentino radicado en Chile, Hugo Larrosa.
En este caso, el dueño de la empresa “Don Hugo” explotaba a trabajadoras y trabajadores laboral y sexualmente, ejecutando incluso torturas como forma de castigo. No solo eso, varios de estos abusos eran grabados por los propios trabajadores. En los registros audiovisuales, que también eran compartidos por Larrosa en algunos círculos de empresarios, el silencio cómplice se conjugaba con las risas frente al tormento de uno de sus compañeros.
La descomposición moral muestra la versión más sádica de la lucha de clases en el Chile actual.
Mientras estas constelaciones del abuso dan cuenta de un Chile literalmente “enfermo”, las resoluciones judiciales envueltas en los emblemáticos casos conocidos bajo el rótulo del “incestuoso maridaje entre el dinero y la política”, tales como Penta, Caval, SQM y Corpesca, comienzan a llegar a su fin. El sentir generalizado de la ciudadanía comienza a visibilizar el discurso de la injusticia.
Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, los emblemáticos ex gerentes de empresas Penta que financiaron ilegalmente a los partidos de derecha y defraudaron al fisco con más de $1.700 millones de pesos –y no está de más recordar: reemplazados en la gerencia en su momento de mayor crisis por el actual ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno– comenzaron hace pocos días sus clases de ética en la Universidad Adolfo Ibáñez. Allí expiarán sus culpas los viernes en la mañana leyendo a Aristóteles. También, una de las aristas del caso vinculadas al emblemático “coronel” de la UDI, Jovino Novoa, llega a su fin. Novoa, el primer sentenciado en los casos de financiamiento ilegal de la política, ha cumplido su condena y hoy nada impide que pueda volver a ejercer cargos públicos.
Sebastián Dávalos Bachelet, con una asesoría comunicacional desastrosa, confiesa sus culpas a través de una entrevista un domingo por la mañana, reconociendo eso sí, que el caso Caval fue ante todo “un mito”. El “mito” del caso Caval permitió que la nuera de Michelle Bachelet, Natalia Compagnon, se sentase con el mismísimo dueño, director y vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic. En las semanas posteriores, el “mito” permitiría a la pequeña empresa de Compagnon obtener un jugoso crédito de $6.500 millones para emprender en el negocio de la especulación en el uso de suelos en Machalí. Para qué mencionar lo devastador que fue el “mito” para su madre, Michelle Bachelet, y sobre todo, para el inconsistente proyecto político de la Nueva Mayoría.
Pablo Longueira, ex ministro durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera y también emblemático “coronel” gremialista, fue sobreseído estos días por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago en la arista por delitos tributarios del caso SQM, bajo el argumento de que el Servicio de Impuestos Internos jamás presentó una denuncia o querella en su contra. ¿Quién asumirá las responsabilidades políticas por esta “falta de iniciativa” del SII? ¿Bajo qué vil argumento “caerá” la segunda arista del caso SQM que implica a Longueira por delito de cohecho en la ley de royalty minero? O, en el mejor de los casos, ¿qué ridícula sanción obtendrá? Lo sabremos más temprano que tarde.
En las semanas previas, la naturalidad con que se imponía la impunidad era tal, que el propio ministro de Justicia, Hernán Larraín, aceptó otorgar su testimonio a favor del ex senador de la UDI Jaime Orpis, quien inicia el juicio oral en su contra por el caso Corpesca, donde Orpis arriesga una condena de 21 años por delitos tributarios, cohecho, y fraude al fisco. El evidente conflicto de interés llevó al ministro Larraín a recular su apoyo.
La guinda de la torta conocida esta semana es la investigación realizada por la Fiscalía por presuntos casos de corrupción en la Corte de Apelaciones de Rancagua. A la fecha, tres abogados integrantes y 11 litigantes están en la mira del Ministerio Público, donde los delitos imputados serían: cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.
Pareciera ser que las lúcidas palabras de Violeta Parra siguen más vigentes que nunca: “Chile limita al centro de la injusticia”.
Al enrarecido ambiente que trae aparejada la extensa constelación de abusos, explotación, injusticia y corrupción aparecidos en la opinión pública, se suman como factores un cierto debilitamiento de la figura presidencial, además de nuevas “señales” en el intento por coordinar los esfuerzos legislativos de las fuerzas de oposición que cohabitan en el Congreso, mientras “por afuera” del ámbito institucional, la potencial activación de la energía social expresada en los más diversos movimientos sociales se mantiene expectante.
El debilitamiento de la figura presidencial fue anticipado por la autocrítica oficialista que, a fines de marzo, llamó la atención sobre la “excesiva exposición” del Presidente Sebastián Piñera, quien llevaba meses en la primera línea de la política, con una actitud abiertamente confrontacional, propia de la táctica comunicacional desplegada por la segunda administración piñerista.
Los resultados de la última encuesta Criteria Research confirman los pronósticos oficialistas, evidenciando la caída más pronunciada en el ítem de aprobación a la gestión presidencial (cae 10 puntos entre febrero y marzo), alcanzando su peor registro en lo que va de su segundo mandato: un 34%. Bajar la brecha de los 30 puede empeorar aún más el ambiente, sobre todo, cuando no solo los atributos presidenciales son los que van a la baja, sino también las proyecciones económicas para este 2019. El débil Imacec de febrero (1,4%) vuelve a bajar las expectativas del PIB 2019. El Gobierno deberá nuevamente dar de baja el eslogan “Chile en marcha”, ya que los números no se condicen con aquella idea, menos aún con la de los “tiempos mejores”.
La situación también es delicada en el campo parlamentario, en donde el oficialismo no constituye mayorías en ninguna de las dos Cámaras. Dos esfuerzos legislativos del Gobierno serán decisivos en estos días.
Por un lado, el proyecto de ley sobre Control Preventivo de Identidad impulsado por el populismo penal piñerista. Las modificaciones no solo han sido resistidas por las fuerzas partidarias de la oposición y el mundo académico y jurídico “experto”. Esta semana, se agregan los reparos de Unicef, organismo que ha sido categórico al respecto: el proyecto “contraviene los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y de otros tratados internacionales suscritos por Chile, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos”. Por el otro lado, el proyecto de Reforma Tributaria se encuentra en instancias decisivas. El miércoles se votará en la comisión de Hacienda de la Cámara –presidida por el diputado PC Daniel Núñez– la idea de legislar.
¿Quién se impondrá en estos “gallitos legislativos”? ¿La “muñeca” del Gobierno o la aún “líquida” coordinación de las fuerzas opositoras en el Congreso?
Hoy por hoy, existen motivos de sobra para pensar en una posible alteración de la gobernabilidad y sus todavía “líquidos” equilibrios políticos derivados de las elecciones parlamentarias y presidenciales del 2017. Aparecen en el horizonte los “nubarrones del segundo año de Gobierno”, y una serie de síntomas asociados a la reproducción del Chile neoliberal han enrarecido el ambiente. “The winter is coming”.
