Opinión
Si Chile va a ser el país anfitrión de la siguiente COP, debe mostrar consecuencia en la materia. Esto implica fundamentalmente impulsar dos grupos de medidas: en primer lugar, aumentar los estándares de los compromisos climáticos de Chile ante dicha Conferencia Internacional. Hoy estos compromisos son absolutamente insuficientes. Así, la ONG Climate Action Tracker –que compara a los países parte de la COP de acuerdo al escenario de clima al que conducen sus compromisos– sitúa a Chile en el grupo de las naciones que han suscrito compromisos que conducen a escenarios de un alza muy significativa en la temperatura promedio global.
La COP es la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En Chile no hemos evaluado adecuadamente las implicancias del Cambio Climático: es el desafío planetario más importante que enfrenta la humanidad en el siglo XXI. La COP es la instancia que permitirá dilucidar si somos capaces de organizarnos multilateralmente como comunidad a escala global.
Hacia fines de 2018, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático evacuó un informe sobre las consecuencias que tendría un alza de 1,5º en la temperatura promedio del planeta. Un alza de esta magnitud, es un escenario hoy improbable: la mayoría de los países han suscrito acuerdos que nos conducen a un escenario de un alza mucho mayor.
De hecho, los compromisos que ha suscrito Chile ante la COP nos sitúan en un escenario de un alza de 3º, lo que tendría en un plazo de 10 a 20 años consecuencias catastróficas en Chile y el mundo: alza en el nivel de los océanos, falta de disponibilidad de alimentos, variaciones radicales del clima y un largo etcétera.
La razón de referirme a estos escenarios no tiene por objetivo ser alarmista. Muy por el contrario, si Chile va a ser el país anfitrión de la siguiente COP, debe mostrar consecuencia en la materia. Esto implica fundamentalmente impulsar dos grupos de medidas: en primer lugar, aumentar los estándares de los compromisos climáticos de Chile ante la dicha Conferencia Internacional. Hoy estos compromisos son absolutamente insuficientes. Así, la ONG Climate Action Tracker –que compara a los países parte de la COP de acuerdo al escenario de clima al que conducen sus compromisos– sitúa a Chile en el grupo de las naciones que han suscrito compromisos que conducen a escenarios de un alza muy significativa en la temperatura promedio global.
En segundo lugar, compatibilizar la legislación nacional y en especial la agenda legislativa del Ejecutivo, con la organización de un evento como este. A través de este año hay varios proyectos que se encuentran en carpeta en la materia: biodiversidad, ley marco de cambio climático, nuevo Código de Aguas, entre otros. Acelerar la tramitación de estos proyectos y dotarlos de un contenido compatible con una agenda sobre cambio climático es el mínimo de consecuencia que debemos demostrar en un año como este.
Existen amplios sectores políticos que todavía no son conscientes de que el próximo desafío que tenemos como humanidad es el cambio climático. No se trata solo de una agenda de conservación del medio ambiente o de una para transar el derecho a emitir contaminantes en un mercado de emisiones de carbono. Nos encontramos ante un fenómeno que ha demostrado ya afectar a las personas más vulnerables. Son estas personas las que sufren las consecuencias del calentamiento global –falta de agua, migración forzada, olas de calor, aumento del nivel de los océanos, falta de alimentos– y quienes además disponen de menos herramientas y recursos para enfrentar esta situación.
No solo debemos avanzar en medidas de mitigación –de reducción de la emisión de contaminantes–, que son aquellas que desaceleran el proceso de calentamiento global. Paralelamente, debemos avanzar en medidas de adaptación, que son aquellas que hoy permiten a las comunidades y personas afectadas enfrentar de mejor manera el cambio climático. Estas son, a su vez, las más difíciles en su diseño e implementación. Las medidas de adaptación son aquellas que hacen a las comunidades más resilientes ante el cambio climático.
Un buen ejemplo es lo que ocurre con la calefacción domiciliaria en el sur de Chile: debemos ser capaces como país de materializar el derecho de tener un hogar en condiciones de ser habitado. Esto no solo implica ofrecer fuentes de energía limpias, sino también a un precio que sea accesible para toda la población. Y, al mismo tiempo, debemos proveer a la población de casas energéticamente eficientes, bien aisladas, que requieran de menos energía para calefaccionarse. Sabemos que ciudades como Temuco y Coyhaique tienen gravísimos problemas de contaminación atmosférica.
Y esta es la complejidad de las medidas de adaptación al cambio climático: deben regular y abordar ámbitos de la vida desde múltiples puntos de vista. En este caso, por medio de políticas de calefacción para la ciudadanía a través de energía limpia, a través de políticas habitacionales que promuevan construcciones con buena aislación térmica y a través de medidas de educación a las personas, que modifiquen patrones de consumo energético. En suma, medidas multidimensionales y complementarias.
Respecto de este proyecto de ley, señor Presidente, conviene indicar algunos puntos importantes que consideramos insuficientes o nos plantean dudas. En primer lugar, el proyecto establece beneficios tributarios para aquellos interesados en aportar recursos a la organización de la COP25.
Planteamos nuestra preocupación respecto de que muchas empresas que desarrollan procesos industriales con alta emisión de contaminantes o empresas generadoras que utilizan combustibles fósiles de alto impacto ambiental, utilicen este marco normativo y estos beneficios tributarios como una forma de Greenwashing o Lavado de Imagen, y así desentenderse de su responsabilidad en la contribución de contaminantes para el calentamiento global y limpiar su imagen en una instancia tan importante como esta.
Del mismo modo, expresamos nuestra preocupación ante las fuentes y magnitudes del financiamiento de esta cumbre: es importante conocer de dónde surgirán estos recursos, dado que el costo de la realización de esta cumbre es equivalente al presupuesto del Ministerio del Medio Ambiente para un año calendario.
Reconocemos y saludamos el reciente anuncio del Presidente de la República sobre la descarbonización de nuestra economía hacia el año 2040, compromiso inédito en la historia de nuestro país. Sin embargo, manifestamos nuestras dudas ante tal compromiso: Chile todavía no firma el Acuerdo de Escazú que contempla una serie de protocolos en materia de protección ambiental. Del mismo modo, los proyectos en materia ambiental (como la Ley Marco de Cambio Climático) parecen no tener la urgencia requerida.
Es en este contexto que queremos remarcar el hecho de que, si no estamos como país a la altura de lo que significa realizar un evento como la COP, podemos pasar uno de los episodios más vergonzosos del último tiempo. El mismo Gobierno indicó que era el evento más grande que realizaríamos como país desde el Mundial de 1962. Pido, por favor, que estemos a la altura de un evento de esta magnitud y de estas implicancias a nivel nacional y global. Comencemos a trabajar para ello hoy.
