Opinión
El ejemplar actuar de la justicia peruana debe su motivo al excelente trabajo realizado por el Ministerio Público del Perú. Los fiscales de dicho país han estado a la altura para enfrentar casos de alta complejidad técnica, al mismo tiempo que han hecho caso omiso a los embates provenientes de los congresistas del partido fujimorista «Fuerza Popular» y del ex Fiscal General, Pedro Chávarry, gracias al fuerte respaldo de la ciudadanía y a la firme convicción de impedir que se evada la acción de la justicia. Es casi imposible no hacer el triste símil con nuestro país.
El suicidio del ex presidente peruano, Alan García, momentos después que la policía se hiciera presente en su domicilio para ejecutar una orden de arresto en su contra, ha conmocionado el escenario político internacional. El ex mandatario estaba siendo investigado por tráfico de influencias, debido a su vinculación con el escándalo de corrupción más grande en América Latina de los últimos años: el Caso Odebretch.
Este polémico caso, consiste en que la empresa de construcción brasileña Odebretch gastó 200 millones de dólares en sobornar a políticos, funcionarios, empresarios y presuntos testaferros de ocho países latinoamericanos: Chile, Perú, Colombia, Argentina, Uruguay, Brasil, Ecuador y Panamá. A primera vista, da la impresión que el caso chileno sería el de menos importancia, dado que el soborno radicaría en un sujeto particular, Andrés León Mozes Libedinsky, quien reside en Panamá. Por otro lado, el caso peruano es tremendamente llamativo, porque involucra directamente a cuatro de sus ex-mandatarios.
Lo interesante del Odebretch peruano es la eficiente manera en que la justicia de dicho país ha decidido actuar frente a estos gravísimos casos de corrupción. El ex presidente, Pedro Pablo Kuczynski, se encuentra actualmente en prisión preventiva, Ollanta Humala estuvo nueve meses en prisión preventiva y está próximo a ser acusado, Alejandro Toledo se encuentra prófugo desde 2017 y Alan García, se suicido producto de la presión que le produjo el ser detenido. A su vez, la ex candidata presidencial, Keiko Fujimori, se encuentra cumpliendo una medida cautelar de treinta y seis meses de prisión preventiva, por estar involucrada en esta misma red de soborno.
[cita tipo=»destaque»]No hay que engañarse. Las razones por las cuales estos políticos y empresarios quedaron casi impunes, obedecen a un problema jurídico estructural y no, como popularmente se cree, a una deficiente persecución y administración de justicia. En primer lugar, en materia de delitos tributarios el Servicio de Impuestos Internos (SII) tiene el monopolio de la acción penal, de manera que el Ministerio Público se vio impedido de investigar ciertos delitos al negarse éste de denunciar o querellarse contra ciertos políticos.[/cita]
El ejemplar actuar de la justicia peruana debe su motivo al excelente trabajo realizado por el Ministerio Público del Perú. Los fiscales de dicho país han estado a la altura para enfrentar casos de alta complejidad técnica, al mismo tiempo que han hecho caso omiso a los embates provenientes de los congresistas del partido fujimorista «Fuerza Popular» y del ex Fiscal General, Pedro Chávarry, gracias al fuerte respaldo de la ciudadanía y a la firme convicción de impedir que se evada la acción de la justicia.
Es casi imposible no hacer el triste símil con nuestro país a raíz del recientemente cerrado Caso Penta. Ese sobre financiamiento ilegal de campañas políticas, por medio de la emisión de boletas “ideológicamente” falsas, es decir, que suponían el pago por actividades jamás realizadas por parte de un grupo de empresarios a políticos, principalmente, de la Union Democrática Independiente (UDI).
Los empresarios, Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín, fueron condenados por varios delitos tributarios reiterados, pero no por el de cohecho, adjudicándoles una pena de cuatro años de libertad vigilada, una multa y clases de ética. Por otro lado, los políticos de la UDI involucrados también recibieron amigables sanciones: tanto Iván Moreira como Pablo Zalaquett llegaron a acuerdos con la fiscalía, que los condujo a una salida alternativa y al pago de una multa, mientras que Jovino Novoa fue condenado a tres años de pena remitida y también al pago de una multa cercana a diez millones de pesos.
El irónico desenlace de este escándalo nos dejó el sabor amargo de un Ministerio Público impotente, de empresarios con clases de ética y políticos ganadores de escaños parlamentarios -gracias al financiamiento irregular- en la comodidad de su hogar. Incluso, como es el caso de Moreira, con una carrera política vigente reflejada en el escaño que ostenta hoy en el Senado.
No hay que engañarse. Las razones por las cuales estos políticos y empresarios quedaron casi impunes, obedecen a un problema jurídico estructural y no, como popularmente se cree, a una deficiente persecución y administración de justicia. En primer lugar, en materia de delitos tributarios el Servicio de Impuestos Internos (SII) tiene el monopolio de la acción penal, de manera que el Ministerio Público se vio impedido de investigar ciertos delitos al negarse éste de denunciar o querellarse contra ciertos políticos.
En segundo lugar, el plazo de prescripción de los delitos tributarios es bajo, de manera que Longueira no pudo ser sancionado dado el tiempo que había transcurrido desde su infracción. Por último, las penas condenatorias de delitos económicos como el cohecho son, asimismo, bajas, lo cual tiene como consecuencia que la gente adinerada de nuestro país, les baste una atenuante de irreprochable conducta anterior para no tener que cumplir condenas de cárcel efectivas.
Debemos seguir de cerca y replicar el caso peruano, porque lo que nuestro país vecino nos ha demostrado es que lo que se requiere es voluntad política, legislativa y judicial, para que la justicia llegue también a los más favorecidos que, históricamente, han gozado de impunidad.
