Opinión
El Presidente Piñera, en su programa de Gobierno, contempló una serie de medidas de la llamada “Agenda de Probidad”, varias de las cuales son continuidad de las diversas reformas que se han realizado en la materia desde el retorno a la democracia. Tales propuestas decían relación con la modernización de las policías, de la Contraloría General, del Congreso Nacional, la puerta giratoria y el gobierno subnacional, entre otras. La dificultad principal hoy es política. Entre las prioridades definidas por el Ejecutivo para el segundo año, no se considera de un modo relevante la agenda de probidad y transparencia, salvo algunos énfasis en aspectos sectoriales, como la reforma a las policías.
Al parecer, la probidad y la transparencia pasaron de moda. Al menos desde el punto de vista legislativo. Los esfuerzos que ha hecho el Gobierno son tímidos, muy focalizados en ciertos nudos críticos y sin estar enmarcados en una agenda estratégica global, que resuelva algunos asuntos centrales en la modernización del Estado y del vínculo entre el mundo privado y el sector público.
¿Dónde se avanza? Se ha presentado una serie de proyectos de ley en materia de transparencia, control y profesionalización de las Fuerzas de Orden y Seguridad, pero que, tal como ha señalado un conjunto de especialistas, no implicarían un cambio radical, necesario a la luz de los escándalos en que se han visto envueltas estas instituciones. Se propone un nuevo financiamiento para las adquisiciones de armas en el sector Defensa, pero se mantiene el mismo sistema de gestión de compras que, al día de hoy, depende de las instituciones castrenses sin controles básicos a tan sensible tema.
En el ámbito de la transparencia del Estado, se presentó un proyecto que contiene una mejor regulación que la actual en la “puerta giratoria” del sector público al privado y viceversa, pero no ha tenido mayor avance en el Congreso y debe ser perfeccionado. La propuesta de regular el nepotismo –a la que se vio forzada el Gobierno el año pasado por el fracasado nombramiento del hermano del Presidente como embajador– tampoco cumpliría con su objetivo y dista mucho de regular de manera más transparente y rigurosa la contratación del Estado.
[cita tipo=»destaque»]Sabemos que se trata de una agenda que presenta dificultades y oposiciones reservadas, pues en muchas ocasiones viene a reconfigurar relaciones de poder y del dinero con la política. Sin embargo, preocupa que sean menores los avances y que mucho aún esté en calidad de anuncio o se trate de reformas tímidas, como ocurre con las relacionadas con las Fuerzas Armadas. No podemos olvidar que la confianza ciudadana en nuestras instituciones políticas no pasa, precisamente, por su mejor momento, lo que requiere de medidas urgentes para fortalecer nuestro sistema democrático. Esperemos que, como suele ocurrir en nuestro país, no tengamos que esperar un escándalo mayor para que nuestras fuerzas políticas se vean obligadas a actuar.[/cita]
En cuanto a una nueva Ley de Transparencia 2.0, ha habido mayores avances, sin embargo, la propuesta también ha sido ampliamente criticada por expertos y el propio Consejo para la Transparencia, porque fragmentaría más aún el sistema respecto de las entidades autónomas constitucionales.
Finalmente, cabe destacar el aumento de las sanciones respecto de delitos de corrupción y la introducción de la figura de la delación compensada para este tipo de infracciones, vigente desde octubre del año pasado.
¿Qué otros temas están fuera de la agenda política? El primero se refiere al fortalecimiento de la institucionalidad en materia de anticorrupción a nivel municipal, cuestión que sigue postergada en la discusión político-legislativa. Pese a que uno de los focos principales de corrupción se encuentra a nivel local y a los reiterados escándalos que conocemos de tiempo en tiempo, llama la atención el inactivismo para modernizar los procedimientos de compras, gestión y designación de autoridades en cargos críticos en municipalidades.
El segundo tiene que ver con el Poder Judicial y que requiere reformas sustantivas en los mecanismos para la designación de jueces y en el control de los procedimientos propios de la función judicial, a la luz de los últimos hechos conocidos en la Corte de Apelaciones de Rancagua.
El tercero es el Poder Legislativo, que implica avanzar en materia de transparencia y probidad en un proyecto que está pendiente de aprobación desde el año 2015.
El Presidente Piñera, en su programa de Gobierno, contempló una serie de medidas de la llamada “Agenda de Probidad”, varias de las cuales son continuidad de las diversas reformas que se han realizado en la materia desde el retorno a la democracia. Tales propuestas decían relación con la modernización de las policías, de la Contraloría General, del Congreso Nacional, la puerta giratoria y el gobierno subnacional, entre otras. La dificultad principal hoy es política. Entre las prioridades definidas por el Ejecutivo para el segundo año, no se considera de un modo relevante la agenda de probidad y transparencia, salvo algunos énfasis en aspectos sectoriales, como la reforma a las policías.
Sabemos que se trata de una agenda que presenta dificultades y oposiciones reservadas, pues en muchas ocasiones viene a reconfigurar relaciones de poder y del dinero con la política. Sin embargo, preocupa que sean menores los avances y que mucho aún esté en calidad de anuncio o se trate de reformas tímidas, como ocurre con las relacionadas con las Fuerzas Armadas. No podemos olvidar que la confianza ciudadana en nuestras instituciones políticas no pasa, precisamente, por su mejor momento, lo que requiere de medidas urgentes para fortalecer nuestro sistema democrático.
Esperemos que, como suele ocurrir en nuestro país, no tengamos que esperar un escándalo mayor para que nuestras fuerzas políticas se vean obligadas a actuar.
