MERCADOS|BLOOMBERG
Las acciones de Graña cayeron un 7,4 por ciento a 2,13 soles a las 2:27 p.m. del miércoles en Lima, luego de una caída anterior del 13 por ciento. Ahora la compañía podría tener que pagar multas si se comprueban las acusaciones en un tribunal, lo que genera incertidumbre para los inversionistas.
La constructora peruana Graña y Montero SAA fue la que más cayó en 11 meses después de las acusaciones que acusaban a la empresa de sobornos durante un proyecto ferroviario de Lima, lo que llevó al alcalde de la ciudad a rescindir un contrato para extender una importante autopista.
Las acciones de Graña cayeron un 7,4 por ciento a 2,13 soles a las 2:27 p.m. del miércoles en Lima, luego de una caída anterior del 13 por ciento.
El alcalde metropolitano de Lima, Jorge Muñoz, dijo que Graña ya no emprenderá un proyecto de construcción de caminos avaluado en US$200 millones para la capital de Perú, luego de que un ex ejecutivo de la firma brasileña Odebrecht SA dijera a los fiscales que la empresa peruana participó en un plan de soborno para ganar un contrato ferroviario en Lima hace una década. Graña dijo en una declaración a última hora del martes que su administración actual no pudo confirmar o negar la acusación y reafirmó su compromiso de cooperar con las investigaciones en curso respecto al ferrocarril. La compañía reorganizó a sus altos directivos en 2017 tras las acusaciones de haber pagado sobornos en un proyecto vial independiente con Odebrecht.
La compañía podría tener que pagar multas si se comprueban las acusaciones en un tribunal, lo que genera incertidumbre para los inversionistas, según Marco Contreras, jefe de investigación de la correduría Kallpa Securities SAB con sede en Lima. «Todo este ruido crea incertidumbre», dijo por teléfono. «Dado el golpe que ha tenido la reputación de la empresa, es difícil estimar el futuro crecimiento».
Muñoz, quien asumió el cargo en enero, dijo a los reporteros que escribiría a la compañía de inmediato para decir que su contrato para extender la Vía Expresa, firmado en 2013, sería revocado. La construcción no ha comenzado debido a retrasos con las expropiaciones.
