El dilema ético principal lo tiene el Senado, que debiera dejar de ser un mero buzón en estos temas y actuar como poder independiente y de acuerdo a probidad y fe públicas. El caso de John Campos Benavides y su vínculo con el Poder Judicial y el actual ministro de Justicia, tiene incluso rasgos de sordidez que, de no ser frenados, constituirían un daño irreparable a la probidad y transparencia de la República. Detalles sobran.
El día 29 de abril, el pleno de la Corte Suprema tomó conocimiento de un informe de la ministra Angela Vivanco, sobre la designación de notarios suplentes o interinos, donde no se estaría aplicando la ley al analizar los antecedentes personales de los designados, y ordenó a la Corte de Apelaciones de San Miguel la realización de una investigación sumaria en la 5ª Notaría de San Miguel.
La comunicación enviada por la Corte Suprema al tribunal de alzada señala textualmente que “atendida la gravedad de los antecedentes expuestos, que imponen extremar las consideraciones a tener en cuenta para la designación temporal de personas en cargos de ministros de fe pública, se acuerda remitir a la Corte de Apelaciones de San Miguel en sobre cerrado –en consideración a lo previsto en el DL 409 del Ministerio de Justicia– los documentos aludidos para su consideración bajo reserva, con el objeto de dar inicio a una investigación sumaria que indague con urgencia la forma de proposición de la persona que sirve interinamente el cargo de Notario Público de la 5ª Notaría de San Miguel y demás circunstancias de desempeño de las que se ha conocido públicamente.”
El pleno del tribunal de alzada de San Miguel designó, este viernes 3 de mayo, a la ministra Carla Troncoso para llevar adelante la investigación en la designación de John Campos Benavides como notario suplente.
Campos Benavides es un abogado oriundo de Parral, quien tiene entre sus antecedentes personales una condena, el año 2004, por maltrato a menores mientras era funcionario del Hogar Vida de Familia de Parral, perteneciente al Hogar de Cristo, además de otros sucesos de connotación policial, lo que le impediría bajo cualquier circunstancia tener un cargo como ministro de fe, cual en la práctica son los notarios.
[cita tipo=»destaque»]La suplencia de John Campos sirvió para que el ministro de Justicia le pidiera a este –con quien tiene un conocimiento de larga data en Parral– que hiciera gestiones en la Corte Suprema para que Dobra Lusic entrara en la quina correspondiente para llenar la vacante que dejó el año pasado Milton Juica en dicho tribunal, y lo mismo en el Senado, donde el nombre propuesto por el Presidente Sebastián Piñera debe ser ratificado. Así trascendió en una grabación publicada por Radio Bío Bío, en la cual Campos habla con Marcela Guerra Salfate, persona vinculada al senador PPD Guido Girardi, con el objeto de conseguir su apoyo para Lusic. Ella, a su vez, habría devuelto el favor pidiéndoles a los ministros de la Corte de San Miguel que nombraran a Campos como suplente de Pilar Gutiérrez.[/cita]
Según trascendió, a mediados de abril, a Angela Vivanco –visitadora en la Corte de San Miguel– le habrían llamado la atención sobre el nombramiento y, de acuerdo a lo que le explicaron los integrantes de este tribunal de alzada, Dobra Lusic –quien es la presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago– les habría pedido expresamente que nombraran a John Campos como notario suplente de Pilar Gutiérrez.
El contenido de la nota formal enviada por la Corte Suprema al tribunal de San Miguel es claro en cuanto a la necesidad de despejar cualquier sombra de tráfico de influencias o pago de favores con el nombramiento, más aún considerando la cadena de relaciones que se cruzan en el hecho y el momento de crisis por el que atraviesa el Poder Judicial, debido a la corrupción que se investiga en la Corte de Apelaciones de Rancagua.
Es más, algunos integrantes del máximo tribunal del país plantearon derechamente destituir de inmediato al notario de marras, pero se acordó la investigación sumaria como procedimiento que cautela un debido proceso, el que puede terminar salpicando a Dobra Lusic, cuyo nombramiento para ascender a la Corte Suprema empieza a discutirse este miércoles 8 de mayo en la comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado.
La reemplazada Pilar Gutiérrez Rivera, designada en la Notaría 18 de Santiago, una de las más apetecidas de la plaza, es hija de una notaria y de un conservador de bienes raíces, ambos en ejercicio en la Región del Bío Bío. Es también esposa de Alejandro Espinoza, influyente abogado penalista cercano a la UDI, quien habría actuado pro bono como defensa del ex ministro Pablo Longueira en los juicios por corrupción en que este se ha visto envuelto, por lo que su designación como notaria –ratificada por el ministro de Justicia Hernán Larraín (UDI)– fue vista en el gremio como un reconocimiento a los apoyos de su esposo a personalidades del oficialismo.
Las redes del abogado Espinoza son transversales, porque además ha actuado en los casos Penta y Soquimich sobre financiamiento ilegal de la política, defendiendo a ex parlamentarios de la Nueva Mayoría, como Fulvio Rossi y Carlos Ominami, por recomendación expresa de Enrique Correa, quien junto al ex Secom de Michelle Bachelet en su primer gobierno, Juan Carvajal, fueron asesores claves del comité de crisis de Penta, que después de la salida de Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano de la conducción del holding fue dirigido por el actual ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno.
Se sabe que Enrique Correa habría sido clave para coordinar estrategias de defensa en estos casos, dada su influencia en los partidos de la Nueva Mayoría y su cercanía con Julio Ponce Lerou, el controlador de SQM, además de la asesoría a Penta.
La suplencia de John Campos sirvió para que el ministro de Justicia le pidiera a este –con quien tiene un conocimiento de larga data en Parral– que hiciera gestiones en la Corte Suprema para que Dobra Lusic entrara en la quina correspondiente para llenar la vacante que dejó el año pasado Milton Juica en dicho tribunal, y lo mismo en el Senado, donde el nombre propuesto por el Presidente Sebastián Piñera debe ser ratificado. Así trascendió en una grabación publicada por Radio Bío Bío, en la cual Campos habla con Marcela Guerra Salfate, persona vinculada al senador PPD Guido Girardi, con el objeto de conseguir su apoyo para Lusic. Ella, a su vez, habría devuelto el favor pidiéndoles a los ministros de la Corte de San Miguel que nombraran a Campos como suplente de Pilar Gutiérrez.
El peor escenario para Lusic puede venir con la investigación sumaria de la Corte de San Miguel. Dados los antecedentes conocidos, perfectamente puede hacerse extensiva a la Corte de Santiago o, incluso, la de Antofagasta, dado que, en su currículo de notario, John Campos hace constar las siguientes posiciones en el Poder Judicial :
Nombramiento como notario público Interino, 5ta Notaría de San Miguel, designación como notario Suplente 25ta notaría de Santiago, designación como notario Suplente 4ta Notaría de Antofagasta y designación como Juez Árbitro Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago (bienio 2017-2018).
Todas estas funciones son resorte de las Cortes de Apelaciones y, por lo tanto, podría resultar que existe un intercambio de favores de más larga data, dada la condición de Lusic como presidenta de dicho tribunal de alzada. Es un secreto a voces que desde hace casi dos años que inició sus contactos para ascender a la Suprema, coincidente esto con la campaña presidencial y la instalación del actual Gobierno.
No hay que olvidar que el Presidente Piñera llamó personalmente a Lusic para comunicarle que la había designado para ser ministra de la Corte Suprema, un gesto impropio, que rompió la tradición de sobriedad –al menos formal– sobre la independencia de poderes del Estado.
El dilema ético principal lo tiene el Senado, que debiera dejar de ser un mero buzón en estos temas y actuar como poder independiente y de acuerdo a probidad y fe públicas. El caso de John Campos Benavides y su vínculo con el Poder Judicial y el actual ministro de Justicia, tiene incluso rasgos de sordidez que, de no ser frenados, constituirían un daño irreparable a la probidad y transparencia de la República. Detalles sobran.
Consulta el acuerdo completo aquí.
