Ministro Hernán Larraín, el problema no es la prensa

En una declaración bajo el titular “Declaración ante juicios referidos a la postulación de Dobra Lusic,” del día de ayer, el ministro de Justicia Hernán Larraín le reprocha a la prensa haber “levantado inquietudes de distinta naturaleza respecto de actuaciones de Dobra Lusic en su calidad de jueza, sin entregar todos los antecedentes que permiten evaluar o explicar en forma debida sus decisiones” (vea el comunicado del ministro). Concluye con una imputación de falta de ética y objetividad periodística a quienes han puesto el foco noticioso en el nombramiento de la magistrada en la Corte Suprema, lo que amerita una respuesta.

Albert Einstein definía la locura como “hacer lo mismo una y otra vez esperando diferente resultado”. En eso consiste la pirotecnia gubernamental que explica todo como comunicación sin importar los contenidos. Dosis que en el caso de la jueza Lusic está exacerbada pues no es solo su nombramiento sino también las circunstancias anómalas que lo rodean y la importancia pública del cargo, lo que obligan al enfoque noticioso. Huelga decirle al ministro que el sector justicia está en plena crisis.

El ministro sostiene que la elección de Dobra Lusic obedece a criterios objetivos y que el Presidente se comunicó con ella como un gesto de deferencia para comunicarle el hecho. Se olvida el ministro que se trata de un nombramiento entre poderes separados y que las formas republicanas ordenan como única cortesía el respeto de las competencias propias, y en este caso el pronunciamiento del Senado que aún no se produce. No existe precedente republicano de algo como lo ocurrido, por lo tanto el ministro derechamente no argumenta con la verdad.

Tampoco, en ninguna parte de los oficios enviados por el ministerio solicitando la ratificación del nombramiento se informa al Senado los sumarios –como el seguido por uso indebido de vehículos de la PDI- sanciones y/o transgresiones de la candidata a sus obligaciones como jueza para generar la visión integral de sus merecimientos. Solo se dice que tiene “excelentes calificaciones”, pese a que ha trascendido que ella tiene reparos en el ejercicio de la judicatura. Esto, que puede ser aclarado ante el Senado, el Gobierno o no lo analizó o solo actuó como si tuviera una decisión ya tomada. Ello puede ser interpretado como una falta grave a la ética de la responsabilidad funcionaria o, derechamente, un ocultamiento de antecedentes a otro poder del Estado para favorecer la elección hecha por el Presidente. Entre otros, el caso del juicio de Banco de Chile en que ella intervino, conocido por un reportaje de Radio Bío Bío el día de ayer, tiene esa connotación.

El ministro olvida que sus declaraciones acerca de ser testigo de descargo –por confiar en él- de un exparlamentario amigo encausado por corrupción y cohecho, como Jaime Orpis, fueron interpretados como una advertencia o amenaza a los magistrados del país, la que no se borró por su decisión posterior de no hacerlo. Una pregunta lógica es si elegida Dobra Lusic como ministra de la Corte Suprema, ella tendría la independencia y objetividad necesarias para juzgar al amigo del ministro que la propuso como parte del tribunal supremo. Los intercambios de favores que se investigan en Cortes de Apelaciones del país, como la de Rancagua, tienen antecedentes en otras, como el caso de Santiago Valdés, cercano colaborador de Sebastián Piñera, respecto de quien Lusic habría intervenido en los arreglos de sala en la Corte de Apelaciones de Santiago en los alegatos de su causa.

Finalmente, el ministro sostiene no haber intervenido a través de terceros ante los ministros de la Corte Suprema para que Lusic entrara en la quina, ni ante parlamentarios para obtener sus votos de aprobación. Héctor Mery Romero, mano derecha del ministro y jefe de la División Judicial del ministerio, y anteriormente abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago donde trabajó con Dobra Lusic, fue pieza clave en el tema. Siendo parte de sus obligaciones no existen mayores objeciones en ello, aunque su vínculo es estrecho y en esa época tuvo problemas por la redacción de un fallo en que debía inhabilitarse, según consigna un reportaje de Ciper del año 2012.

Lo que resulta una apelación vacía a la ética es la relación no reconocida por el ministro con John Campos Benavides. En la nota de prensa, Larraín dice no tener vinculación alguna “directa o indirecta, hace más de 15 años, si no más” con él.  Sin embargo, le otorgó un certificado de intachabilidad en abril de 1997, época en que Campos era investigado por abusos a menores en una causa que conmocionó a Parral y que luego terminó con su condena. El certificado firmado ante notario por el ministro Larraín dice conocerlo y que siempre “ha demostrado un gran sentido de la responsabilidad, un constante servicio a la comunidad, de una conducta intachable, hijo de una conocida familia parralina y a quien conoce más de cinco años”, documento que fue extendido “a petición del interesado y “para los fines que estime conveniente”.

Fuera de la investigación ordenada por la Corte Suprema que deberá aclarar las irregularidades de su nombramiento como notario en San Miguel, llama la atención la idea que tiene el ministro de Justicia de lo que es una declaración jurada. Derechamente reconoce haberle mentido a la comunidad, si acaso fuera cierto lo que sostiene hoy, lo que es un fraude a la fe pública y algo abiertamente ilegal y poco ético.  Sin recordar además que está intentando cambiar por ley el régimen de fedatarios públicos, para hacerlo más expedito.

Las gestiones de John Campos por Lusic no han pasado inadvertidas para nadie, pues dada su personalidad él atrae la atención, se centraron no solo en el Poder Judicial sino también en el Senado en Santiago, donde ellas no quedaron registradas porque siempre apela a una relación familiar que tiene en esta institución para no dejar vestigios de su presencia. Claro, excepto en sus conversaciones, una de las cuales fue grabada y está hoy querellada por Campos, lo que la hace mayor noticia.

La designación de Dobra Lusic es historia en desarrollo, y si concita un interés mayor de la prensa es precisamente por la falta de ética y prolijidad funcionaria de parte de altos funcionarios del Estado y no por causa de los periodistas.

Vea el certificado del ministro Larraín a favor de John Campos: