MERCADOS
El nombramiento del actual superintendente es fruto de una compleja trama que divide al Ministerio de Salud. Patricio Fernández asumió en su nuevo cargo tras darle curso a una serie de trámites que tenían paralizado el proyecto estrella de Emilio Santelices, sobre el cual pesan críticas tales como la falta de un diseño claro y la alta asignación de recursos. Con el apoyo del ministro, Fernández contrató personal para la iniciativa y empujó licitaciones que hoy están en tribunales, luego que una empresa vinculada a Víctor Hugo Puchi –conocido por ser el ex dueño de AquaChile– presentase una querella por prevaricación y fraude al fisco por adjudicaciones de contratos presuntamente irregulares.
Ignacio García-Huidobro dejó la Superintendencia de Salud en medio de fuertes cuestionamientos. Hace un mes renunció tras su responsabilidad en la postergación de la puesta en marcha de una resolución que obligaba a las isapres a reducir el costo de algunos de sus planes.
Su salida evidenció las profundas diferencias que tenía con el ministro de Salud, Emilio Santelices, dejando en el aire la duda sobre el rol de este último en esa decisión y, a 30 días de su bullado alejamiento, hoy el organismo es liderado por Patricio Fernández, lo que genera bastante más ruido al interior del Minsal.
A diferencia de su antecesor, Fernández goza de la confianza plena de Santelices, una relación que podría costarle caro. Esto, principalmente, por su pasado como jefe de gabinete del subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, cargo en el cual tuvo un rol clave en el controvertido proyecto del Hospital Digital, una de las principales obsesiones de la agenda del secretario de Estado.
Fernández llegó a la cartera de Salud en 2018, como mano derecha de Rosendo Zanga, el entonces jefe de gabinete de Gloria Burgos, ex subsecretaria de Redes Asistenciales del Minsal. Allí entró para hacerse cargo de un área de recursos humanos relacionada con esa subsecretaría.
Fernández proviene del mundo de la Nueva Mayoría, y Zanga, por su parte, tiene su pasado en el PPD. Lo anterior no es obstáculo para que ambos sean protegidos de Santelices, pues lejos de torpedear la agenda del ministro, el hoy superintendente le dio celeridad a un proyecto que divide al ministerio.
El Hospital Digital es la principal razón de los conflictos entre Castillo y Santelices. El período de mayor tensión se dio en el verano, cuando el ministro removió al jefe de gabinete del subsecretario, Nicolás Duhalde, en plenas vacaciones de este y puso como reemplazante, precisamente, a Patricio Fernández. El hecho fue comentario obligado en la repartición como un «golpe en la mesa» de Santelices.
Duhalde, como jefe de gabinete de Castillo, se negó a firmar cualquier resolución que tuviera relación con el Hospital Digital: las decisiones políticas las toma el ministro y su equipo, pero Castillo y sus asesores administran los recursos.
El Hospital Digital es un gran banco de datos de pacientes que tiene por objeto estandarizar fichas médicas con tal de que puedan ser consultadas en cualquier establecimiento de salud público. Sin embargo, sus críticos sostienen que no tiene un diseño claro y con una asignación de recursos importante. Esto fue lo que llevó a Duhalde a no visar ningún proceso que tuviera relación con ese proyecto, cuestión que fue vista como una traición por Santelices.
Fernández aterrizó como su jefe de gabinete e inmediatamente visó una serie de trámites relativos al Hospital Digital que estaban paralizados. Entre estos, le dio curso a la contratación de más de 20 profesionales para la iniciativa, reincorporó funcionarios que su antecesor removió y aprobó licitaciones que por estos días son cuestionadas.
[cita tipo=»destaque»]La respuesta a ese oficio se manejó entre Santelices, su subsecretario, Pablo Pizarro, y el mismo Fernández. Dicho oficio generó efectos inesperados. La diputada Hernando acusó presiones que provenían desde la Superintendencia de Salud. «No le compete a ningún funcionario de esa institución llamar directamente a un parlamentario sin mediar conocimiento y encargo expreso de su jefatura y, menos aún, hacerlo en representación de la máxima autoridad de la cartera que, se supone, es una de las entidades a ser fiscalizadas por la Superintendencia», sentenció la parlamentaria.[/cita]
En paralelo, el 7 de febrero –mismo día en que se designó, en una controvertida licitación, a un grupo de empresas compuesto por Indra y Claro, relacionadas con el proyecto Hospital Digital–, Fernández ganó un concurso vía Alta Dirección Pública para ser jefe de administración y finanzas de la Superintendencia de Salud.
Pero no asumiría ese cargo y mientras tanto se mantuvo como jefe de gabinete. En abril, aterrizó como superintendente de Salud subrogante tras la salida de García-Huidobro, pese a que dicha subrogancia le correspondía a Marcela Palma, fiscal de la señalada superintendencia. En el intertanto, Fernández visó contratos relevantes, como el mencionado con el grupo Indra y Claro, cuestión que motivó una posterior querella por prevaricación.
A mediados de marzo, la diputada Marcela Hernando ofició al Ministerio de Salud para pedir información sobre Hospital Digital. La parlamentaria radical pidió antecedentes sobre cuatro puntos: la carta Gantt del proyecto; la evaluación de la Dirección de Presupuesto y del Ministerio de Desarrollo Social; saber qué pasó con el recinto hospitalario de La Florida, que en 2013 –durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera– se convertiría en ‘el primer hospital digital de la Red Asistencial’; e información sobre una licitación que había ganado la empresa Indra.
La respuesta a ese oficio se manejó entre Santelices, su subsecretario, Pablo Pizarro, y el mismo Fernández. Dicho oficio generó efectos inesperados. La diputada Hernando acusó presiones que provenían desde la Superintendencia de Salud. «No le compete a ningún funcionario de esa institución llamar directamente a un parlamentario sin mediar conocimiento y encargo expreso de su jefatura y, menos aún, hacerlo en representación de la máxima autoridad de la cartera que, se supone, es una de las entidades a ser fiscalizadas por la Superintendencia», sentenció la parlamentaria.
Hernando se refería al hecho de que un funcionario de ese organismo –cuando aún García-Huidobro era el superintendente– la llamó para aclararle dudas y manifestarle que Santelices podría resolverlas de mejor forma. Puntualmente, la llamada provino de Rosendo Zanga, quien «cayó parado» en la Superintendencia de Salud.
Lo anterior llevó al ex superintendente a abrir un sumario en contra de Zanga, cuestión que no llegó a puerto con el arribo de Patricio Fernández a dicho organismo, según dicen conocedores del caso.
Uno de los grandes beneficiados de la fiebre del salmón en 2018 fue Víctor Hugo Puchi. El año pasado se negociaron más de US$2.200 millones en fusiones y adquisiciones de empresas salmoneras, renovando totalmente ese mapa empresarial.
Puchi compartía el control de AquaChile con los hermanos Claudio y Humberto Fischer. Vendieron la empresa en agosto del año pasado a Agrosuper en US$850 millones. De ese monto, US$285 millones fueron a parar directamente al bolsillo de Puchi.
¿Qué tiene que ver esto con la trama del Hospital Digital? Pues el empresario, con liquidez en el bolsillo, puso sus ojos precisamente en los contratos que trae aparejados ese proyecto. A través de Inversiones Nueva VHP, el ex empresario salmonero participa de la propiedad Pronova, firma tecnológica que concursó en la licitación para el servicio de “Componentes de la Historia Clínica Compartida Nacional”, mecanismo que provee de las fichas de los pacientes en cualquier servicio público del país.
Pronova perdió la licitación, pero imputó todo el proceso. Acusó una serie de irregularidades que la llevaron a presentar una querella por los delitos de prevaricación administrativa y fraude al fisco. Su abogado es Ciro Colombara, socio de RCZ Abogados. El recurso se dirigió contra el subsecretario Castillo, pero suma a todos los que resulten responsables de los eventuales ilícitos. El ministro Santelices es uno de los llamados a declarar, en circunstancias que el actual subsecretario no figura en esa lista.
El perjuicio que acusa Pronova es que la Subsecretaría de Redes Asistenciales habría favorecido al grupo Claro e Indra, a pesar de que su propuesta no satisfacía los requisitos técnicos de seguridad y experiencia establecidos por el marco regulatorio de esa adquisición.
Según Pronova, el Estado desembolsó 161.497,28 UF (unos $4.500 millones) por un software de carácter “open source”, el cual es gratuito y expone la protección de datos de las personas. «Estamos frente a un contexto de irregularidades en el marco de compras públicas, en el que existe un altísimo monto de recursos fiscales involucrados y en el que está en juego la protección de la privacidad de los datos personales de todos los chilenos», reza la querella.
El perjuicio contra Pronova se dio cuando su propuesta se declaró inadmisible por la supuesta falta de trayectoria de uno de los profesionales que participaban en el equipo de trabajo. Las bases de la licitación pedía profesionales con más de cinco años de experiencia y el sujeto en cuestión tenía más de 13 años de trayectoria en el mundo informático vinculado a la salud. De hecho, también fue parte del equipo de trabajo que presentó otra empresa postulante, Rayen, sin haber objeciones en su caso.
Tras esa justificación, la sociedad de Puchi arremetió con fuerza contra la propuesta ganadora, comparando la experiencia en contact centers que había presentado Claro, versus las 50 millones de historias clínicas que presentó Pronova. Pues, para esta licitación se había aliado con Intersystems, firma internacional con participaciones en distintos mercados del mundo, entre varias otras críticas al hueso. Tanto así que enumeró casos irregulares relacionados con Indra, entre estos algunos relativos a soborno en Argentina y manipulación electoral en África.
Esa licitación la visó precisamente el actual superintendente de Salud, firmándola el 5 de marzo en su calidad de jefe de gabinete de Castillo. Contrario al criterio de Duhalde, quien sistemáticamente venía negándose a visar cualquier proceso relativo a Hospital Digital, Fernández le dio curso a una licitación que –según Pronova– está viciada.
La querella se presentó a mediados de abril y, hasta ahora, se desconoce el efecto que generaría en Fernández. Lo que sí parece ser un hecho es la irrupción de Contraloría, ya que una de las solicitudes de la firma de Puchi es que este ente fiscalizador remita toda la información referida a las compras del Minsal relacionadas con Hospital Digital.
El Mostrador Mercados realizó una serie de consultas a la Superintendencia de Salud en relación con el rol de Patricio Fernández en las tramitaciones de Hospital Digital.
Desde el organismo aclararon que su participación en el proyecto solo se limitó a visar ciertos procedimientos: «El jefe de gabinete de la Subsecretaría de Redes Asistenciales no tiene un rol o participación alguna en la formulación, estructuración, lineamiento, contrataciones de Recursos Humanos o servicios, del mencionado programa. Únicamente debe visar los actos administrativos previamente generados y tramitados por otras dependencias del Minsal».
Todos trámites que no habría firmado, sin embargo, su antecesor, Nicolás Duhalde. No obstante esto, en el organismo afirmaron que «no hubo ningún cambio de criterio, incluso hubo una mayor rigidez en el control de las contrataciones y pagos de las prestaciones realizadas durante el año 2018. En este sentido, Patricio Fernández representó y se negó a firmar memorándum de contrataciones para el año 2019 que implicaban un pago de prestaciones realizadas durante el año 2018. Lo anterior dio origen a la solicitud de dos sumarios administrativos, a fin de determinar las responsabilidades que puedan recaer en el hecho de haber ejecutado prestaciones del Hospital Digital, durante el ejercicio presupuestario 2018».
Respecto de su rol en la cuestionada licitación al grupo compuesto por Claro e Indra, desde la entidad reconocieron que «sí visó la resolución de adjudicación, una vez que esta fue elaborada y revisada por la división jurídica del Ministerio de Salud; la que previamente fue autorizada por el jefe de gabinete del Ministro, por el responsable de Hospital digital y por el jefe de división jurídica. Una vez ocurridos dichos procesos administrativos, se visó la resolución de adjudicación».
Para la Superintendencia que dirige Fernández, este «no aceleró, ni agilizó ninguna de las tramitaciones asociadas a Hospital Digital, sino que actuó en función del procedimiento administrativo, respetando la planificación de trabajo asociada».
La controversia sigue en el aire. Lo concreto, eso sí, es que dicho proyecto continúa sumando cuestionamientos por la vía administrativa y judicial.
