Opinión
Dos veces en mi carrera periodística me he topado con decisiones emanadas de Dobra Lusic. La primera fue entre 1992 y 1996, cuando sustanció una causa en contra mía y del periodista Felipe Pozo, en la que se nos condenó a ambos por delitos contemplados en la nefasta Ley de abusos de Publicidad de la dictadura. Y no fue por injurias o calumnias, sino única y exclusivamente por dar a conocer partes de un proceso bajo sumario en la desaparecida Revista Análisis. A la jueza, entonces en el Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, no le tembló la mano para firmar una sentencia que generaba un daño irreparable a la libertad de expresión en Chile, fallo que fue condenado y rechazado en todo el mundo.
La ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Dobra Lusic, dijo ayer –a propósito de la gran cantidad de notas publicadas sobre algunos aspectos de su acción judicial– que “hay que regular los medios de prensa”. El lugar de sus dichos fue la comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado donde se analiza su nombre para integrar la Corte Suprema, luego de ser elegida por el Presidente Sebastián Piñera de una quina propuesta por el máximo tribunal.
En la ocasión habló de “ensañamiento” y “una virulencia despiadada” de los medios hacia su persona. Ello a propósito de una serie de informaciones que han aparecido en los medios y que la ministra, hasta hoy, no desmintió ni aclaró.
Ya en los pasillos del Congreso, Lusic precisó que “las expresiones quieren decir lo siguiente: cuando hablo de regular a la prensa, hablo de la propia regulación que la prensa tiene que hacer en cuanto al control ético que tiene que tener» (sic). Una aclaración válida. ¿Suficiente?
En sus fallos –al menos en lo que a mí respecta– no me consta que la jueza esté por lo último sino más bien por lo primero y quizá muy cerca del intento de silenciarla.
Creo firmemente en la libertad de expresión, como un doble derecho: el mío a informar y el de la ciudadanía a informarse. He tratado, no sin costos, de vivir con ese principio y de respetar a otros, incluso cuando sus expresiones puedan afectarme.
[cita tipo=»destaque»]Las apelaciones y téngase presente que hice una y mil veces, en distintas etapas del proceso, fueron rechazadas por varios integrantes de la Corte de Apelaciones de la época, en algunas ocasiones por Dobra Lusic, quienes no se dieron el tiempo de estudiarlas con acuciosidad, confirmando la actuación de primera instancia. Nueve años estuve sometido a proceso, en libertad bajo fianza, con prohibición de salir del país, afectándome profesionalmente, hasta que la Corte Suprema –al revisar mi condena de primera y segunda instancia– me absolvió definitivamente, condenando solo al emisor de las declaraciones «supuestamente» ofensivas. No por prescripción. Por inocente. Porque mi actuar fue diligente, señaló el máximo tribunal del país.[/cita]
Dos veces en mi carrera periodística me he topado con decisiones emanadas de Dobra Lusic. La primera fue entre 1992 y 1996, cuando sustanció una causa en contra mía y del periodista Felipe Pozo, en la que se nos condenó a ambos por delitos contemplados en la nefasta Ley de abusos de Publicidad de la dictadura. Y no fue por injurias o calumnias, sino única y exclusivamente por dar a conocer partes de un proceso bajo sumario en la desaparecida revista Análisis.
No hubo cárcel, sí condena en dinero, que si no pagábamos nos llevaba tras las rejas. Tenemos con Felipe el triste privilegio de ser los únicos periodistas en Chile en recibir ese castigo y en democracia. Antes y después de eso, decenas de profesionales de la prensa han publicado sumarios secretos, documentos reservados y hasta secretos de Estado, pero nadie ha sido procesado por ello.
A la jueza Lusic, entonces en el Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, no le tembló la mano para firmar una sentencia que generaba un daño irreparable a la libertad de expresión en Chile, fallo que fue condenado y rechazado en todo el mundo.
Años después, ya como director de la revista El Periodista, otro proceso se abrió en mi contra, esta vez por los dichos de un entrevistado respecto a un empresario, los cuales fueron ratificados por el declarante. “Sí, yo lo dije”, aseguró al tribunal. La jueza de la causa, que era suplente de la suplente y que más tarde fue expulsada del Poder Judicial, no se contentó con eso, al contrario, me dictó el auto de procesamiento en 2004 como “coautor” de las expresiones.
Las apelaciones y téngase presente que hice una y mil veces, en distintas etapas del proceso, fueron rechazadas por varios integrantes de la Corte de Apelaciones de la época, en algunas ocasiones por Dobra Lusic, quienes no se dieron el tiempo de estudiarlas con acuciosidad, confirmando la actuación de primera instancia. Nueve años estuve sometido a proceso, en libertad bajo fianza, con prohibición de salir del país, afectándome profesionalmente, hasta que la Corte Suprema –al revisar mi condena de primera y segunda instancia– me absolvió definitivamente, condenando solo al emisor de las declaraciones «supuestamente» ofensivas. No por prescripción. Por inocente. Porque mi actuar fue diligente, señaló el máximo tribunal del país.
¿Cómo podía ser el director de un medio responsable de expresiones injuriosas de un entrevistado? ¿Qué significaba una condena de esa naturaleza? ¿Se dieron los ministros de la Corte el trabajo de leer las apelaciones? Tal vez Lusic, tanto en el 96 como en el siglo XXI, pensó que había que regularme. Yo sigo creyendo en el principio.
