La consulta indígena y la privatización de las tierras Mapuche

El Gobierno ha dado inicio a la Consulta Indígena, que tiene como objetivo principal reformar la Ley indígena 19.253. Este hecho político no tiene dos lecturas, pues se trata de un procedimiento que no cumple con los pilares básicos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que Chile ha ratificado. Una consulta que no ha sido libre ni previamente informada, como exige expresamente el artículo seis de dicho convenio.

Pero esta consulta no solo tiene un vicio de forma, cuestión que por sí sola ya deslegitima su desarrollo, sino principalmente de fondo y lo que hay que preguntarse es ¿qué se busca con este cambio legal?. Claramente, busca modificar artículos de protección a los derechos indígenas, tal como el artículo 13 de la Ley 19.253, lo que permitiría que las tierras indígenas se puedan arrendar e hipotecar. Sin embargo, la información de la consulta se ha manejado en las sombras, lo que no augura nada bueno.

En efecto, se puede deducir, que esta consulta está hecha a la medida de aquellos que han usufructuado de las tierras indígenas, como es el caso del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quien compró terrenos indígenas de manera indebida en La Araucanía. Es decir, este “show de participación” pretende regularizar la ilegalidad y que en este caso es, ni más ni menos, que una nueva forma de despojo al mundo indígena.

Pero ¿por qué el Gobierno realiza todo un esfuerzo, de alto costo, para limitar los pocos artículos sobre protección de derechos indígenas en la ley? La respuesta es clara, para favorecer intereses económicos privados y no precisamente el desarrollo indígena. Esto resulta más evidente cuando ni siquiera se incorpora en el proceso, el reconocimiento de la deuda histórica de territorios indígenas.

Sus objetivos están puestos en los derechos de agua y tierras indígenas que están bajo la protección y tenencia del pueblo mapuche. Para ello, se utiliza abusivamente la excusa de la condición de pobreza mapuche y que ésta se debe, a que la tierra no se trabaja adecuadamente. Así lo aseguró el ex intendente, Luis Mayol, el 20 de mayo de 2018 en El Mercurio cuando dijo: “De las 150 mil hectáreas que se han entregado a las comunidades, a lo menos hay un 60% que no han sido ocupadas por las propias comunidades que las reciben”. A partir de este “dato”, creen que la solución es permitir la venta y arriendo de tierras indígenas a empresarios agrícolas.

[cita tipo=»destaque»]El Gobierno sostiene que los mapuche son pobres porque no tienen títulos individuales de propiedad, sin embargo, no hay ningún estudio que pueda demostrar tal presunción. En los años 1931 y 1961 se promulgaron leyes para dividir los Títulos de Merced, proceso que permitió liquidarlos y vender a particulares no indígenas. Un estudio, realizado 50 años más tarde, constató que en términos de desarrollo no había ninguna diferencia entre las 600 comunidades que constituyeron propiedad privada y las que no, a pesar que tenían estímulos para dividirse como solicitar créditos, hipotecar el suelo y funcionar con todas las reglas del mercado.[/cita]

Lo que no logran asimilar quienes tienen una visión netamente economicista de la política, es que para los pueblos indígenas, la territorialidad es la dimensión espacial en que un pueblo concibe y ejerce su relación con el hábitat, que legítimamente se atribuye como propio. En el caso del pueblo mapuche, ese territorio tiene una acepción más cercana a la definición de patria que a la de propiedad. Ese modo de entender la vida, es completamente lejana a las lógicas del mercado y la libre competencia.

Esa visión fundamentalista de sectores ideológicos muy conocidos, solo entiende el desarrollo como el ejercicio de la libre disposición de la propiedad privada individual. Muy por el contrario, lo que los pueblos indígenas persiguen es el reconocimiento de derechos colectivos, no individuales. Y en esto, los indígenas rompemos los paradigmas que hoy prevalecen: existen derechos humanos individuales que sólo se pueden disfrutar en comunión con otros. Sé que esto es difícil de entender para quien cree que el mejor uso de las tierras indígenas es su sobrexplotación, para aumentar o mantener la rentabilidad de empresarios agrícolas no indígenas.

El Gobierno sostiene que los mapuche son pobres porque no tienen títulos individuales de propiedad, sin embargo, no hay ningún estudio que pueda demostrar tal presunción. En los años 1931 y 1961 se promulgaron leyes para dividir los Títulos de Merced, proceso que permitió liquidarlos y vender a particulares no indígenas. Un estudio, realizado 50 años más tarde, constató que en términos de desarrollo no había ninguna diferencia entre las 600 comunidades que constituyeron propiedad privada y las que no, a pesar que tenían estímulos para dividirse como solicitar créditos, hipotecar el suelo y funcionar con todas las reglas del mercado.

En definitiva, esta iniciativa de venta o arriendo de tierras indígenas es contradictorio con los principios de protección de las tierras indígenas señalado en el Convenio 169 OIT (arts. 13 y 14) y afecta directamente el interés de los pueblos indígenas. Según el estudio de los Títulos de Merced realizado por la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato (2004), se concluyó que un 31,6% de las tierras recuperadas no estaban en manos de mapuches y que correspondientemente, un porcentaje muy importante se encontraba en manos de las empresas forestales: en ello radica el conflicto que el Estado no ha querido resolver.

Existen 168 Títulos de Merced desaparecidos entre 1927 y 1973, según Osses y Ormeño, abogados de la Dirección de Asuntos Indígenas (DASIN). Ellos, calcularon en 1970 que los mapuche habían perdido 131 mil hectáreas. Entes públicos encargados de la “radicación”, calcularon que de las 10 millones de hectáreas que ocupaba el pueblo mapuche, se entregaron apenas 536 mil hectáreas en Títulos de Merced que no podían ser vendidas a personas no indígenas. Lo concreto es que del poco territorio restituido por el Estado, un tercio ya no está en manos mapuche.
Resulta extremadamente ilógico, entonces, que en vez de restituir territorios comprobadamente usurpados, se genere una política de arriendo y privatización de las pocas tierras indígenas.

En efecto, la Consulta que el Gobierno ha insistido en imponer, lo que se busca en definitiva es legalizar las usurpaciones históricas realizadas, que tiene expresiones actuales, como aquella que se ha permitido al subsecretario Ubilla. De esta manera, se profundiza la expoliación al pueblo mapuche, pero ahora, al amparo de la ley.

Participar de esta Consulta, es validar un proceso viciado desde su propio diseño y que podría terminar legitimando una verdadera vergüenza nacional.