Opinión
Faltan variables en la discusión. Mandato revocatorio, ampliar los plebiscitos, la iniciativa popular de ley, constituyen algunas de ellas. Y sobre el costo, mayor fiscalización y transparencia, evitar gastos superfluos y establecer asignaciones parlamentarias diferenciadas por tamaño de distritos y circunscripciones. Sería esta una buena medida que apunte a la descentralización, considerando que los diputados chilenos, por ejemplo, están dentro de los que más ingresos reciben de todos los países de la OCDE. Todo eso esperamos ver en la discusión, pero siempre partiendo de un principio básico: tener una democracia robusta bien merece la inversión.
“Lo que me gustó fue la idea de reducir el número de diputados y senadores. Gastan mucha plata”. Con esta frase, un vecino resumió su sensación luego de escuchar el discurso del Presidente Sebastián Piñera durante la última Cuenta Pública ante el Congreso Nacional. Un hombre autodefinido como “nada de político” y que representa, podemos aventurar, la opinión de un grupo relevante de ciudadanos y ciudadanas de a pie.
Y aunque podría pensarse que esta visión se sustenta en el desconocimiento de los principios en que se basa un sistema democrático, va muy en línea con la ovación que sucedió al anuncio presidencial en el Salón de Honor esa noche. “Impulsaremos una Reforma Constitucional para reducir a 120 el número de diputados y a 40 el número de senadores” fue la forma en que el Gobierno se encaramó al carril de iniciativas que hacen sentido a una parte de la población.
Algo que –como se sabe desde los tiempos romanosm de dedos para arriba, dedos para abajo– no asegura necesariamente adoptar las mejores decisiones. Pero así es la democracia, la misma que se nutre con la discusión pública sobre lo que involucran los caminos que se escogen.
Desde que se impulsaba el cambio al sistema binominal, el debate se ha centrado en números y costos, esa es solo una cara. Efectivamente hay que preguntarse sobre el óptimo, pero considerando las funciones que debe cumplir el Congreso y aunque esta necesidad parece obvia, no es parte integrante del debate público actual, donde solo se lanzan números de todo tipo, donde la consigna es que mientras menos diputados y senadores mejor, porque son corruptos, porque no hacen su trabajo, porque involucran un gasto elevado.
La primera función que da legitimidad al Congreso, es representar lo que quienes pertenecemos a determinado territorio –el país en este caso– decidiríamos sobre las más disímiles materias. En términos numéricos y maximalistas, el ideal sería cada uno representándose a sí mismo. Es decir, 17 millones de congresistas. Algo imposible.
[cita tipo=»destaque»]Existen sistemas electorales que intencionadamente distorsionan la representatividad. Así fue pensado el aprobado por Pinochet, no solo por el binominal y los senadores designados, sino demostradamente por la definición de distritos y circunscripciones, junto al número de escaños electos. “Después de la derrota del plebiscito, el equipo de técnicos propuso establecer 60 distritos binominales y el régimen militar aceptó dicha fórmula. La definición de los distritos consideraba los resultados del plebiscito de 1988, por lo que ciertamente que en dicha decisión primó el cálculo estratégico electoral”, recuerda Claudio Fuentes en su libro Mirando el pasado, definiendo el futuro: Diseño Constitucional en Chile 1980 – 2005.[/cita]
La segunda, es su efectividad para alcanzar acuerdos en términos de legislatura. En el fondo, para aprobar normativas. También en términos numéricos y maximalistas, el ideal sería un solo congresista. Una posibilidad que, aunque todavía a algunos seduce, carece de credenciales democráticas.
El número, entonces, debe cruzar la función de representar con la de eficiente legislar. Este dilema es el que ha desvelado por mucho tiempo al cientista político estoniano Rein Taagepera. En el estudio “Escaños y votos: los efectos y determinantes de los sistemas electorales” –que en 1989 publicó junto a Matthew Shugart–, y luego de un exhaustivo análisis de múltiples países con democracias consolidadas, concluyó que el número más recurrido es la raíz cúbica de la sociedad a representar. En Chile la cifra bordearía los 250. Más de los que tenemos hoy, no menos.
Este es el dato que nace de las matemáticas. Pero la vida y la política son mucho más que números.
Porque la discusión sigue apuntando a un dilema original y que no ha sido resuelto en mil, dos mil, tres mil años.
En simple, desde el momento en que dos seres humanos se reunieron y decidieron vivir en sociedad, se preguntaron: ¿cómo tomaremos las decisiones que nos involucran a ambos? Como soy más fuerte que tú, ¿las tomaré yo?, ¿o un día tú, otro día yo? ¿En cada disyuntiva, dependiendo de quién convence a quién? En concreto, en cómo distribuimos el poder político.
Ningún sistema es perfecto. Pero eso no obsta para que discutamos qué queremos representar en el Parlamento.
El primer factor al que se debe recurrir es el territorial, pero no es tan simple. ¿La variable será poblacional o por unidad político-administrativa? Si es lo primero, en Aysén corresponden 6,25 % de los representantes, y si es lo segundo, solo 0,6 %.
Pero el debate no queda ahí. Sigue vigente pensar en qué queremos representar. Están las mujeres que, números más, números menos, son la mitad de la población y que aún con los elementos de cuota de género en la elaboración de las listas representan hoy solo un 22,58 % de los diputados y un 23,2 % de los senadores.
¿Los pueblos originarios? ¿Parlamentarios que efectivamente sean oriundos del distrito o circunscripción que pretenden representar? ¿Los adultos menores de 40 años? ¿Las personas de escasos recursos? ¿Con capacidades diferentes? ¿La comunidad LGTB?
Aunque suene insólito, es el debate que han dado muchos países y que por su historia y cultura han tomado decisiones que nos parecen extrañas. En el Senado francés los ciudadanos que viven en el extranjero no solo pueden votar en sus propios lugares de residencia, sino incluso elegir 12 representantes de quienes viven en el extranjero y no están asociados a ningún territorio en suelo francés. La explicación es su pasado colonial.
Existen sistemas electorales que intencionadamente distorsionan la representatividad. Así fue pensado el aprobado por Pinochet, no solo por el binominal y los senadores designados, sino demostradamente por la definición de distritos y circunscripciones, junto al número de escaños electos. “Después de la derrota del plebiscito, el equipo de técnicos propuso establecer 60 distritos binominales y el régimen militar aceptó dicha fórmula. La definición de los distritos consideraba los resultados del plebiscito de 1988, por lo que ciertamente que en dicha decisión primó el cálculo estratégico electoral”, recuerda Claudio Fuentes en su libro Mirando el pasado, definiendo el futuro: Diseño Constitucional en Chile 1980 – 2005.
Efectivamente faltan variables en la discusión. Mandato revocatorio, ampliar los plebiscitos, la iniciativa popular de ley son algunas de ellas. Y sobre el costo, mayor fiscalización y transparencia, evitar gastos superfluos y establecer asignaciones parlamentarias diferenciadas por tamaño de distritos y circunscripciones.
Sería esta una buena medida que apunte a la descentralización, considerando que los diputados chilenos, por ejemplo, están dentro de los que más ingresos reciben de todos los países de la OCDE.
Todo eso esperamos ver en la discusión, pero siempre partiendo de un principio básico: tener una democracia robusta bien merece la inversión.
