PAÍS
Los municipios llaman a la administración del Presidente Piñera a reformular el proceso que impulsa con el propósito de superar el «clima hostil» que se ha instalado y «mejorar la información y recuperar las confianzas». Señalan que se debe avanzar en forma integral en las materias que son demandas pendientes del Pueblo Mapuche «como la restitución territorial, el derecho a los recursos naturales y representación política de los pueblos originarios, y sus identidades territoriales, entre otros derechos colectivos”. Esta declaración se da luego de dos nuevas polémicas, que a juicio de las comunidades mapuche atentan contra la credibilidad de cualquier proceso. La primera tuvo que ver con la presencia de conscriptos de origen mapuche en un zona de votación, acción que fue interpretada como un intento artificial del Gobierno por mostrar mayor participación en el proceso. Y la segunda con la revelación de que Juan Pablo Longueira Brinkmann, hijo del senador Pablo Longueira y jefe de gabinete del Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, compró dos predios de tierras indígenas, cuya enajenación está prohibida por ley.
«Los procesos de consulta impulsados por los gobiernos históricamente han ignorado la opinión de los pueblos originarios, y a su vez han realizado procesos informativos sesgados que entregan conclusiones que no representan a las mayorías», así parte el comunicado enviado desde la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche, quienes manifestaron su rechazo a la Consulta Indígena que impulsa el Gobierno.
La asociación expone su disconformidad respecto de cómo se ha planteado el proceso, por lo cual solicitó suspender su desarrollo para socializar y replantear los temas a tratar mediante un acuerdo nacional, luego de lo cual pueda ser retomada previa aprobación de los actores involucrados.
“El contexto actual de desconfianza en que se encuentran las relaciones entre el Estado de Chile y los pueblos originarios no favorece la adecuada implementación del proceso de consulta. Como Amcam estamos convencidos de que la Ley Indígena fue una conquista significativa para nuestro pueblo y hoy es un factor principal de protección a nuestros derechos, por lo que vemos con preocupación los intentos de modificar algunos aspectos de ella”, señalaron en un comunicado.
“Somos conscientes que a 26 años de su promulgación hay elementos que pueden ser revisados, pero ello debe ser con total transparencia y respetando el principio de buena fe, entendiendo además el derecho a la tierra como la principal y transversal demanda de nuestros pueblos”, agregó la agrupación de alcaldes.
Para la agrupación, la realización del proceso de Consulta en un «clima hostil» evidencia la polarización que genera y rechazan que su contenido no haya sido socializado debidamente con las comunidades,»generando con esto enfrentamientos entre nuestros hermanos», señalan.
Los alcaldes apuntan a que «los recientes hechos de violencia registrados en la zona son una muestra más de la crisis que se vive en nuestra región».
Por los motivos antes señalados, las municipalidades con alcalde mapuche llaman al Gobierno de Chile a suspender y reformular este proceso con el propósito de mejorar la información y recuperar las confianzas.
Además, señalan que se debe avanzar en forma integral en las materias que son demandas pendientes del Pueblo Mapuche «como la restitución territorial, el derecho a los recursos naturales y representación política de los pueblos originarios, y sus identidades territoriales, entre otros derechos colectivos”, aclaran.
Esta declaración se da justo después de dos nuevas polémicas que se han generado en el marco de la Consulta Indígena. El jueves pasado circuló un video que encendió las alarmas. De acuerdo a este registro, en la consulta indígena realizada en el Hotel Melillanca de Valdivia, Región de Los Ríos, participaron militares de origen mapuche. Los conscriptos fueron grabados en las afueras del recinto, pero evitaron hacer declaraciones cuando se les consultó si participaban de forma voluntaria en el proceso.
En el mismo lugar, se registró una protesta de dirigentes mapuche que concurrieron a manifestar su desaprobación a la consulta. Pero a ellos no solo se les impidió su ingreso al hotel, sino además fueron dispersados y detenidos por carabineros, según denunció el encargado de relaciones Internacionales del Consejo de Todas las Tierras, Aucan Huilcaman.
En el mundo mapuche, la participación de los conscriptos fue interpretada como un intento del Gobierno por mostrar mayor participación en el proceso, que en las últimas semanas ha sufrido una seguidilla de complicaciones, e incluso fue catalogado como un “Catrillanca 2” por el senador RN Manuel José Ossandón.
Sin embargo, en el Gobierno se desligaron de lo sucedido. Durante una actividad en Temuco, el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, fue consultado al respecto, pero desde la cartera informaron que no estaban enterados del tema.
En el Ejército a través de una declaración de la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la III División de Montaña, que subraya que solo facilitaron la participación de sus conscriptos.
Sin embargo, en el mundo mapuche están en alerta y exigen explicaciones al Gobierno. “Hacemos un llamado al ministro del Interior Andrés Chadwick y el ministro de Defensa Alberto Espina a que aclaren públicamente esta situación que reviste absoluta gravedad, considerando que la consulta debe tener como principio el Consentimiento, Previo, Libre e Informado. En esta situación se estaría contraviniendo la voluntad de los agentes del Estado aunque sean de origen mapuche”, finalizó Aucan Huilcaman.
La otra polémica versa sobre un nuevo caso de compra de tierras indígenas que sacude al corazón de La Moneda. Así como la situación que enfrenta el subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla por sus terrenos en Pucón –caso que está en manos del Juzgado de Letras de Pucón-, ahora se conoció que otro inquilino de Palacio también tiene este tipo de propiedades: se trata de Juan Pablo Longueira Brinkmann, el hijo mayor del ex senador y fáctico de la UDI, Pablo Longueira y actualmente jefe de gabinete del ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno.
De acuerdo a lo publicado por Ciper, en 2015 Longueira hijo compró dos parcelas en el sector de Chucauco (Villarrica), en la Comunidad Ignacio Yevilao. Además, participa en una sociedad familiar que adquirió otros dos terrenos en la misma zona. En total, las compras suman 25,5 hectáreas
Similar al conflicto que enfrenta Ubilla, el problema es que la propiedad de Juan Pablo Longueira Brinkmann forma parte de un Título de Merced concedido en 1914, siempre estuvo en manos mapuche y por lo tanto la ley los considera indígenas e impide que se vendan a personas que no integren ese pueblo originario, señala la publicación. Esto, aunque Longueira esgrime a su favor que cuenta con un certificado que indica que esos predios no están en el Registro de Tierras de Conadi,
El hecho añade otro elemento que pone en tela de juicio el tema de la consulta indígena, dado que Longueira Brinkmann es un personero clave en la estructura del ministerio de Desarrollo Social que lidera Alfredo Moreno a cargo de este proceso. La consulta ha sido blanco de críticas –incluso desde las mismas filas de Chile Vamos- y tiene como uno de sus ejes fundamentales zanjar tópicos sobre tierras indígenas, justamente el tema por el que se ve salpicado el jefe de gabinete.
