Henrique Constantino, uno de los dueños de la aerolínea brasileña GOL, habló de una red de pagos y favores a varias compañías aéreas en Brasil, motivados por coimas pactadas a través de la Asociación Brasileña de Empresas Aéreas (Abear). Estas coimas habrían sido pagadas en conjunto por GOL, LAN, Avianca y Azul. El caso cobra relevancia, dada la frágil situación jurídica de LATAM en Estados Unidos, en relación con las estrictas políticas de cumplimiento (compliance) y buena conducta empresarial que debe seguir esta firma de aeronavegación, luego de haber llegado el año 2016 a un arreglo con el U.S. Department of Justice (DOJ), previo pago de importantes multas, por infracciones al programa anticorrupción de la Securities and Exchange Commission (SEC), institución equivalente a la chilena Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Delación premiada. Este es el nombre de la figura que uno de los dueños de la aerolínea brasileña GOL, Henrique Constantino, utilizó para cooperar con una investigación que lleva adelante la Fiscalía de Brasil, en el marco de la investigación a la red de pagos de sobornos a políticos, que desató decenas de aristas tras el caso Lava Jato. Si bien eso sucede lejos de nuestro país, la prensa brasileña tuvo acceso a la filtración de la declaración del multimillonario empresario y, con ello, reventó una bomba que podría alcanzar con sus esquirlas a Latam Airlines, la multinacional de transporte aéreo controlada por la familia chilena Cueto.
En específico, según relató la revista Exame, el empresario brasileño reveló el pago de más de 7 millones de reales en coimas a un grupo ligado al expresidente Michael Temer. A cambio, la aerolínea GOL obtuvo 300 millones de financiamiento de la Caja Económica Federal, el banco estatal de Brasil.
En el marco de las mismas declaraciones, también se conoció que Constantino delató la existencia de una red de “favores” con aerolíneas en su país, a través de contactos con el parlamentario Rodrigo Maia, motivada por el pago de coimas pactadas a través de la Asociación Brasileña de Empresas Aéreas (Abear). Estas coimas habrían sido pagadas en conjunto por GOL, LAN, Avianca y Azul.
La declaración es del 25 de febrero de 2019, pero se conoció recién la semana del 13 de mayo, una fecha que –según cercanos al caso– fue justo en «un momento crucial» para la industria, y la competencia, aérea en Brasil, pues tras la declaratoria de insolvencia de Avianca Brasil, Azul realizó una oferta de 145 millones de reales por los slots de la firma.
El caso cobra relevancia en Chile, dada de la frágil situación jurídica de LATAM en Estados Unidos. Esto, en relación con las estrictas políticas de cumplimiento (compliance) que debe seguir la firma después de las importantes multas que aceptó pagar en 2016, luego de conocerse faltas de esta compañía al programa anticorrupción de la Securities and Exchange Commission (SEC).
El 25 de julio de 2016, LAN –hoy LATAM– controlada por la familia Cueto y previo a la fusión con TAM, acordó con el U.S. Department of Justice (DOJ), una especie de “suspensión del procedimiento”, previo reconocimiento de haber cometido las graves faltas imputadas, y el pago de importantes multas en Estados Unidos.
En tal contexto, LAN reconoció haber realizado, entre los años 2006-2007, pagos por aproximadamente US$1,5 millones a un “consultor” que la “asesoró” ilegalmente en la solución de asuntos laborales en Argentina. Dado este acuerdo extrajudicial, la causa administrativa del Ministerio de Justicia estadounidense quedó en “suspenso”, siendo un requisito para que no se reactive el que la compañía mantenga una “buena conducta” en sus procedimientos, específicamente, que cumpla a cabalidad las estrictas normas de la SEC.
La investigación tuvo por objeto indagar si dichos pagos infringían la normativa de anticorrupción de la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos de América (FCPA), la cual: 1) prohíbe pagos por cohecho a autoridades de gobiernos extranjeros con el objeto de obtener una ventaja comercial; y 2) exige a aquellas empresas obligadas por dicha normativa a realizar y mantener registros contables adecuados, así como un sistema adecuado de controles internos.
La normativa anticorrupción FCPA le es aplicable a LATAM por su programa de ADRs que tiene en el mercado de valores norteamericano.
El acuerdo contempló entonces la celebración de un contrato denominado Deferred Prosecution Agreement (DPA), que es «un contrato público por el cual el DOJ presentó públicamente cargos alegando infracción a las normas relativas a registros contables de la FCPA».
Así, en un período de tres años, el DOJ desestimaría los cargos, si LATAM cumple con todos los términos del contrato, siendo muy relevante para que esto ocurra el que la aerolínea no reincida en su infracción. Cosa en que pudo haber incurrido si efectivamente pagó coimas en Brasil, tal como lo delató Henrique Constantino, uno de los dueños de GOL.
A cambio de la “suspensión de procedimiento” pactada con el DOJ norteamericano, LATAM acordó una serie de condiciones de compliance y pagar la multa de US$12,7 millones. El acuerdo también contempla la figura de una especie de veedor externo, es decir, un auditor que a partir del acuerdo supervisa las políticas de cumplimiento, por 27 meses seguidos, y otros 9 adicionales, de forma voluntaria.
En relación con la SEC, el acuerdo contempló la celebración de una Cease and Desist Order, una resolución administrativa de dicho organismo de cierre de la investigación, por la cual LATAM acepta ciertas obligaciones. Entre estas están una reproducción de las obligaciones relativas al consultor mencionadas y el pago de una multa de US$6.7 millones, más intereses de US$2.6 millones.
Allegados a la empresa LATAM explicaron que, pese a que lo que se viralizó sobre este caso, que dice relación con el pago de coimas en Argentina, los expedientes formales apuntan a que se trató del pago de consultorías mal consignadas en la contabilidad de la firma; que la contabilidad de los pagos efectuados al consultor en Argentina fue incorrecta y que, al tiempo en que dichos pagos se efectuaron (años 2006 2007), se carecía de controles internos adecuados, pero que ello no implica haber participado de un esquema de coimas.
Por su parte, en sus estados financieros LATAM menciona el caso de la siguiente manera: “Luego de una exhaustiva investigación, el DOJ y la SEC concluyeron que no hubo infracción a las normas de la FCPA que prohíben el pago de cohecho, lo cual es consistente con los resultados de la investigación interna de LATAM. Sin embargo, el DOJ y la SEC estiman que LAN habría registrado incorrectamente los pagos mencionados en su contabilidad y, en consecuencia, que habría infringido aquella parte de la FCPA que exige a las empresas realizar y mantener registros contables exactos».
Más allá del debate, la duda es si las declaraciones judiciales de Constantino podrían despertar algún sistema de alarma respecto al programa de cumplimiento y salpicar a los dueños de LATAM, encabezados por Enrique e Ignacio Cueto.
La Abear en Brasil señaló, una vez que se le acusó de esta coordinación entre sus socios para el pago de coimas, que desconocía los hechos a los que se refería el empresario y que estaba abierta para cooperar en la investigación.
Al respecto, y consultada por El Mostrador, la empresa respondió que «no tiene conocimiento ni detalles sobre esta supuesta acusación. Sin embargo, en caso de ser requerido, colaborará activamente con las autoridades correspondientes».
En una columna en La Tercera, el exfiscal Carlos Gajardo se refirió al tema. «Esta semana se ha conocido una delación compensada efectuada en Brasil en que el fundador de la aerolínea GOL, Henrique Constantino, admitió un esquema de sobornos para congresistas brasileños en que –según su confesión– habrían participado también las aerolíneas Avianca, Azul y LATAM, que de esta manera recibe una segunda acusación de este tipo tras lo ocurrido en Argentina. Es deseable que los mecanismos de investigación que establece la Convención en contra del Cohecho Transnacional se activen y el caso sea investigado en nuestro país. Ese es justamente el propósito de la Convención ratificada por Chile hace 17 años», dijo.
El otro caso que «pena» a los hermanos Cueto es el que apunta a investigaciones por el supuesto pago de coimas a personeros relacionados con La Cámpora.
En particular, el accionista de LATAM y empresario Jorge Said, interpuso una demanda, que ya había adelantado El Mostrador durante el verano. «Los hechos que por este acto describo involucran a miembros del movimiento La Cámpora, en particular el señor Máximo Kirchner y la señora María Cecilia García, frente al ejercicio de acciones coercitivas ejercidas por estos a través de la firma Intercargo en contra de LAN Argentina, durante el año 2013 y que le significaron a esta el desembolso forzoso, según lo reconoció el mismo señor Ignacio Cueto P., hoy presidente de la compañía LATAM, de 18 millones de dólares adicionales a los U$32 millones que ya debía pagarle LAN Argentina a Intercargo».
La situación, de confirmarse, también podría levantar las alertas de las autoridades estadounidenses.
Al respecto, cercanos a la firma de aeronavegación han reafirmado lo que en ese minuto Ignacio Cueto explicó a la prensa. LAN en ese entonces utilizaba los servicios de Intercargo, la firma estatal argentina que presta apoyo al servicio aeroportuario (handling).
La versión de la empresa es que, en 2013, Intercargo cambió unilateralmente las condiciones pactadas en el contrato con LAN Argentina, desconociendo una serie de descuentos que estaban acordados. Con la operación a punto de detenerse en todo ese mercado, Ignacio Cueto viajó al país trasandino y aceptó pagar en cash lo que Intercargo estaba requiriendo, los US$ 18 millones. Todo, con el objetivo de que los aviones no quedaran en tierra.
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