La libertad de información amenazada por el gasto público nebuloso y discrecional en publicidad

Ninguna Cuenta Pública presidencial hace siquiera una mención remota a las acciones comunicacionales de los gobiernos.

Los presidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet o Sebastián Piñera podrán haberse referido in extenso a la necesidad de transparencia y probidad, a la modernización del Estado, a los proyectos de ley que enviarían al Congreso, al control del gasto fiscal y a todo el dichoso mundo del crecimiento futuro. Pero ninguno, jamás, se refirió a las opacidades, acentos comunicacionales y discrecionalidad reinantes en los gastos de la publicidad que realiza el Estado de Chile, a través de los medios de comunicación.

El gasto público en esta publicidad, según fuentes oficiales –datos del Observatorio del Gasto Fiscal– ascienden a cerca de 50 millones de dólares anuales, con un porcentaje de alrededor del 40% no rastreable –a qué medios fueron a parar y en qué proporción– y en los que, en general, reina la opacidad y el descontrol.

Sin ir más lejos –de acuerdo a los datos aportados en el informe preparado por dicho Observatorio–, las cuentas entregadas por la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda al Congreso Nacional sobre este rubro, difieren en varios miles de millones de pesos de aquellas proporcionadas directamente por los servicios públicos que hicieron los gastos y no existen respaldos ni información fidedigna sobre los gastos incurridos, lo que impide contrastarlos. Existe confusión grave en las cuentas, estas se entregan sin desagregar, con mucho retraso y, cuando se dan a conocer, todo es sin la más mínima explicación ni responsabilidad.

Textualmente, el informe señala que “los datos actualmente disponibles no son suficientes, consistentes, ni de fácil acceso, para poder contestar la pregunta ¿quién recibió y cuántos recursos?» y agrega que “el uso de agencias no permite identificar el destino final de los recursos, creando bolsones de gastos contrarios a la transparencia entre el Estado y un medio. Ello impide calcular los niveles reales de concentración, lo que se ve agravado por i) la mala calidad del registro del nombre del proveedor en el mercado público… (ii) la inexistencia de información sobre los dueños finales de estos medios… iii) (y) tampoco se puede diferenciar gasto obligatorio de gasto de campaña de políticas públicas”. El documento asimismo detalla que “el año 2017, datos entregados a la comisión especial mixta de Presupuestos por quienes debían informar y lo hicieron, fue de 40 mil millones, mientras que Dipres informó 27 mil millones, un 31% menos”.

Lo anterior es un indicador preocupante de que no existe control y los gobiernos de turno podrían estar utilizando esos fondos de manera descuidada o ilegal, incluso favoreciendo a clientelas institucionales de medios con el fin eventual de influir y moldear los enfoques noticiosos en el país.

[cita tipo=»destaque»]El tema ya ha sido abordado en América Latina con una relatoría especial para la Libertad de Expresión y, en varias oportunidades, nuestro país ha sido mencionado como ejemplo de opacidad. Sobre todo en torno a la distribución arbitraria y discriminatoria de la publicidad oficial, importante mecanismo de censura indirecta que “actúa como un fuerte disuasivo de la libertad de expresión”. Esa relatoría agregó que ello “es una forma de presión que actúa como premio o castigo, que tiene por objeto condicionar la línea editorial de un medio según la voluntad de quien ejerce la presión”.[/cita]

Como señala la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en materia de libertad de información, fuera de la censura directa, existen mecanismos sutiles para “impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”. Y la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puntualiza, en su artículo 13, que “la utilización del poder del Estado y los recursos de la Hacienda pública, la concesión de prebendas arancelarias, la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales, son incompatibles con la libertad de expresión”.

El tema ya ha sido abordado en América Latina con una relatoría especial para la Libertad de Expresión y, en varias oportunidades, nuestro país ha sido mencionado como ejemplo de opacidad. Sobre todo en torno a la distribución arbitraria y discriminatoria de la publicidad oficial, importante mecanismo de censura indirecta que “actúa como un fuerte disuasivo de la libertad de expresión”. Esa relatoría agregó que ello “es una forma de presión que actúa como premio o castigo, que tiene por objeto condicionar la línea editorial de un medio según la voluntad de quien ejerce la presión”.

El actual Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, aunque se omite de un relato institucional y de desarrollo que exprese su idea de país, responde a cada problema con un juego comunicacional específico y de publicidad estatal concreto, como ejemplo vivo de que dineros de todos los chilenos podrían estar sirviendo para modelar noticias antes que para comunicar soluciones de política. Ello ya fue observado por la Contraloría el año 2013, durante su primer mandato.

Es evidente que el Estado de Chile tiene un problema de libertad de expresión y de pluralismo y transparencia en sus gastos de publicidad oficial. Los consolidados de los datos disponibles entregados por el mencionado informe del Observatorio del Gasto Fiscal en Chile, indican una alta concentración, discrecionalidad y la imposibilidad de rastrear financieramente parte importante de ellos, pese a que por norma constitucional el gasto público es refrendado, es decir, debe constar en un presupuesto aprobado e itemizado y tener respaldo documental. Además de un problema de democracia, lo mencionado seguramente también puede revestir uno de probidad pública.

Lea de forma íntegra el estudio en el siguiente link y en la página del Observatorio del Gasto Fiscal