Opinión
Recientemente el Gobierno presentó una propuesta de Estrategia Nacional de Educación Pública, que luego será enviada a evaluación al Consejo Nacional de Educación. En la estrategia, sin embargo, no encontramos caminos más claros sobre tres temas relevantes: la obtención del Reconocimiento Oficial de todos los jardines infantiles a cargo del nuevo sistema, la puesta al día en los concursos para elegir a directores de escuelas y una estrategia para favorecer la conformación de los Consejos Locales de Educación, que aún no se eligen.
El proceso de desmunicipalización de la educación pública es uno de los esfuerzos más ambiciosos y necesarios en el país. Su implementación implica un desafío de modernización y fortalecimiento de la función pública, lo que es esencial para mejorar la calidad educativa. Se trata de un tema que, evidentemente, ha estado presente en el actual petitorio docente y que ha sido bien acogido por el Gobierno, existiendo entre ambas partes consenso sobre la importancia de asegurar una correcta implementación del Sistema de Educación Pública.
En este sentido, como Educación 2020 hemos realizado un cuidadoso seguimiento de los avances de la Nueva Educación Pública (NEP), descubriendo pendientes que, si bien son propios de la implementación de una reforma de Estado de tal complejidad, es importante considerar a la hora de decidir los pasos que se tienen que tomar.
Sin embargo, recientemente el Gobierno presentó una propuesta de Estrategia Nacional de Educación Pública, que luego será enviada a evaluación al Consejo Nacional de Educación. Valoramos que este instrumento sea un inédito esfuerzo de planificación de mediano plazo que nuestro país decidió emprender con una mirada a ocho años, superando los ciclos de gobierno. Además, creemos firmemente que este instrumento debe ser la hoja de ruta que brinde la oportunidad de generar una cadena de sentido desde el nivel nacional hasta el nivel local, impactando en la labor de las escuelas, liceos y jardines infantiles públicos del país, y desde allí ser el referente del sistema educativo completo.
Sin embargo, al revisar la esperada propuesta, detectamos algunos aspectos que nos preocupan. En términos generales, consideramos que adolece de una épica que ilumine la interpretación de la totalidad del documento, que permita dar un sentido mayor a la educación pública y que refleje su carácter como el espacio de construcción del país que queremos.
Asimismo, en la estrategia no encontramos caminos más claros sobre tres temas relevantes: la obtención del Reconocimiento Oficial de todos los jardines infantiles a cargo del nuevo sistema, la puesta al día en los concursos para elegir a directores de escuelas y una estrategia para favorecer la conformación de los Consejos Locales de Educación, que aún no se eligen.
Elaborar un instrumento de Estado requiere escuchar a todas las voces del país y buscar consensos, desde los docentes, asistentes y directivos de las escuelas. Además, aunque la ley no establece un proceso que incluya de forma vinculante al Congreso Nacional, sí manda a oír lo que tengan que decir las comisiones de Educación de la Cámara de Diputados y el Senado.
En este sentido, otra de las urgencias que está por delante es normalizar la gestión educativa y financiera de la administración municipal de educación, que seguirá siendo la responsable de nuestra educación pública por largos años hasta que les corresponda a todos los municipios hacer el traspaso del servicio educativo, según la fecha establecida.
A su vez, a los ya cuatro Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) en pleno ejercicio, en enero de 2020 se deberá hacer el traspaso a los siguientes tres, ritmo de crecimiento anual que no disminuirá sino hasta tener 70 nuevos SLEP al año 2025. La creación de cada uno de ellos representa algo que para el país es un desafío en sí mismo: modernizar el Estado para que sea un garante de derechos profesional, altamente capacitado, con recursos adecuados, innovador y cercano a las comunidades. Su sello de apoyo pedagógico y de fortalecimiento en red de nuestros colegios públicos, guiados por la Estrategia Nacional de Educación Pública, representa la más noble de las funciones que este sistema moderno, interconectado y responsable debe cumplir.
Esperamos que la Dirección de Educación Pública y el Ministerio de Educación incorporen las observaciones que distintos actores han hecho a la propuesta, con el fin de construir un instrumento que represente las prioridades de todo el país sobre lo que esperamos de la nueva educación pública. Nuestros estudiantes merecen que, como país, nos centremos en fortalecer la educación para su formación y bienestar, y esto exige un compromiso férreo por parte de todos y todas, sin distinción.
