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El 3 de julio el fiscal Sepúlveda solicitó –mediante acuerdos de cooperación internacional– que se rastreen esas cuentas y se congelen eventuales fondos, por un monto de hasta $11.966 millones, equivalente a lo que defraudó Urenda y su gerente general, Sebastián González, según se les imputa en la causa en proceso. En particular, manejaría cuentas en Chipre, Sudáfrica y Londres y dichas diligencias tienen plazo para realizarse hasta el 19 de septiembre.
Dicen que en el anexo Capitán Yáber el fundador de Intervalores, Gabriel Urenda, ha cultivado una seudoamistad con Rafael Garay, el personaje televisivo que después de montar una farsa para invertirles plata a sus cercanos, fue condenado por estafa, dineros que gastó en parte en fiestas, alcohol, lujo y en sus visitas habituales al club nocturno Passapoga.
Una amistad que no es bien vista por los querellantes en el caso contra el hijo del fallecido empresario Beltrán Urenda, dado el perfil derrochador del exrostro de televisión, el que puede querer imitar el exdueño de Intervalores para mantener su estrategia de que no tiene patrimonio para responder por la estafa en que incurrió y que asciende a $11 mil millones, que es casi el doble de lo que se le imputa al procesado excomandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba.
Es que las varias decenas de querellantes creen que no es real que el empresario no tiene patrimonio, sino que, por el contrario, Gabriel Urenda ideó un sistema para sacar platas fuera de Chile.
Panor –una de las firmas afectadas y que destaparon los primeros indicios del caso– detectó que parte de los dineros que depositaban a Intervalores salían de nuestro país, particularmente los depósitos que le hacía la empresa para que le realizara pagos fuera de Chile, se depositaron en una cuenta de Wells Fargo.
[cita tipo=»destaque»]Parte de la tesis se alimenta con que Urenda podría haber cerrado la empresa luego de ser multado en el año 2015 por la entonces SVS o podría haberse declarado en quiebra, pero –recalcaron entre los querellantes– «eso no le servía para un esquema de este tipo», de tener recursos fuera.[/cita]
Varios de los querellantes han insistido ante el fiscal a cargo del caso, Felipe Sepúlveda –jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad del Ministerio Público–, que Urenda tiene cuentas bancarias fuera de Chile, particularmente en paraísos fiscales.
Su estrategia –a juicio de los afectados– habría estado basada en cometer el delito de estafa, sabiendo que las penas pueden ser incluso remitidas y, luego, dejar el país para rescatar esos capitales una vez que cumpla una eventual condena. De acuerdo a los antecedentes, se trataría de al menos tres cuentas corrientes que la Fiscalía ya comenzó a rastrear en diferentes países.
El 3 de julio, el fiscal Sepúlveda solicitó, mediante acuerdos de cooperación internacional, que se rastreen esas cuentas y se congelen eventuales fondos, por un monto de hasta $11.966 millones, equivalente a lo que defraudó Urenda y su gerente general, Sebastián González, según se les imputa en la causa en proceso. En particular, manejaría cuentas en Chipre, Sudáfrica y Londres y dichas diligencias tienen plazo para realizarse hasta el 19 de septiembre.
Los querellantes sostienen que lo anterior demostraría que Urenda habría ideado un sistema para engañar a sus aportantes y que no se trataría de un robo de platas del gerente general de Intervalores, como se ha sostenido hasta ahora.
Parte de la tesis se alimenta con que Urenda podría haber cerrado la empresa luego de ser multado en el año 2015 por la entonces SVS o podría haberse declarado en quiebra, pero –recalcaron entre los querellantes–»eso no le servía para un esquema de este tipo», de tener recursos fuera.
Por ahora, la Fiscalía espera informes de la PDI que expliquen el movimiento de los dineros. Urenda aportó $50 millones que dijo haberse conseguido con familiares y amigos, para intentar resarcir los daños que causó con su estafa, un monto y gesto que irritaron a los afectados.
Urenda también ha señalado que se encuentra vendiendo una propiedad en la playa, lo que junto con algunas oficinas, constituyen los únicos bienes relevantes que se han detectado a su nombre. Hasta ahora.
