El escándalo de Nova Austral y la renuncia del Estado chileno a fiscalizar

La amplia difusión en prensa de las escandalosas irregularidades de la empresa salmonera Nova Austral, que falseó sistemáticamente la información de mortalidad en sus cultivos, ha expuesto falencias del Servicio Nacional de Pesca que sus trabajadores/as y su organización sindical AFUS han reclamado por años.

Tal como ha quedado en evidencia, las infracciones cometidas por la empresa de capitales noruegos tienen su origen fundamental en la delegación de la fiscalización que corresponde al Estado, a las propias empresas, en una modalidad absurda, y en las carencias de dotación, recursos técnicos y presupuestarios, así como de facultades de SERNAPESCA.

Lamentablemente, ésta no es una realidad aislada. Son múltiples los ejemplos en que, a partir de la ideología neoliberal que mantiene la Constitución y las lógicas subsidiarias que impregnan a la función pública, se repiten esquemas similares en los cuales la fiscalización del cumplimiento normativo se terceriza en otros privados o en informaciones provistas por las propias empresas, con resultados similares.

Adicionalmente, los marcos sancionatorios para este tipo de irregularidades son claramente insuficientes. Las certificaciones obtenidas por Nova Austral en su explotación, otorgadas por el Estado de Chile a partir de información falsa, le han reportado cuantiosas utilidades. Adicionalmente, el uso de franquicias tributarias regionales ha implicado aceptar un gasto tributario multimillonario por parte del fisco, otorgándole ventajas comerciales evidentes. La sanción por la vía de multas, escuálidas frente a las ventajas otorgadas a la empresa, vuelven la decisión de infringir la legalidad vigente, un asunto de trade-off. La evaluación es simple, si las utilidades proyectadas, superan los costos y el riesgo de ser detectados y sancionados, la decisión se vuelve puramente económica.

Superar estas anomalías, que no sólo afectan la fe pública, sino que incumplen las obligaciones del Estado de Chile, es una tarea urgente e indispensable, en que la exigencia de la ciudadanía juega un rol fundamental. No es razonable que las investigaciones de la prensa sean el instrumento que permite develar, fiscalizar y, esperemos, sancionar hechos de tal gravedad.

La Ley N°21.132 que fortaleció la función pública de SERNAPESCA, publicada en enero de este año e impulsada por la asociación de funcionarios del servicio, es un ejemplo claro de cómo avanzar en la dirección correcta. La ley, en lo fundamental, incrementó la dotación, los recursos técnicos, pero sobre todo las facultades del servicio para superar, en materias de pesca artesanal e industrial, las irregularidades que la entrega a privados de la fiscalización había instalado como parte integrante de un modelo de negocios depredatorio de los recursos pesqueros del país, con claros componentes de corrupción en su operación.

Hoy, las denuncias presentadas por SERNAPESCA en contra de la empresa Nova Austral, son una señal correcta. Los compromisos de incrementar los presupuestos y medios de SERNAPESCA, por parte del ministro de Economía, también lo son. Por su parte, las salidas de algunos gerentes de la empresa, parecen más una reacción de relaciones públicas, que una actuación consistente ante una infracción de este nivel de gravedad.

La discusión pública, pero sobre todo las acciones del ejecutivo y el Congreso Nacional frente a estos hechos, no pueden limitarse a actuaciones puntuales frente a la contingencia. Es necesario avanzar en modificaciones legales que asignen al Estado los roles de fiscalización y control que nunca debió haber cedido, en fortalecer a las instituciones públicas vinculadas a estas tareas, con el objeto que cuenten con las capacidades funcionarias, técnicas y materiales para cumplir sus tareas, y en incrementar duramente las sanciones ante el incumplimiento.