Opinión
Este año, el Gobierno presentó un acuerdo con las principales empresas energéticas para detener la generación de electricidad de ocho plantas a carbón. Aclaremos que en su mayoría (excepto una) ya están depreciadas y obsoletas. Este “plan de descarbonización” del país ofrece cifras que no calzan para cumplir los compromisos fijados para el 2030. Fiel a un estilo político desgastado -sembrar miedo e incertidumbre frente a los cambios-, algunos plantean que descarbonizar Chile a plazos más consistentes generaría colapsos y crisis. Argumentan que Chile contamina en forma marginal respecto del mundo industrializado y que, de acelerar el tranco, pondríamos en riesgo el desarrollo y el abastecimiento eléctrico. Esos son los mismos argumentos de quienes vaticinaban el apocalipsis si no se construía Hidroaysén.
Organizaciones de científicos y jóvenes están llamando a realizar el 20 de septiembre un paro global de actividades para alertar sobre el cambio climático. Ese es el contexto en el cual Chile será anfitrión a fin de año de la Conferencia de las Partes número 25 (COP25), el órgano superior con capacidad de decisión de las Naciones Unidas para enfrentar este fenómeno.
Estaremos organizando la COP25 como “Top Ten”: Chile está entre los diez países más expuestos a sufrir en el futuro cercano, entre otros, la disminución de la disponibilidad de agua dulce, el colapso de los recursos pesqueros, la pérdida de la masa forestal, una mayor frecuencia de desastres naturales y la merma de la biodiversidad.
¿Qué tenemos para ser legítimos anfitriones de la COP25? Más intenciones que hechos.
Este año, el Gobierno presentó un acuerdo con las principales empresas energéticas para detener la generación de electricidad de ocho plantas a carbón. Aclaremos que en su mayoría (excepto una) ya están depreciadas y obsoletas. Consignemos que en este acuerdo no fueron incorporadas las empresas de energías renovables, la sociedad civil ni los representantes políticos. Pero este “plan de descarbonización” del país ofrece cifras que no calzan. Según los expertos, para cumplir las metas comprometidas para el año 2030 debemos eliminar el 54% de las plantas generadoras a carbón. Como se muestra en la figura siguiente, con el plan presentado por el gobierno solo lograremos un 38,4% menos de generación a carbón, impresentable a las puertas de la COP25.
Fiel a un estilo político desgastado –sembrar miedo e incertidumbre frente a los cambios–, algunos plantean que descarbonizar Chile a plazos más consistentes generaría colapsos y crisis. Argumentan que Chile contamina en forma marginal respecto del mundo industrializado y que, de acelerar el tranco, pondríamos en riesgo el desarrollo y el abastecimiento eléctrico. Son los mismos que vaticinaban el apocalipsis si no se construía Hidroaysén.
Hoy la matriz energética primaria de Chile depende en un 70% de fuentes fósiles. El 55% de la electricidad se genera en centrales termoeléctricas a carbón, diésel y/o gas natural, principales fuentes del cambio climático y el calentamiento global. Pero hay buenas noticias. Chile posee recursos energéticos naturales, renovables, más limpios e inagotables y de mucho menor costo.
De hecho, de no mediar los intereses de las grandes corporaciones, la verdad es que el país podría sustituir rápidamente las fuentes contaminantes por energías limpias. Es el caso, por ejemplo, de la energía solar fotovoltaica y la eólica. Existen más de 20.000 MW de proyectos de energías renovables con todos sus permisos listos para ser construidos.
Lo que necesitamos es un plan de descarbonización para la matriz energética –ya no solo de la matriz eléctrica– de corto, mediano y largo plazo. Esto supone acuerdos transversales entre la sociedad civil, los trabajadores del sector y los empresarios. Para no quedarse en la lírica, esta decisión debe ir acompañada de un plan de reemplazo de las plantas térmicas por tecnologías renovables, con desincentivos tributarios para aquellos que contaminan e incentivos para aquellos que incorporan tecnologías limpias. Todo enmarcado por una legislación moderna que acelere los cambios y transfiera los beneficios a la gente, punto donde encontramos la mayor resistencia.
El Gobierno ha liberado para consulta pública el Anteproyecto de Ley Marco de Cambio Climático. Valoramos esta iniciativa y debemos hacer todos los esfuerzos para dejar ahí estampado nuestro compromiso con las generaciones futuras. Estaremos atentos a respaldar las propuestas emanadas de la sociedad civil y esperamos incluir en esta ley nuestro compromiso con un manejo sustentable de los recursos agrícolas, el agua y la pesca; la preservación de los hábitats naturales que hacen de este país una hermosa faja de montañas y mares; el desarrollo de capacidades científicas y técnicas para enfrentar los desafíos y, lo más importante, disponer de un marco legal y político claro para definir la asignación de recursos que permitan prevenir y mitigar el impacto de los cambios sobre la gente y adaptar nuestra estructura productiva.
