Opinión
Desde un punto de vista socio-ecológico, las empresas sanitarias deben proteger las fuentes de agua desde su origen, junto con asegurar al menos tres fuentes de agua que provengan de distintas cuencas, lo que permitiría tener un plan B en caso de sufrir una crisis como lo ocurrido en Osorno. Para esto el Congreso debe modificar la Ley de Concesiones de Servicios Sanitarios, aumentando las sanciones, mejorando los mecanismos de fiscalización e incorporando la gestión integrada de cuencas, todo con el fin de asegurar la calidad y cantidad de agua potable en el largo plazo.
La crisis ocurrida recientemente en la ciudad de Osorno, donde la comunidad quedó sin abastecimiento de agua potable por más de una semana, deja en evidencia la precariedad de la gestión del agua en Chile.
Esta crisis fue provocada por la negligencia de la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A. (ESSAL), cuya propiedad mayoritaria (53,5%) es de Inversiones Aguas Metropolitanas (IAM), a través de su filial Aguas Andinas S.A. que está controlada por empresas transnacionales privadas de capitales españoles (AGBAR) y franceses (SUEZ). En Chile la participación de este Grupo en el “mercado del agua potable” alcanza el 42,5% y la provisión de agua potable y saneamiento de IAM a través de sus filiales sanitarias supera los 2 millones de clientes residenciales, comerciales e industriales, que representan cerca del 43% de los clientes totales del país. Es decir, este grupo económico concentra la provisión de agua potable y saneamiento de casi la mitad de los chilenos.
En el caso del agua potable urbana, los derechos de aprovechamiento de agua están en manos de empresas sanitarias privadas, que recibieron estos derechos en un proceso de privatización que se inició en el gobierno de Frei Ruiz-Tagle a fines del siglo XX, a través de la Ley de Concesiones de Servicios Sanitarios, eufemismo utilizado para argumentar que el Estado sigue siendo propietario de los servicios sanitarios. El control estatal estaba en la participación del Estado en los directorios de las empresas sanitarias. Al inicio de este proceso el Estado era el controlador de los servicios sanitarios, lo que se vio drásticamente reducido a través de la venta de sus acciones en las empresas sanitarias “concesionadas”, reduciendo a su vez los mecanismos de control y fiscalización para la gestión del agua potable. Actualmente, debido a la profundización de este proceso en los gobiernos sucesivos, la ausencia del Estado en el directorio de empresas sanitarias, como Aguas Andinas o ESSAL, permite que IAM tome las decisiones respecto a inversiones, mejoras de servicio, sistemas de gestión y control de calidad referidos a este bien estratégico para el bienestar de los habitantes urbanos del país.
Chile debe recuperar su soberanía sobre la gestión del agua potable, propiciando un modelo de gestión público-privado, donde el directorio de las empresas sanitarias esté constituido con una participación mayoritaria del Estado y de los llamados “clientes”. Esto es algo habitual en países desarrollados y civilizados. A su vez, se debe permitir el ingreso de más empresas, para que efectivamente se ponga en práctica la teoría de la libre competencia.
Desde un punto de vista socio-ecológico, las empresas sanitarias deben proteger las fuentes de agua desde su origen, junto con asegurar al menos tres fuentes de agua que provengan de distintas cuencas, lo que permitiría tener un plan B en caso de sufrir una crisis como lo ocurrido en Osorno. Para esto el Congreso debe modificar la Ley de Concesiones de Servicios Sanitarios, aumentando las sanciones, mejorando los mecanismos de fiscalización e incorporando la gestión integrada de cuencas, todo con el fin de asegurar la calidad y cantidad de agua potable en el largo plazo.
De otra forma, en Chile seguiremos dependiendo de un modelo de gestión privado, monopolizado y altamente vulnerable para abastecer de agua potable a zonas urbanas.
