Opinión
La flexibilidad que se debate tampoco se refiere, por ejemplo, a que los trabajadores tengan incidencia en las decisiones de la gerencia, como ocurre en Alemania o en los países escandinavos. Es que, como dijo un ministro economista de Bachelet, acerca de la negociación ramal: “Los chilenos no están preparados para esto…”. Es decir, los chilenos pueden elegir a sus políticos, elegir la educación de sus hijos, elegir como consumidores, pero no están capacitados para debatir sobre su lugar de trabajo. Son como niños en ese aspecto, claro que no guiados por sus padres –presumiblemente en su favor– sino por su contraparte, preocupada de su propio lucro e interés personal, como repiten una y otra vez los gurús económicos.
Pablo trabaja en jornada flexible por decisión propia. De esta forma, puede compatibilizar el cuidado de su hija y sus estudios de música, algunas semanas trabaja de mañana, otras de tarde, y un par de veces al semestre, lo hace el fin de semana. Estos horarios los establece dependiendo de si su hija está en clases, de vacaciones y, según los horarios de sus lecciones de música como los de la jornada laboral de su pareja. Según la modalidad que elija, avisa con 24 horas de anticipación a su empleador.
Patricia trabaja en jornada flexible y no por decisión propia, sino porque no ha encontrado un trabajo mejor. Cada día puede tener que trabajar o no, según le notifique su empleador con 24 horas de anticipación. Si se rehúsa, pueden no llamarla más, por tanto jamás se ha atrevido a hacerlo. Esto significa que nunca puede planificar su semana, ni su vida, ni sus actividades, ya que depende de que su empleador la llame a trabajar. No importa el evento, ya sea el cumpleaños de su hijo, de su pareja, un funeral o actividades de recreación, todo depende de si la llaman o no para trabajar.
No cabe duda que la realidad de Pablo y Patricia difiere radicalmente y ello no debiera extrañar, porque en una relación de poder, jerárquica como es la de trabajo, flexibilidad para una parte implica, siempre, rigidez para la otra. Por tanto, si se sincera la discusión, no se trata de más y mejor flexibilidad, de adaptabilidad o de modernización, sino de: ¿flexibilidad para quién y rigidez para quién? ¿Y en beneficio de quién?
[cita tipo=»destaque»]Por todo lo anterior, el proyecto de ley de 40 horas es una propuesta razonable al tenor de las reducciones de jornada de países desarrollados y que debiera considerarse sin mezquindades. El otro proyecto, el del Gobierno, de «flexigidez», se basa en los preconceptos comentados y, nuevamente, se permite negociar individualmente derechos. Esto es grave e irreal, todos sabemos que es muy difícil negociar con tu jefe o decirle que no. Este tipo de mecanismos de individualización es inconstitucional y vulnera tratados de Derechos Humanos vigentes en Chile.[/cita]
La legislación de nuestro país es ya muy flexible a favor del empleador. Fue una de las primeras legislaciones en flexibilizarse en la década de los ochenta, sin debate alguno, durante la dictadura, en donde Tucapel Jiménez criticaba esta orientación y fue asesinado salvajemente por agentes del Estado. Por tanto, muchas de las flexibilidades de nuestra actual legislación no fueron debatidas por los chilenos y sus representantes, no fueron consensuadas ni acordadas, sino impuestas por la fuerza de las armas.
En Chile, la flexibilidad laboral se refleja en materias tales como la generalización de los contratos a plazo y por obra, la masificación de la subcontratación, el tiempo de trabajo, el descanso dominical, la polifuncionalidad, el término del contrato y la flexibilidad salarial sin contrapeso por parte de los trabajadores, los cuales carecen de representación sindical y de la posibilidad real de negociar a nivel de sector las condiciones de trabajo, a diferencia de la gran mayoría de los países desarrollados de la OCDE.
Para ser justos, cabe agregar que la flexibilidad fue profundizada en algunas áreas por los gobiernos concertacionistas y de la ex-Nueva Mayoría.
La flexibilidad que se debate tampoco se refiere, por ejemplo, a que los trabajadores tengan incidencia en las decisiones de la gerencia, como ocurre en Alemania o en los países escandinavos. Es que, como dijo un ministro economista de Bachelet, acerca de la negociación ramal: “Los chilenos no están preparados para esto…”. Es decir, los chilenos pueden elegir a sus políticos, elegir la educación de sus hijos, elegir como consumidores, pero no están capacitados para debatir sobre su lugar de trabajo. Son como niños en ese aspecto, claro que no guiados por sus padres –presumiblemente en su favor– sino por su contraparte, preocupada de su propio lucro e interés personal, como repiten una y otra vez los gurús económicos.
El debate laboral en nuestro país está cargado de preconceptos arbitrarios. Por ejemplo: el largo de la jornada se debe a la baja productividad del trabajador chileno, afirmación falsa, como ha sido demostrado reiteradamente por la Fundación Sol. Asimismo, debemos recordar que el trabajador labora bajo instrucciones del empleador, por tanto el principal responsable de la productividad es el jefe y no el subordinado. Los aumentos de productividad –desde los años 90– no se han reflejado en los salarios, sino en las ganancias corporativas.
Otro de esos preconceptos es que la flexibilidad laboral debe implicar menos derechos para el trabajador. El proyecto de adaptabilidad del actual Gobierno, así como otros de administraciones anteriores, entienden por flexibilidad que el trabajador esté a disposición del empleador 24/7, es decir, una «flexigidez«, flexibilidad para el jefe y rigidez para el trabajador. Por ello, es paradójico que haya oposición a reducir la jornada a 40 horas, porque la flexibilidad en otros contextos internacionales ha facilitado el trabajar menos y no más.
Un tercer preconcepto. La discusión pública suele vaciar de contenido la noción de “empleo”: que se rebajen derechos, salarios y beneficios, para que haya más oferta de empleo, pero se olvida algo esencial: ¿por qué las personas desean un empleo? ¿Por el título o su calidad intrínseca o porque tiene beneficios y buen salario?
Cuarto. Con esta nueva revolución industrial, de la robótica y la Inteligencia Artificial, debemos olvidarnos de la protección del trabajador y rebajar, rebajar y rebajar derechos para ganarles a las máquinas y no perder empleo. El robot no tiene descansos, no presenta licencias, no hace huelga, no hace preguntas, no piensa, no pone mala cara, no está vivo, así que compite ferozmente y hay que eliminar derechos para que los humanos mantengan su empleo. Este argumento es demencial.
La robótica va a llegar sí o sí, por tanto, si desaparecen empleos habrá que implementar un Estado de bienestar y una renta básica universal, con impuestos progresivos a los más ricos, como se discute en los países desarrollados de la OCDE.
Por otro lado, en Corea del Sur –el país más robotizado hasta este momento– sigue habiendo pleno empleo. Por lo tanto, debiera haber más calma en los análisis y no buscar sacar ventajas antitrabajador, que precaricen más a los chilenos. Además, la robotización no puede ser absoluta, ya que, por ejemplo, si el 60% de los trabajadores son reemplazados por robots y la gente está cesante, ¿quiénes serán los consumidores? ¿Los robots van a ir de compras para que marche la economía?
Por todo lo anterior, el proyecto de ley de 40 horas es una propuesta razonable al tenor de las reducciones de jornada de países desarrollados y que debiera considerarse sin mezquindades. El otro proyecto, el del Gobierno, de «flexigidez», se basa en los preconceptos comentados y, nuevamente, se permite negociar individualmente derechos. Esto es grave e irreal, todos sabemos que es muy difícil negociar con tu jefe o decirle que no. Este tipo de mecanismos de individualización es inconstitucional y vulnera tratados de Derechos Humanos vigentes en Chile.
Este proyecto propone cosas curiosas, como que el trabajo –a través de plataformas como Uber– no genere contrato de trabajo. Esto es lo contrario de lo que han decidido tribunales norteamericanos y de la Unión Europea, dado que la subordinación es clara en estos casos.
En este proyecto de flexigidez una vez más se desconoce la importancia de los sindicatos y la necesidad de contar con negociación ramal para discutir temas de flexibilidad de igual a igual, sin abusos.
En este proyecto de flexigidez se establece un contrato ultraprecario, “de formalización” que, en el fondo, es un contrato “de llamada”, conocido por su flexibilidad brutal y descrito en el caso de Patricia más arriba.
En este proyecto de flexigidez, el Gobierno propone sacar de la jornada pasiva el tiempo de cambio de vestuario, es decir, volveremos al 1800.
Cada tanto tiempo se discute sobre más flexibilidad en el derecho chileno, sobre la base de los preconceptos que hemos denunciado en este artículo. Es hora de discutir en serio, escuchando a los trabajadores, fomentando un sindicalismo efectivo y una negociación colectiva real, en definitiva, una discusión con altura de miras, algo ajeno a lo demostrado por nuestros gobernantes hasta el momento.
