Opinión
El país no puede seguir siendo víctima del lobby de aquellos que promueven iniciativas para su beneficio por sobre el perjuicio de los chilenos y contra el interés público. Chile necesita un marco jurídico que priorice la seguridad y equidad en el acceso al vital elemento para la estabilidad del agua potable, el saneamiento, la seguridad alimentaria y el desarrollo productivo local que asegura el bienestar de la población y las economías locales y regionales. El lucrativo negocio de la agroindustria y la minería no puede seguir poniendo al país en mayor vulnerabilidad hídrica, sino ajustarse, adaptándose al cambio climático.
En las últimas semanas el Gobierno decretó emergencia agrícola por escasez hídrica en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins y 17 comunas de la Metropolitana. El impacto causado en la opinión pública se debe a que por fin el Ejecutivo reconoció 70 por ciento de déficit de lluvias y que enfrentamos el invierno más seco en 60 años y una tendencia de sequía prolongada por más de 10 años en el norte y centro del país.
Desde 2008 a la fecha se han decretado 111 declaraciones de zonas de escasez hídrica en cuencas, comunas y provincias entre Atacama y Aysén. Actualmente se encuentran vigentes 7 decretos del Ministerio de Obras Públicas que incluyen a la Región de Coquimbo completa, las provincias de Marga Marga, Valparaíso, San Antonio, Quillota y Petorca en la Región de Valparaíso y las comunas de Alhué, San Pedro, Colina y Til Til en la Región Metropolitana.
Esta escasez hídrica no solo afecta a los grandes emprendimientos agroexportadores y mineros, sino por sobre todo afecta gravemente a la población más vulnerable, campesinos, poblados rurales aislados y semiconcentrados, que acceden solamente a escasos litros de agua de mala calidad, provista por camiones aljibe. Más de medio millón de chilenos vivían esta realidad años atrás, y van aumentando día a día, año a año. A ellos se suman hoy medianos agricultores que dependen de las lluvias y las aguas superficiales que proveen los ríos en la zona norte y centro del país. Pero nada cambia desde hace más de una década.
Ya en 2014, en medio de una compleja situación hídrica, la entonces Presidenta Michelle Bachelet convocó a una comisión interministerial del agua; nombró a un delegado especial de recursos hídricos y patrocinó la ley de Servicios Sanitarios Rurales y la Reforma al Código de Aguas que venían tramitando la Cámara de Diputados desde 2011. La Moción de Reforma al Código, presentada por un conjunto transversal de parlamentarios (PPD, Renovación Nacional, Partido Socialista, Democracia Cristiana, Partido Comunista, la UDI, Radicales e independientes) tuvo rápida votación, aprobándose en las comisiones de Recursos Hídricos, Agricultura, Hacienda y la Sala de la Cámara entre 2015 y 2016, y en Recursos Hídricos del Senado en 2017, quedando entrampada desde el cambio de Gobierno en la Comisión de Agricultura, debido a la oposición de los gremios empresariales, liderados por la Sociedad Nacional de Agricultura y la Confederación de Canalistas que solo desean recursos públicos para embalses e infraestructura que pueda asegurar y expandir sus negocios.
Es esta la razón por la cual, luego de 8 años de tramitación, 3 de ellos en la Comisión de Agricultura del Senado, los gremios primero y hoy el Ejecutivo, desean perpetuar un Código que, luego de más de 30 años de vigencia, constituye un obstáculo para gestionar en forma más equitativa y sustentable las aguas, en un escenario de escasez creciente, agravada por el calentamiento global. Pero la agroindustria dice que reformar el Código “es pura ideología, pues no generará más agua”.
En este contexto, con gran despliegue mediático, se reflotó la propuesta de construir una carretera hídrica para el sector agroexportador y la minería desde Atacama al sur. Dicho proyecto no es nuevo. Ya en 2012 el Ministerio de Obras Públicas (MOP), liderado por Laurence Golborne, encargó estudios al respecto; luego la empresa francesa Vía Marina esbozó una carretera hídrica costera flotante, y en 2016 el empresario agrícola Juan Sutil creaba el propio. La carrera de las carreteras hídricas por obtener financiamiento del Estado empezó a fines de 2018, cuando Félix Bogliolo de Vía Marina, ingresó el proyecto Aquatacama al MOP, solicitando su declaración como de “interés público”.
Insólitamente, este tipo de infraestructura es justamente la más cara, con mayores impactos ambientales y con menos beneficio social, de acuerdo al Ranking de Proyectos analizados por Fundación Chile, los servicios públicos y varios gremios en el contexto de “Escenarios Hídricos”, dado a conocer a la opinión publica en junio pasado. La carretera hídrica no se justifica, ni técnica ni económicamente, como de interés público. Tampoco ha tenido aprobación política, ya que confronta a los mismos gremios agrícolas.
La semana pasada la Asociación de Canalistas del Laja, Asociación de Canalistas Bío-Bío Negrete, Asociación Canalistas Bío-Bío Norte, y Bío-Bío Sur, Comunidad de Aguas Canal Coreo, Asociación Canal Quillaileo, y Asociación Canal Duqueco, denunciaron que la carretera hídrica “es una antigua mala idea, que se desechó en los sesenta por ser inviable y porque se basa en una premisa equivocada: que en el Biobío existiría abundancia y excedencia de agua, lo que es completamente falso». Esta afirmación de los usuarios regionales del agua, es coincidente con el informe de Fundación Chile, de que las propuestas de “carretera hídrica” son “una de las medidas más costosas e ineficientes para enfrentar la crisis hídrica”.
El país no puede seguir siendo víctima del lobby de aquellos que promueven iniciativas para su propio beneficio por sobre el perjuicio de los chilenos y contra el interés público. Chile necesita un marco jurídico que priorice la seguridad y equidad en el acceso al vital elemento para la estabilidad del agua potable, el saneamiento, la seguridad alimentaria y el desarrollo productivo local que asegura el bienestar de la población y las economías locales y regionales.
Solo los excedentes debieran ir a actividades exportadoras con fines de lucro. No es aceptable que los mismos que han desequilibrado el ciclo hidrológico de las cuencas del norte y centro del país, sobreexplotando, contaminando y secando napas y aguas superficiales, impongan la lógica del extractivismo en cuencas que aún son estables y proveen servicios hídricos y ambientales a las regiones. Proyectos faraónicos como la carretera hídrica implican desvestir la producción agrícola e industrial del sur para abastecer la minería y agroindustria de norte y centro del país.
En los próximos días el Presidente Sebastián Piñera anunciará nuevas medidas para combatir la escasez hídrica, tras decretar zonas de emergencia agrícola en varias regiones del país. Esperamos que esas medidas apunten en la dirección correcta, para avanzar en la reforma del Código de Aguas, la priorización del agua para el consumo humano y las actividades de subsistencia y desarrollo local/regional, tal como recomienda la ciencia en el contexto de los cambios climáticos. El lucrativo negocio de la agroindustria y la minería no puede seguir poniendo al país en mayor vulnerabilidad hídrica, sino ajustarse, adaptándose al cambio climático.
