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Crédito: Agencia UNO
En medio de su despliegue en Nueva York, el Presidente Sebastián Piñera insistió en que el tratado “tiene algunos problemas que deben ser resueltos antes que Chile lo firme”. La estrategia del Gobierno es buscar la inclusión de “una declaración interpretativa», según dijo el canciller Teodoro Ribera. Organizaciones medioambientales y ciudadanas señalan que las argumentaciones entregadas por el Gobierno “adolecen de serias inconsistencias” y el senador socialista José Miguel Insulza reprochó que Piñera siga “alegando cuestiones de soberanía” en consideración que cuando se trata de acuerdos comerciales no ha puesto ninguna traba. Este jueves, en la sede de la ONU, es la ceremonia donde los países firmantes del Acuerdo de Escazú deben ratificarlo y otras naciones podrían sumarse al tratado.
Mientras el Presidente Sebastián Piñera se ha abocado a desplegar todo un protagonismo “verde” en Nueva York, donde participó de la Cumbre de Acción Climática e incluso recibió el premio Global Citizen Award 2019 “por su aporte a la lucha contra el cambio climático”, este jueves 26 de septiembre se realizará en el edificio de la ONU en Nueva York una ceremonia para que los países de la región suscriban o ratifiquen el Acuerdo de Escazú, el tratado vinculante para América Latina y el Caribe respecto a la protección del medio ambiente y el acceso a la justicia ambiental.
La ceremonia será una nueva prueba para el país organizador de la COP 25. Esto, porque pese a que Chile fue uno de los impulsores del tratado, el Gobierno de Piñera se ha negado a suscribir el acuerdo, poniendo toda una serie de trabas.
De hecho, ayer lunes el Presidente insistió en que el tratado “tiene algunos problemas que deben ser resueltos antes que Chile lo firme”. “Por ejemplo, problemas de cesión de soberanía, o problemas que pudieran llevar a Chile a que sea demandado ante cortes internacionales sin justificación”, explicó.
A juicio del mandatario chileno, “muchos de los críticos no han leído el texto del acuerdo de Escazú y cuando veo sus críticas me confirman que son más críticas políticas que críticas con fundamento”.
Pero la postura de Piñera fue ratificada por el canciller Teodoro Ribera, quien insistió en que “existen por parte del ministerio de Relaciones Exteriores algunas dudas respecto del impacto del tratado en dos temas” y anunció que “nosotros estamos trabajando para que los dos temas que nos preocupan puedan ser superados mediante una declaración interpretativa».
Según el ministro, “hay una norma en el tratado del artículo 11, que establece que respecto de los países sin litoral – que sin litoral en Latinoamérica están solamente los casos de Bolivia y Paraguay – debe prestarse una especial consideración y que habrá una cooperación con las capacidades nacionales para implementar acuerdos”.
“Y estas expresiones como promover, alentar cooperar, especial consideración, a nosotros nos dan algo de temor, principalmente considerando que Bolivia en el último tiempo han tenido una disposición muy grande de llevarnos a la Corte Internacional de Justicia”, dijo en Radio Duna.
“Entonces esas menciones imprecisas unidas a que con el tratado de Bogotá podríamos terminar nuevamente en la corte, ha hecho que el tratado todavía no tenga el consenso necesario para que se firme”, añadió.
El próximo 26 de septiembre, en un salón del edificio de la ONU en Nueva York, los 17 países que ya firmaron el pacto deben confirmar su suscripción y además es la oportunidad para que otros países se incorporen.
La no firma por parte de Chile ha sido uno de los principales cuestionamientos desde las organizaciones medioambientalistas y políticos de oposición que han puesto foco en las contradicciones de la política del gobierno piñerista en la materia.
Para el senador socialista José Miguel Insulza, “Piñera se acerca a #Escazú pero sigue alegando cuestiones de soberanía. Las cesiones de soberanía existen en el sistema multilateral y, muy especialmente, en los acuerdos comerciales que el Pdte no ha tenido ningún problema en suscribir. Debería aplicar el mismo criterio para #Escazú”, escribió en Twitter.
En tanto, el senador PPD Guido Girardi emplazó al Presidente pidiéndole que “no le haga caso a sus ministros” y suscriba el documento. Según el parlamentario, el Acuerdo de Escazú es incluso “menos exigente” que lo que se debe firmar en la COP25 en diciembre”.
Para organizaciones de derechos humanos y medioambientalistas, la firma del Acuerdo de Escazú es clave “para así recibir la COP 25 dando una verdadera señal de voluntad política, liderazgo y compromiso con el medio ambiente, los derechos humanos y las personas que lo defienden”.
De hecho, Ángela Valenzuela, vocera de Fridays for Future Santiago señaló ayer que “se le ha dado la espalda a los defensores del planeta al no firmar el Acuerdo de Escazú” y la postura del Gobierno demuestra que Chile va “en la dirección contraria y no podemos quedarnos en falsos discursos”.
Por su parte, en declaraciones a La Tercera, el director ejecutivo de la ONG Fima, Ezio Costa, sostuvo que “en más de un año de estudios, el gobierno no ha dado razones reales para no firmar, ni tiene ningún estudio al respecto. Chile no cumple los estándares de democracia ambiental y el Acuerdo no pone ningún riesgo sobre la soberanía territorial del país”.
En tanto, en una declaración firmada por organizaciones como Amnistía Internacional, FIMA, Codeff, Terram, entre otros, donde exhortan a la firma del acuerdo, estas entidades destacan que “las argumentaciones expresadas para restarse de la firma de este tratado adolecen de serias inconsistencias (…) se trata de un acuerdo de piso, es decir se espera que desde ahí los países firmantes puedan avanzar y no retroceder, y que busca la implementación plena y efectiva del acceso a la información, participación y democracia ambiental”.
También desestiman el argumento de la soberanía desplegado por el gobierno piñerista, y le recuerdan que “el acuerdo en su párrafo 11 establece voluntad de cooperación en el fortalecimiento de sus capacidades, pero nunca habla de obligatoriedad y se definen muy claramente los campos en los que se espera dicha colaboración. Con respecto a cláusulas para la solución de controversias, las indicadas en este acuerdo son las mismas que señalan otros tratados, como por ejemplo el de Minamata. Por lo que si este fuera el motivo para no firmar, entonces deberíamos retirarnos de muchos otros acuerdos”.
Además, subrayan que “este es el primer acuerdo regional que busca garantizar la protección de los y las defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, en una región en la que los líderes socio-ambientales se enfrentan con demasiada frecuencia a agresiones e intimidaciones. Sólo el año 2018 fueron asesinadas 164 personas defensoras del medio ambiente en las Américas (según el reporte Enemigos del Estado de Global Witness), mientras que en Chile están siendo investigados los casos de Macarena Valdés, Alejandro Castro, Juan Pablo Jiménez. Si bien el panorama es desolador, podemos tener mayores facultades de protección a nuestros líderes ambientales si se firma el Acuerdo de Escazú”.
