El pasado 10 de septiembre, el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, presentó un nuevo cuerpo de reformas al régimen de inversión. Una de ellas forma parte de las 10 medidas presentadas por el ministro de Hacienda Felipe Larraín para hacer de Chile un Centro Financiero Regional: modificar el DL 3.500, de manera que se flexibilicen los límites de inversión, sin quedar sujetos a este decreto, sino que se puedan modificar a través del Régimen de Inversión. Se trata de un paso decidido en la apertura de los fondos. Esto significa, en la práctica, una enorme transferencia de capital desde el ahorro obligatorio de trabajadoras y trabajadores hacia la especulación financiera de grandes corporaciones internacionales.
Tal y como sucedió el año 2016, el debate sobre la reforma al sistema de AFP y la actual crisis previsional corre en paralelo con cambios de gran relevancia en la cartera de inversión del Fondo de Pensiones que actualmente supera los 219 mil millones de dólares (79,3% del PIB de Chile). Estos cambios se llevan a cabo sin perturbar la discusión de la reforma del actual Gobierno y se anuncian en salones londinenses abarrotados de “inversionistas”, como si nada tuvieran que ver con las jubilaciones de millones de trabajadores.
Hace algunos años esto se tradujo en una Ley de Productividad que, lejos de poner en el centro la capacidad innovadora de los empresarios, se preocupó de abrir la inversión de los fondos de pensión de trabajadoras y trabajadores en Activos Alternativos. Este tipo de activos acumulaba al 30 de abril del presente año un 3,3% del Fondo de Pensiones. Casi 7 mil millones de dólares.
Los activos de este tipo permiten la inversión en deuda y capital privado en el extranjero, bienes raíces no habitacionales para renta, acciones de concesionarias para obras de infraestructura (una forma de invertir en hospitales y cárceles concesionadas, por ejemplo), etcétera. Inversiones de mayor riesgo con el objetivo de intentar revertir la bomba de tiempo del sistema de AFP: las bajas tasas de rentabilidad, que durante la última década llegaron a un 4,53%, muy por debajo del promedio de 7,91% alcanzado entre 1981 y 2019 y que se explica en buena medida por los altos retornos de los 80 (con una tasa real promedio de 12,04%).
La apertura a los activos alternativos ha seguido una tendencia creciente a la mayor exposición de los fondos al riesgo, en busca de más rentabilidad (mayor riesgo). Esta tendencia se inicia hacia 1998, aprovechando los cambios introducidos en 1994 para permitir la inversión en empresas extranjeras. Si a fines de los 90 la inversión en el extranjero era prácticamente inexistente, en la actualidad 4 de cada 10 pesos del Fondo de Pensión se invierten en el extranjero.
El pasado 10 de septiembre, el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, presentó el nuevo cuerpo de reformas al régimen de inversión. Una de ellas forma parte de las 10 medidas presentadas por el ministro de Hacienda Felipe Larraín para hacer de Chile un Centro Financiero Regional: modificar el DL 3.500, de manera que se flexibilicen los límites de inversión, sin quedar sujetos a este decreto, sino que se puedan modificar a través del Régimen de Inversión. Se trata de un paso decidido en la apertura de los fondos. Esto significa, en la práctica, una enorme transferencia de capital desde el ahorro obligatorio de trabajadoras y trabajadores hacia la especulación financiera de grandes corporaciones internacionales.
Entre las medidas propuestas por el superintendente hacia el año 2020 está, por ejemplo, el permitir la inversión de los fondos de pensión en oro (los commodities han estado hasta ahora excluidos como alternativa de inversión de las AFP), excluir la inversión en infraestructura extranjera del cálculo de los límites de inversión en renta variable (es decir, mayor volumen de inversión en infraestructura en el extranjero) y permitir la inversión en fondos no regulados Hedge Funds, entre otras.
Este último aspecto es particularmente relevante, teniendo en cuenta la estrecha relación entre los Hedge Funds, el negocio de derivados y la última gran crisis de 2008. Especialmente en un contexto económico como el actual, la exposición a este tipo de fondos de alto riesgo y escasa regulación, representa un paso en falso y no un avance frente a la actual crisis previsional, que implicó, para el 50% de los 125 mil pensionados en 2018, una pensión autofinanciada de menos de $48 mil.