Opinión
Como se trata de un bien escaso y enfrentamos una severa crisis de acceso a la vivienda, el Estado debe priorizar y proteger el suelo fiscal e impedir que organismos públicos o las Fuerzas Armadas se dediquen a realizar negocios inmobiliarios con el territorio que nos pertenece a todos y todas.
La segregación urbana reproduce y profundiza nuestras desigualdades socioeconómicas. Una ciudad construida para maximizar las ganancias de unos pocos, terminó por aumentar el aislamiento de los más pobres en las últimas décadas, limitando su acceso a servicios, derechos sociales y transporte adecuado.
Si bien no es el único factor, el valor del suelo es fundamental en la profundización de la segregación territorial. Como se trata de un bien escaso y enfrentamos una severa crisis de acceso a la vivienda, el Estado debe priorizar y proteger el suelo fiscal e impedir que organismos públicos o las Fuerzas Armadas se dediquen a realizar negocios inmobiliarios con el territorio que nos pertenece a todos y todas.
Por ello, hace unos días presentamos un proyecto de ley, que cuenta con apoyos transversales, para crear un Sistema de Protección de Suelo Público que permitirá transparentar y democratizar la disposición de terrenos fiscales en manos de organismos públicos, incorporando una herramienta que dará publicidad y permitirá a la ciudadanía controlar las licitaciones que hasta la fecha y de manera cuestionable, han permitido, por ejemplo, que el Ejército disponga de inmuebles para su beneficio propio.
Además de visibilizar estos procesos, que hasta ahora se han desarrollado a puertas cerradas, el sistema de alerta y evaluación se activará ante cualquier intento de disponer de terrenos públicos, iniciando una consulta para establecer si podrían servir para la construcción de viviendas sociales o para la protección de bienes comunes naturales, evento en el cual serán declarados imprescindibles, impidiendo su venta o concesión.
De esta forma, en el futuro, podremos evitar casos como la venta de terrenos por parte del Ejército de un paño de la Villa San Luis o la Villa Militares del Este, en la zona oriente de la capital.
Ambos lucrativos negocios inmobiliarios, que fueron a engrosar las arcas de los militares, pese a que eran terrenos fiscales, y peor aún, significaron la pérdida de una oportunidad para la construcción de viviendas sociales bien ubicadas, sin un solo peso de gasto en compra de terrenos para el Estado.
A su vez, creemos que la gestión del suelo público no puede responder al Gobierno de turno, sino que debe responder a una política de Estado. En la actual administración, el Ejecutivo definió que se debe reducir el territorio fiscal, según declaraciones del ministro Felipe Ward, y se ha impulsado un masivo plan de privatizaciones de bienes públicos, que incluye concesiones de parques nacionales.
La emergencia climática, que afecta a nuestro país de manera patente, por ejemplo, en el desabastecimiento hídrico de familias, animales, sembradíos y localidades a lo largo de Chile, nos obliga a proteger con más firmeza que nunca nuestros bienes comunes naturales.
En ese sentido, la iniciativa gubernamental de licitar nuestros parques nacionales en favor del desarrollo turístico de élite, supone un riesgo para las comunidades que habitan y conviven con estas tierras, para la investigación científica que se desarrolla en ellas y, sobre todo, para la protección del medio ambiente.
En una época como la que vivimos, el interés empresarial de unos pocos, no puede estar por encima de la supervivencia de las grandes mayorías.
Gonzalo Winter es diputado, presidente de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales.
