Diez lecturas de la crisis de Ecuador desde lo regional y lo global

Tras el anuncio del presidente Lenín Moreno de poner en marcha un paquete de medidas económicas de corte neoliberal, como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y un préstamo por 4.209 millones de dólares, se desató en Ecuador una serie de protestas, que obligó al gobierno a decretar el estado de excepción (art. 165 de la Constitución) y trasladarse a Guayaquil ante la amenaza de mayor ingobernabilidad con la llegada de miles de miembros de comunidades indígenas a Quito para manifestarse en contra de esta y otras medidas.

Una primera constatación que hay que hacer al respecto, es que esta no es una cuestión de “agitadores y golpistas” como ha dicho el gobierno, ni mucho menos un plan de desestabilización urdido por Rafael Correa y el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, como acusó el presidente Moreno al decir: «El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización, son los corruptos que han sentido los pasos de la justicia cercándolos para que respondan, ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de Estado» (BBC Mundo, 08/10/2019).

Detrás de estas protestas está el descontento popular, el enojo y desesperación de los de abajo. Como lo expresó el movimiento político Compromiso Social, cercano al expresidente Correa, no hay banderas políticas. En las calles, han estado estudiantes, maestros, campesinos, indígenas, amas de casa, transportistas, pequeños productores, empleados públicos, comerciantes y el pueblo en general.

Incluso más, no hay que olvidarse que, pasado un año y de medio de estar en funciones el expresidente Correa (noviembre de 2008), el gobierno presentó la Ley de Minería en la comisión legislativa, lo cual, sumado al conflicto en torno a la Ley del Agua, desató una serie de movilizaciones que conducirían al distanciamiento sin retorno de diversos movimientos sociales, en particular el movimiento indígena y su principal organización (la Conaie), respecto del gobierno de Correa.

En segundo lugar, está claro que estas movilizaciones no son meramente para mantener “privilegios, sino el producto inmediato de la eliminación del subsidio a las gasolinas (incrementos de 123% en el diésel y 30% en la gasolina regular) y reformas laborales y tributarias que afectarán a los trabajadores y benefician a grandes grupos empresariales (BBC Mundo, 08/10/2019).

Estas alzas son particularmente relevantes si tomamos en cuenta la situación socioeconómica de la población. El 2018, por ejemplo, casi 123 mil ecuatorianos más pasaron al subempleo. La informalidad y/o el empleo no adecuado son la realidad cotidiana del 62,1% de la Población Económicamente Activa (más de 4.6 millones). A junio de 2019, de acuerdo a estadísticas del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), tomando al sector formal e informal, un empleado ecuatoriano recibía una remuneración promedio de $324,9 cada mes. O sea, $69,1 menos que los $394 establecidos por la Ley como Salario Básico Unificado. Más de 1.5 millones de subempleados reciben alrededor de $150,84 mensuales, mientras que paraotros, registrados en las categorías de empleo no pleno, más de 3 millones, su remuneración alcanza a $125,77. Entonces, como le decía una mujer al diario El Comercio de Ecuador hace algún tiempo: «No alcanza el dinero. Sí ha subido el salario, pero también los precios de los productos han subido este mes».

Tercero, como lo expresa Nicolás Oliva Pérez, el presidente Moreno se equivocó “si pensó que podía seguir exigiendo más esfuerzo a las clases trabajadoras y sectores populares mientras favorecía a sectores pudientes empresariales, como ejemplifica esta última reforma económica”. Ya en sus 30 meses de gobierno había eliminado impuestos, amplió y relajó los escudos fiscales para facilitar la evasión y desmontó los aranceles que defendían al país y a la dolarización. En lo laboral, ha reducido derechos laborales, buscado flexibilizar el mercado y amputado los mecanismos de regulación (Página 12, 07/10/2019).

Cuarto, el presidente Moreno también erró al pensar que un estallido social era cosa del pasado y que la prensa podría imponer/condicionar una matriz de opinión dominante (léase ideas de “pérdida de privilegios” y/o que el “populismo” de Rafael Correa es lo que llevó al país a esta situación). Frente a esta carga desproporcionadamente más pesada para unos que otros, el palacio de gobierno Carondelet ya estaba advertido de que las próximas movilizaciones serían más intensas (en Cotopaxi 2018 una de sus consignas decía “hasta hoy el pueblo ha sido cordero, pero mañana será un león”). Y ahora el país está sumido en la peor crisis política desde 2005.

Quinto, los marchantes del 2018 ya habían puesto en la agenda los ejes centrales de la contradicción con el gobierno de Lenín Moreno, de su proyecto de desarrollo en las antípodas del plan de gobierno de la Revolución Ciudadana y de las fragmentadas demandas sociales. Es decir, había alertas claras de que no había correspondencia entre las demandas e intereses sociales y las ofertas políticas.

A fines del 2018, sectores populares e indígenas le presentaron al gobierno de Quito un amplio petitorio, el que contemplaba el “Proyecto de Ley Orgánica de Prohibición de Minería Metálica en Ecuador”; la detención de la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní; el rechazo a las hidroeléctricas; la luchar contra la corrupción; la reactivación del sector agropecuario (defensa del agua, no a las semillas y alimentos transgénicos, revalorización de las economías campesinas-indígenas y eliminación de políticas de agrocalidad); la restitución de la Educación Intercultural Bilingüe en todo el ciclo, con presupuesto del Estado y autonomía real; hasta temas de rechazo del “paquetazo de agosto de 2018”, como el aumento de la gasolina súper y del diésel para pescadores y camaroneros; la reducción del estado con la supresión y fusión de ministerios y secretarías y los consecuentes despidos; la delegación, fusión y optimización de las empresas públicas como la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, la aerolínea Tame y Correos del Ecuador, amén del trabajo digno (Edgar Romero G., RT, 16/11/2018).

Sexto, esta contradicción es la misma que sostienen los sectores populares y la oposición frente a gobiernos como los del presidente Macri y Cambiemos en Argentina o del presidente Bolsonaro en Brasil. Entonces, y como lo expresa Nicolás Oliva Pérez, agotado el discurso del “odio” ya por cansancio en contra del expresidente Correa en Ecuador, “la sociedad no siente que el gobierno esté actuando en beneficio de la mayoría (…). Moreno no ofrece nada más al país… el empleo se deteriora, los servicios públicos escasean y no hay una defensa de la soberanía económica ni política (…). La gente en las calles siente que el poder está, nuevamente, corporativizado” (Página 12, 07/10/2019) y en decadencia. Era esperable entonces que, en este contexto de gran deslegitimación, exigir un “esfuerzo extra” desatara la ira ciudadana.

[cita tipo=»destaque»] Como lo expresa Nicolás Oliva Pérez, el presidente Moreno se equivocó “si pensó que podía seguir exigiendo más esfuerzo a las clases trabajadoras y sectores populares mientras favorecía a sectores pudientes empresariales, como ejemplifica esta última reforma económica”. Ya en sus 30 meses de gobierno había eliminado impuestos, amplió y relajó los escudos fiscales para facilitar la evasión y desmontó los aranceles que defendían al país y a la dolarización.[/cita]

Séptimo, lo que vive Ecuador es una crisis de representación clásica. En política, la representación es el acto mediante el cual un representante actúa en nombre de un representado para la satisfacción de sus intereses. Sin embargo, la estrategia del presidente Moreno de evocar herencia de culpabilidad del correísmo de los males nacionales, que en un inicio lo ayudó a fortalecer su imagen, hoy erosionan su credibilidad y capacidad para gobernar. No es menor que en 30 meses haya bajado de un 70% de valoración al 30% o menos. Incluso sus socios de la derecha guayaquileña se distancian de él (se ha roto el vínculo entre gobernador y gobernados). Como dijo Pablo Játiva, en GK, el 28/01/2019, “vivimos en el país una emergente crisis de representación dada por la ausencia de relatos inspiradores. Ni el gobierno, ni el correísmo, ni los actores que fueron de oposición han logrado consolidarse como reales opciones de gobierno. Ecuador está en orfandad política”.

Octavo, esta crisis también se ancla en el sistema de partidos. En un texto académico de Roberto García Jurado, una cita del politólogo irlandés Peter Mair, señala que “la era de la democracia de partidos ha pasado” debido al hecho de que “aunque los partidos permanecen, se han desconectado hasta tal punto de la sociedad en general y están empeñados en una clase de competición que es tan carente de significado, que ya no parecen capaces de ser soporte de la democracia en su forma presente”. Mair pensaba que desde la década de 1990 las instituciones políticas de la sociedad occidental han entrado en una profunda crisis que bien podría segmentarse en tres frentes: crisis política, de la democracia y de los partidos políticos, que juntas y combinadas forman un cóctel explosivo y letal para la vida política de la sociedad contemporánea, colocándola justo en donde está ahora, en una profunda crisis institucional en todos los sentidos.

Visto desde otra perspectiva, Andrés Mejías, en su texto “Partidos políticos: el eslabón perdido de la representación”, dice que “una gran parte de las reformas constitucionales elaboradas por la elite política en Ecuador, fueron inspiradas en el principio de que la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas sería la ‘savia vital’ de un régimen democrático.

Sin embargo, en un estudio de dos décadas, se concluyó que la proliferación de opciones políticas obtuvo precisamente el resultado opuesto, el bloqueo en la toma de decisiones políticas. Como se planteó anteriormente, la tendencia a promover la participación electoral no es un ingrediente suficiente para consolidar la democracia en Ecuador. Sin un conjunto de instituciones partidarias desarrolladas, la pura participación electoral dio como resultado una fragmentación del sistema de partidos, con indisciplina partidaria y desconexión electoral.

Noveno, ante tal crisis de representatividad y del sistema de partidos, y favorecido por los avances de los derechos sociales y la interconectividad entre otros, resultó natural un relevo de los partidos por parte de movimientos sociales en la arena política. Estos movimientos, a diferencia de los del pasado, como el movimiento obrero, son un grupo no formal de individuos u organizaciones que tiene como finalidad el cambio social pero desde un aspecto particular, aunque pueden llegar a desarrollarse y/o confluir en agendas globales. 2019, entonces, parece retomar globalmente la dinámica en lo que a movilizaciones sociales se refiere. Alrededor del mundo son muchos los países que están viviendo procesos sociales complejos, en los que la ciudadanía cada vez más les pide mayor responsabilidad a quienes ostentan el poder, ya sea en Hong Kong, República Checa, Kasajistán, Argelia, Sudán, París, Argentina, Venezuela, Brasil o Quito.

Como dice Alan Touraine, entonces “para que se originen esos movimientos no basta con que se opongan a determinada forma de dominación; es necesario, por el contrario, que reivindiquen también determinados atributos positivos”. Teniendo esto presente, es a partir de 1995, desde el mundo indígena y campesino empobrecidos (en particular las mujeres), que toma fuerza la idea de la defensa de la Tierra, el cuidado de la semilla, la defensa de los mercados locales y la exigencia de no firmar el TLC con EE.UU. Ello produce, como dice Decio Machado en la revista Tendencias (23/04/2012), un encuentro entre clase, género, etnia y ecología, el mismo que se manifiesta en las actuales protestas como contrapeso ideológico a un modelo socioeconómico que, a pesar de sus logros, reproduce y expande un modelo que tiende a trasgredir principios básicos del consenso social, como el del bienestar común, los derechos y equilibrios de la naturaleza y la democracia en su sentido más esencial

Décimo, esto al final termina redundando en una crisis de gobernabilidad democrática, entendida esta como la disfuncionalidad de las instituciones para solucionar democráticamente los conflictos y que ponen en evidencia las tensiones existentes entre los requisitos de la democracia y los de la gobernabilidad con sus centenas de detenidos y heridos. Como dice José Vargas Hernández, el elemento común de la crisis de gobernabilidad democrática es la incapacidad de las instituciones democráticas para asumir y procesar democráticamente el conflicto con corresponsabilidad y justicia. Eso es lo que pasa en Ecuador.

En cualquier caso, el pronóstico para Ecuador es “reservado” y lo cierto es que cualquier cosa puede ocurrir. Más aún cuando en el corazón de la protesta hay un sector que está dispuesto a escuchar la propuesta negociadora del gobierno, la del secretario general de la presidencia, José Augusto Briones, la de los «seis ejes de acción en la ruralidad», pero en ese mismo corazón se alberga la desazón de los movilizados por el resultado de las negociaciones del 2018 con el gobierno y, por lo mismo, una de las consignas más escuchadas en las actuales manifestaciones es: «¡Fuera, Moreno!» (El País, 10/10/2019).