Narcotráfico, violencia y políticas públicas

Llevo más de tres décadas viviendo en la zona sur de Santiago, específicamente en el famoso “corredor de la droga” que abarca, entre otras poblaciones, La Legua, Yungay, San Gregorio, Santo Tomás, El Castillo y varios sectores de la comuna de Puente Alto, hasta llegar a Bajos de Mena.

Como nunca antes, en estos treinta años viviendo allí, hemos visto el tráfico de drogas, la violencia y los efectos de ello en estas poblaciones. Nunca había escuchado tantos disparos en la noche, ni la cantidad de autos de lujo que llegan a las poblaciones o cómo los miembros de las familias de narcotraficantes realizan viajes entre Europa, Miami, Colombia o Brasil.

Las conclusiones parecen ser claras: el negocio de la droga más bien crece, no disminuye. Pero hoy, lamentablemente, para las actuales autoridades, pareciera ser que la frontera norte queda más cerca que Puente Alto o La Pintana, pues es allí donde se insiste en controlar.

La muerte de Baltazar, de tan solo nueve meses, en la comuna de La Pintana, es quizás la expresión más dramática de lo que hoy vivimos. Sin embargo, la indiferencia sigue.

Lo paradójico es que si lo que las familias experimentan a diario en las poblaciones de la zona sur de Santiago ocurriera en barrios como San Damián, San Carlos de Apoquindo, La Dehesa, Chicureo, entre otros, seguramente hace tiempo se habría actuado con mayor celeridad, profundidad y persistencia.

El escenario es complejo, especialmente en medio de la subida en el índice de victimización, y la ceguera y sordera del Presidente Sebastián Piñera, insistiendo en proyectos que no cambiarán radicalmente el escenario, sin evidencia sólida y con mucha carga mediática.

De acuerdo a una investigación de Ciper, cálculos informales estiman en 1,5 millón las personas que, a lo largo del país, están a merced de bandas criminales y su violencia. Datos del mismo medio, de hecho, aseguran que entre 2012 y 2018 hubo 620 homicidios con armas de fuego, con un aumento del 65%.

Esto ha provocado, en muchas de las poblaciones, una alta inseguridad y un daño al tejido social como nunca antes había visto. Lo peor, reitero, es que, si esto ocurriera en barrios de mayor bienestar social, si se escucharan allí los disparos u ocurrieran los asesinatos, el despliegue policial sería de envergadura y las medidas reparatorias también.

Pero para algunos, que son responsables de liderar esta lucha y que son pagados por nuestros impuestos, las poblaciones como la Raúl del Canto (La Pintana) o la Carol Urzúa (Puente Alto) parecen estar muy lejos de las fronteras y, claro, de los sectores altos de la capital. El impacto mediático –sin lugar a dudas– es menor y, al ya cargar con una estigmatización previa, parecen no valer la pena los grandes esfuerzos.

Luego de décadas enfrentando con diversas políticas el narcotráfico y la violencia que lo acompaña, quienes lideran estas acciones desde el Estado no pueden olvidar que dicha tarea debe hacerse desde la evidencia acumulada, desde los conocimientos que numerosas personas nos han aportado, y desde la información que los mismos servicios estatales han obtenido, en particular Carabineros y la PDI.

Si bien resulta importante controlar la llegada de la droga a Chile por los numerosos pasos fronterizos irregulares, los datos que vemos en otros países del mundo –que son grandes consumidores de estas sustancias ilícitas– señalan que esto es solo un aspecto del problema. Las aristas son múltiples y deben ser abordadas de manera simultánea, en particular desde la realidad de los traficantes y consumidores.

Algunas de ellas tienen más impacto mediático que efectividad real, otras dan un golpe certero, pero no lucen para ser reportadas por los medios ni para aparecer en la foto, en especial aquellas que son claves, pero cuyos logros no los disfrutará el Gobierno de turno, ya que sus efectos se verán a mediano y largo plazo. Sobre esto último hay mucha evidencia empírica en el mundo y el cúmulo de investigaciones dan seguridad de sus resultados.

Ya que hay una evidente multicausalidad tanto en el narcotráfico, la violencia y el consumo de drogas, su enfrentamiento debe abordar aquellos ámbitos diversos que originan estos comportamientos. En este sentido es una buena noticia que el Mineduc ponga el acento en apoyar las escuelas y liceos de «segunda oportunidad», para niños y jóvenes con alto rezago escolar. Sin embargo, esto debe hacerse con planes efectivos de acompañamiento personal, trabajo familiar y barrial.

Asimismo, en lo que se refiere al control policial, es esperanzador el aumento de la dotación y de los implementos, pero se debe insistir sobre la labor de inteligencia, seguimiento e investigación para dar con los cabecillas de estas bandas. En un sentido similar es urgente perseverar en el cambio de la política urbana y habitacional, uno de los grandes cómplices de la segregación, exclusión y violencia en los últimos años: barrios más inclusivos e integrados permiten una mejor vida.

Por último, es imprescindible que, desde el Estado, se intensifique la verificación del origen de los recursos económicos que permiten a varias familias de sectores populares vivir con cuantiosos recursos, comprar propiedades, realizar viajes y conducir vehículos de elevado costo.

En esta estrategia, los socios naturales del Estado son las organizaciones de la sociedad civil, las comunitarias y territoriales, las fundaciones y corporaciones. Solo así se logrará la capilaridad que se requiere para llegar a los rincones más abandonados y marginados de nuestras poblaciones. Tanto en los ámbitos de seguridad como en aquellos socioeducativos vinculados a las oportunidades, necesitan de la participación activa de quienes están involucrados en estos espacios. Nada sobre ellos sin ellos.