Opinión
Los cambios en los regímenes políticos son gatillados por hechos puntuales, que actúan como precipitantes de carencias y limitaciones del sistema político. Bajo una aparente normalidad, un conflicto latente en la sociedad, no percibido por los gobernantes, sorpresivamente se transforma en un conflicto sistémico por el impacto de un hecho puntual. El aumento de la tarifa del metro fue el precipitante de la protesta social, que remeció al país y paralizó al Gobierno. Reconstruyamos, brevemente, el perfil del conflicto social latente, por qué se produjo ahora y cuál podría ser su desarrollo.
Muchos se preguntan en el exterior ¿qué le pasó a Chile? ¿Cómo fue posible que, sorpresivamente, dejó de ser “un modelo” en América Latina?
Escasos días atrás, el Presidente Piñera, en una entrevista al Financial Times, se enorgulleció de que Chile fuera “un oasis” en América Latina. Los acontecimientos desde el viernes 18 de octubre lo desmintieron, poniendo de manifiesto que el malestar latente en la población proviene de tener una democracia semisoberana.
Los cambios en los regímenes políticos son gatillados por hechos puntuales, que actúan como precipitantes de carencias y limitaciones del sistema político. Bajo una aparente normalidad, un conflicto latente en la sociedad, no percibido por los gobernantes, sorpresivamente se transforma en un conflicto sistémico por el impacto de un hecho puntual. El aumento de la tarifa del metro fue el precipitante de la protesta social, que remeció al país y paralizó al Gobierno.
Reconstruyamos, brevemente, el perfil del conflicto social latente, por qué se produjo ahora y cuál podría ser su desarrollo.
Piñera volvió por segunda vez a La Moneda como un Presidente doblemente minoritario. Electoral, porque ganó con una mayoría fabricada por la segunda vuelta, con 26,5% del padrón electoral, y sin mayoría en el Congreso. Es un Presidente políticamente débil, aunque el orden constitucional dé a entender lo contrario.
Formó un gabinete con un perfil similar al primero. Predominan empresarios, directores o consultores de empresas y académicos de think tanks de derecha (tres ministros eran de la Fundación para el Progreso), que miran la política desde la empresa y la economía.
El contexto político el 2018 fue diferente al del 2010, que él y los partidos de Chile Vamos no consideraron. No hubo un terremoto que congelara la competencia política durante el primer año, que llevó a Piñera a buscar un acuerdo con la oposición. El Gobierno de la Presidenta Bachelet y la Nueva Mayoría (NM) (2014-2018) impulsó un programa de reformas –tributaria, laboral y educación– para disminuir las desigualdades, que cambió el rumbo del proceso político.
Olvidó las movilizaciones sociales del 2011, que golpearon a su Gobierno y cuestionaron el sistema económico. Entonces se oponían a la construcción de la central hidroeléctrica HidroAysén y cuestionaron las debilidades de la educación y estaban contra las AFP (No + AFP). El rechazo era contra su corazón: la capitalización individual, que implicaba una definición no solo económica, sino también valórica, que sería difundida en la sociedad con discursos y políticas por los Chicago boys y sería recogido por el seguro de cesantía establecido en democracia.
En vez de corregir los errores de las reformas de Bachelet, Piñera se propuso revertirlas. Comenzó con la educación, nombrando ministro a un directivo de la Fundación para el Progreso, que emplearía un estilo confrontacional hacia los alumnos y la oposición, impropio de una cartera tan importante como sensible. Sería acentuado por la ministra Marcela Cubillos, exdiputada de la UDI, cuestionando la Ley de Inclusión y criticando a los alumnos del Instituto Nacional. No fue casual que estos iniciaran las protestas contra el Gobierno en el metro.
Para revertir la Reforma Tributaria, propuso un proyecto de ley que bajaba los impuestos a las empresas (“reintegración tributaria”).
La Reforma Laboral había sido antes reducida en sus alcances a favor de los trabajadores por una decisión mayoritaria del Tribunal Constitucional (TC). Este tiene una mayoría de ministros de derecha y algunas de sus sentencias han limitado o detenido cambios institucionales aprobados por el Congreso, acentuando las tensiones en el sistema político.
Los partidos se desplomaron en su imagen ante la ciudadanía el 2015, cuando el Ministerio Público demostró la práctica ilegal de financiamiento de la política por importantes empresas. Ello puso de manifiesto la estrecha relación entre los legisladores y los empresarios, de lo cual daba cuenta una agenda legislativa y de gobierno amistosa con estos. Los partidos el 2018 eran considerablemente más débiles que el 2011, especialmente el PDC y el PS.
Esto ha sido evidente en esta crisis política, con dirigentes sin liderazgo para orientar las opiniones y actitudes de los chilenos y dar orientaciones para salir de la crisis.
También se conoció la colusión de precios por empresas, destacando el Confortgate, que se extendió entre 2000 y 2011. Este abuso reafirmaba anteriores casos de colusión, de farmacias y pollos.
Estos ilícitos no serían sancionados. El Servicio de Impuestos Internos (SII) no presentó las querellas por los delitos tributarios por emitir boletas por trabajos no realizados (“ideológicamente falsas”). El nuevo Fiscal Nacional congeló las investigaciones. Un exsenador del PS criticó la labor del Ministerio Público que denunció estos hechos, afirmando que “los fiscales están para hacer justicia, no para gobernar”.
No hubo sanción social a los líderes empresariales que incurrieron en estas conductas. Uno de los directores de la empresa involucrada, la CMPC Tissue, fue elegido presidente de la Sofofa, acompañado por consejeros elegidos que son altos ejecutivos de compañías que dieron financiamiento ilegal a parlamentarios y políticos.
Ello acentuó la baja confianza en empresas y empresarios y dañó aún más la imagen del sistema económico.
El sistema económico no es la principal columna que sostiene al sistema político, como afirman algunos economistas y políticos. Por el contrario, es parte de la “crisis integral”. Tiene un rostro amigable, la prosperidad de los chilenos, pero con otro oscuro, por el pecado original de haber sido impuesto por la fuerza, durante la dictadura, siguiendo un paradigma de neoliberalismo radical, desmantelando el Estado empresario, con la privatización de las empresas públicas, y de bienestar, con la privatización de las pensiones y la privatización parcial de la salud y educación. En democracia, se privatizarían la construcción de autopistas y las empresas sanitarias. Esto se hizo sin establecer un Estado regulador y sin que las autoridades tuvieran voluntad política para controlar las inversiones y el funcionamiento de las empresas privadas que proveen servicios públicos.
Se caracteriza, además, por la concentración económica y de la riqueza, que tiene enormes consecuencias políticas, porque las desigualdades económicas no están dispersas, como ocurre en otras democracias, limitando la influencia del poder económico en el sistema político, sino que están acumuladas, porque los superricos tienen poder político directo. Destaca el Presidente Piñera, caso único en las democracias, con la acumulación de poder económico y político en un régimen presidencial, que entrega al Mandatario considerable autoridad.
Tiene una fortuna de 2,8 billones de dólares, que corresponde al 0,94% del PIB. Es uno de los once billonarios chilenos según la revista Forbes 2018 (tienen un patrimonio de más de un billón de dólares, USD), los cuales reúnen 41, 9 billones de USD, que representan 14% del PIB.
Su fortuna sobresale en términos relativos, siendo muy superior a la del presidente de EE.UU., el “magnate” Donald Trump, con un patrimonio de 3,1 billones, que representa un 0,02% del PIB de su país. El porcentaje de la fortuna de Piñera en el PIB de EE.UU. significaría aproximadamente 200 billones, muy superior a los 112 billones de dólares de Jeff Bezos (el principal billonario estadounidense), que es el 0,5 % del PIB. El porcentaje del patrimonio de Trump en el PIB de Estados Unidos, aplicado al de Chile, lo reduciría a 59,6 millones, menor al que poseen varios empresarios que entraron a la política chilena.
La acumulación de las desigualdades también se da en la dirección de los grupos de presión empresarial, como la Sofofa, con su presidente, líder del grupo Matte, acompañado por consejeros elegidos que son controladores o altos ejecutivos de otros grupos económicos.
También están los think tanks de derecha, financiados por los billonarios, que desarrollan una activa labor de influir en la opinión pública. Destaca el CEP (Centro de Estudios Públicos), que desarrolló una activa labor con investigadores, publicaciones y un programa de encuestas financiado con un endowment de U$ 42 millones, aportado por diez grandes empresarios.
Chile tiene un problema constitucional porque la Carta Fundamental de 1980 fue impuesta por la dictadura y refleja los valores e intereses de la minoría que apoyó a sus “constituyentes”. Además, entrega un poder de veto a la minoría que permite su continuidad, a pesar de las 40 reformas constitucionales.
Las Constituciones son compromisos en las disputas entre partidos y grupos, con valores e instituciones acordadas entre sus representantes a través de complicadas negociaciones (Klaus von Beyme). Ellas no se reducen a un conjunto de artículos que conocen los expertos y aplican los jueces, como escribió Dolf Sternberger, sino que es una realidad expresada en las decisiones de las autoridades del Estado, de las organizaciones (sindicatos, partidos, asociaciones voluntarias) y en la vida de las personas. Es una Constitución viva y vivida, agrega Sternberger, que lleva al patriotismo constitucional, es decir, a un respaldo racional a su letra y a su espíritu.
La Constitución de 1980 no produce patriotismo constitucional. Sus disposiciones son motivo de conflictos entre altas autoridades del Estado. El incidente entre la Corte Suprema (CS) y el Tribunal Constitucional (TC) con acusaciones recíprocas de no respetar la Constitución, es un ejemplo reciente de ello. Habrá otro el 2020 con la elección de los gobernadores regionales, sin haberles entregado atribuciones, que actuarán ante delegados del Presidente que poseerán poder delegado por este.
Los factores que llevaron al malestar político son múltiples y de diversa envergadura, que apuntan al sistema económico de neoliberalismo radical. Intervinieron factores estructurales y decisiones estratégicas que tienen que ver con el sistema económico. Destacan dos decisiones de los gobiernos de la Concertación.
La primera fue la estrategia de legitimación democrática en torno al crecimiento económico y optando por la continuidad y no por la reforma del sistema económico heredado. Se empleó una lógica tecnocrática, es decir, una visión racional y de expertos de la política y la economía. Se creyó que esta estrategia produciría bienes políticos para alcanzar una democracia plena. Economistas y sociólogos que apoyaron esta decisión olvidaron la historia de Chile –tuvo democracia en subdesarrollo y miseria– y la historia contemporánea, que muestra que la prosperidad provoca inestabilidad política, como escribió Tocqueville a la luz de la Revolución Francesa:
“A medida que se desarrolla en Francia la prosperidad, los espíritus parecen, sin embargo, más intranquilos, más inquietos; el descontento público se va agriando cada vez más; el odio a las antiguas instituciones va en aumento. La nación marcha visiblemente hacia una revolución”.
El mayor bienestar no produjo bienes políticos cuando la economía creció un 7% anual. En efecto, la satisfacción con la democracia, en vez de aumentar, cayó, como lo mostraron las encuestas del CERC. Este contraste fue confirmado por las encuestas del Latinobarómetro. ¿Cómo se podía esperar que la ciudadanía valorara el bienestar cuando el crecimiento bajó, los servicios públicos mostraron flaquezas y la autoridad fue indiferente?
La segunda también tuvo que ver con “el modelo”. El programa de “crecimiento con equidad” del Gobierno de Aylwin siguió un camino por etapas, una después de la otra. Primeramente había que crecer y solo después avanzar a la segunda etapa, que era disminuir las desigualdades. Los gobiernos de la Concertación no avanzaron a la segunda etapa.
Combatir las desigualdades se mantuvo en un horizonte lejano. Hasta en sus últimos escritos antes de fallecer, Edgardo Boeninger, influyente ministro del Gobierno Aylwin, reiteraba su énfasis en el crecimiento y condicionaba las políticas contra las desigualdades a que no lo pusieran en peligro, viendo ahí una contradicción y no una confluencia de políticas.
Albert Hirschman, que integró el consejo asesor de Cieplan, cuyo presidente fue Alejandro Foxley, ministro de Hacienda de Aylwin, advirtió de la inviabilidad de un programa de reformas por etapas, sugiriendo que debería desarrollarse simultáneamente. El primer camino conduciría a un atasco, es decir, a la detención de las programa de reformas, por la resistencia que llevarían a cabo los actores beneficiados en la primera etapa. Habría una primera, pero no una segunda etapa.
Esta tesis fue confirmada por la oposición al programa de reformas contra las desigualdades de la Presidenta Bachelet, que provino no solo de la derecha sino también de la antigua Concertación. La resistencia a las políticas de mayor igualdad fue sin pausa, ni concesiones.
La historia no se repite, pero los gobernantes pueden empujar a sus pueblos a tropezar en piedras que cumplen funciones comparables a las que obstruyeron el camino democrático en el pasado. El anticomunismo y la perseverancia en defender el latifundio y la prohibición de los sindicatos en el campo por un sector de la derecha, impidió que la modernización política ocurriera antes que su modernización económica, para que aquella apoyara a esta. El Gobierno de Jorge Alessandri (1958-1964) incurrió en este error histórico, que llevará al desplome de los partidos tradicionales de derecha.
Un error funcionalmente equivalente cometen la UDI, un sector de RN y Evópoli y el Presidente Piñera en su obstinación por desconocer la importancia de las desigualdades en la estabilidad social y política. También lo cometen los líderes empresariales.
El Presidente Piñera, los partidos de Chile Vamos y los de la otrora NM se encuentran en un momento decisivo. Las democracias ahora no se desploman por un golpe militar; tampoco mueren sorpresivamente. Se debilitan y decaen, convirtiéndose en democracias delegativas (O’Donnell, 1992) o populistas, en un proceso que se puede prolongar en el tiempo.
No hay recetas mágicas para salir de esta crisis. Es indispensable el liderazgo, especialmente del Presidente Piñera. Debiera cuidar cada una de sus decisiones y palabras, que hasta ahora no ha hecho, y tomar decisiones que demuestren su voluntad de querer sacar al país de la crisis.
Al cuarto día después del viernes 18, Piñera pareció tomar la iniciativa, con un país convulsionado, con tres días con estado de emergencia y toque de queda por la noche en casi todas las regiones. Anunció un conjunto de medidas que perfeccionan el “modelo”, con énfasis en políticas sociales, sin propuestas estructurales y sin rechazar la reintegración tributaria. No se busca cambiar el modelo, que se basa en el esfuerzo individual, rechazando la solidaridad.
Tampoco ha cambiado al gabinete, con ministros que han cometido demasiados errores. El nuevo debe ser distinto, sin empresarios y hombres de negocios, sino políticos, que impulse un programa de reformas, con énfasis en la reducción de las desigualdades, cambiar el sistema de AFP por otro, en el cual estas atiendan las pensiones de las personas de altos ingresos, como lo hacen las Isapres con el seguro de salud, y otro sistema, solidario, que atienda a la gran mayoría de la población.
Además, debe buscar una nueva Constitución, que considere los valores de todos los chilenos.
Para ello, Piñera deberá tomar distancia de sus intereses económicos.
Estas reformas no debieran impulsarse “una después de la otra”, sino simultáneamente, con mesura y serenidad en la preparación de la nueva Constitución, que debe ser de todos, no solo de la minoría que sale a las calles a exigirla. No se debe tropezar en la misma piedra.
En una palabra, Chile debe avanzar de una democracia semisoberana a otra sin adjetivo.
