Opinión
Como país tenemos una oportunidad histórica de discutir las bases de nuestra convivencia social. A mi juicio, este nuevo contrato debe implicar una reconfiguración de deberes y derechos que tengan impacto en las dimensiones socioeconómicas en cuatro grupos sociales: los marginados, la gran clase media vulnerable, el de autonomía económica y el de elite económica. Lo planteado, sin ser mi ideal, tiene la ventaja de que sabemos que es posible. Así lo demuestra la historia de países que se movieron exitosamente en esa dirección, cuando tenían un nivel de desarrollo incluso más bajo que el chileno.
Estamos en presencia de un estadillo social sin precedentes en la historia chilena reciente. Una reacción espontánea y masiva como ésta, con múltiples demandas relativas a derechos sociales y privilegios, algunas concretas y otras abstractas, no puede ser explicada sino por una profunda frustración en el grueso de la población. Aquello invita a repensar nuestro contrato social.
¿Qué significa un nuevo contrato social? A riesgo de ser abstracto, en esta columna planteo una visión que busca ser esquemática, evitando enumerar medidas concretas y así perder la mirada sistémica. Aunque no es urgente, creo que es un ejercicio útil para los nuevos escenarios que abre este estallido.
Para hacer este ejercicio lo que propongo es dividir a la sociedad en cuatro grupos sociales (clases, si usted quiere). Así, luego de caracterizar a cada uno de ellos, el nuevo contrato social es caracterizado como la forma en que deben cambiar los derechos y deberes de cada uno de estos grupos. El análisis tiene como foco las dimensiones socioeconómicas.
El primer grupo social son los marginados (representa entre un 10% y 15% de la población). Personas que no tienen acceso a trabajos de calidad, no tuvieron oportunidades en sus vidas y no tienen ninguna posibilidad de asegurar las oportunidades para sus hijas e hijos. Este es un grupo que vive en la pobreza o la extrema pobreza y no tiene condiciones para salir de allí. El Estado no hace suficiente para que tales personas tengan una calidad de vida mínimamente digna y, por el contrario, en muchos casos tiene mecanismos para discriminar a este grupo y así perpetuar estructuralmente su situación de exclusión. El sistema penal es un buen ejemplo de esto último.
¿Cómo tendría que cambiar la vida de este grupo en un nuevo contrato social? Este grupo, como todos en este nuevo contrato, debe tener acceso de calidad y sin ninguna restricción a los derechos sociales. Sus hijas e hijos deben tener oportunidades efectivas para tener otra vida y mayor autonomía económica en su adultez. A su vez, el Estado y los privados deben respetar sus libertades, deben tratarlos de manera digna y respetuosa y deben dejar de utilizar el sistema penal como una forma de controlar socialmente a este grupo. Por último, se debe hacer un esfuerzo por integrar a este grupo a las labores más productivas, tratando de revertir su historial de exclusión laboral.
El segundo grupo es la gran clase media vulnerable (representa entre un 70% y 80% de la población). Este es un grupo que es parte del sistema (no está excluido). Aunque cumple con su parte del contrato social actual, no tiene una calidad de vida razonable para el nivel de desarrollo actual del país. Sus salarios son bajos, sus pensiones son peores, sus horarios de trabajo (remunerado y no remunerado) son extenuantes y no tiene la cobertura adecuada para enfrentar los riesgos propios de la vida. Es un grupo que si tiene suerte puede tener una vida llevadera, pero que si alguien en la familia se enferma o pierde su trabajo, su calidad de vida empeora dramáticamente. Su vida está llena de incertidumbres, incluyendo el susto a ser víctimas de un crimen o del abuso de un poderoso. Su posibilidad de influir en la vida social, ya sea en las decisiones del Estado o en las relativas a su empresa, es nula. Es un grupo que accede a una vida democrática muy limitada.
¿Cómo tendría que cambiar la vida de este grupo en un nuevo contrato social? Como también sucede con los marginados, su calidad de vida debe mejorar ostensiblemente en este nuevo contrato social. Por un lado, porque sus salarios deben crecer y su tiempo libre debe aumentar. Por otro, porque debe existir un conjunto de derechos sociales garantizados por el Estado, que eliminen la incertidumbre estructural que experimenta. Tanto este grupo, como el anterior, deben tener la posibilidad efectiva de incidir en la vida social, las instituciones democráticas deben cuidar y promover aquello, lo que va mucho más allá del derecho a voto. A su vez, las relaciones de poder en las empresas entre este grupo y los empresarios deben ser más equilibradas, sobre todo en las empresas de mayor tamaño.
El tercer grupo es el de autonomía económica (representa entre un 5% y 10% de la población). Este grupo –al que pertenezco, dicho sea de paso- vive sin incertidumbres estructurales relevantes, accede a servicios de primer nivel mundial, la mayoría de ellos privatizados, y tiene mecanismos eficientes para perpetuar tales ventajas a sus hijas e hijos. Mientras exista cierto orden social (se respete el derecho a la propiedad, por ejemplo), éste es un grupo cuya calidad de vida no depende crucialmente de la acción del Estado, lo que no necesariamente significa que no sea –especialmente- beneficiado por algunas de sus políticas (Becas Chile es un buen ejemplo). Aunque viva en el mismo país que los dos primeros grupos, tiene mucha autonomía de lo que pase con el resto de la sociedad, y aun cuando su posibilidad de incidir en la vida social está limitada a las instituciones democráticas, ya que sus decisiones económicas no tienen repercusiones políticas relevantes, accede a mecanismos extraeconómicos para sobre representar sus intereses en el discurso público y, a su vez, tiene la posibilidad de evitar que los vaivenes de la vida social alteren su vida.
¿Cómo tendría que cambiar la vida de este grupo en un nuevo contrato social? Debe ser integrado a la sociedad, en el sentido de que el nuevo contrato social debe lograr que este grupo comparta con los dos primeros en los ámbitos fundamentales de la vida social. Es decir, el nuevo contrato social debe limitar la capacidad de este grupo de desentenderse y aislarse de lo que pasa con la gran mayoría del país. Aquella integración social no sólo tiene un valor en sí mismo, sino que resulta clave para la sustentabilidad política de un sistema de derechos sociales de calidad. Para ejemplificar mi punto, si el 99% de la población nos atendemos en el mismo sistema de salud, lo más probable es que se generen las condiciones políticas para que ese sistema sea lo mejor posible dado nuestro nivel de desarrollo. Algo que claramente no sucede en la actualidad con nuestro sistema público de salud. Aunque debemos pensar una nueva estrategia productiva, Chile ya tiene hoy un nivel de desarrollo suficiente como para que podamos tener un acceso de calidad a los derechos sociales que sea transversal.
Este grupo, a su vez, debe pagar impuestos a la renta más altos y así financiar una parte del esfuerzo fiscal que debemos hacer para cumplir con los cambios señalados.
El cuarto grupo es el de la elite económica (representa entre un 0.1% y 1% de la población). Este grupo no sólo tiene resuelta todas sus necesidades económicas (según los estudios, se lleva al menos el 20% del ingreso nacional), sino que, al concentrar el grueso de las decisiones de inversión, tiene un gran poder económico y político. Su capacidad de lograr que el sistema democrático juegue a su favor –rompiendo la promesa de igualdad política- tiene distintos mecanismos. Por ejemplo, si ya fracasó su estrategia de influenciar la elección vía financiamiento –legal e ilegal- de campañas políticas, ya que una plataforma progresista ganó una elección proponiendo aumentar los impuestos a sus ingresos (principalmente de capital), puede decir por sus diarios, radios o canales de televisión (o de sus amigos), que si aquello se concreta, van a invertir menos en Chile, amenazando de manera creíble al resto de la población y obligándolos a moderar su intenciones distributivas. Así, este es un sector cuyo poder político fáctico (inmune a las necesarias instituciones democráticas representativas) se pone en cuestión sólo en situaciones extraordinarias, por ejemplo, cuando existen estallidos y protestas sociales como las vividas estos días.
¿Cómo tendría que cambiar la vida de este grupo en un nuevo contrato social? El incremento de sus impuestos debe ser la principal fuente para financiar los compromisos adquiridos por este nuevo contrato social. A su vez, debe reducir sus utilidades vía incrementos salariales y reducción de horas trabajadas. Debe también aceptar una relación más igualitaria con los trabajadores. Y aunque difícilmente se pueda integrar realmente a la vida social de la mayoría, el nuevo contrato social debe buscar todas las formas de atenuar la posibilidad que tiene este grupo de transformar su poder económico en poder político, sobrerrepresentado sus intereses en las instituciones democráticas. Como este nuevo contrato social sigue siendo capitalista (y de hecho se vive actualmente en sociedades capitalistas), el poder político asociado a la concentración de la propiedad no puede ser totalmente eliminado, incumpliendo en la práctica el anhelo de “una persona, un voto”, pero sí se puede atenuar ostensiblemente. Sin ir más lejos, aquel poder fáctico fue limitado en la historia de Chile con la eliminación del voto censitario, con la cédula única (para evitar cohecho) y con las recientes normas al financiamiento de la política.
Como país tenemos una oportunidad histórica de discutir las bases de nuestra convivencia social. A mi juicio, este nuevo contrato debe implicar una reconfiguración de deberes y derechos, del tipo descrito en párrafos anteriores. Lo planteado, sin ser mi ideal, tiene la ventaja de que sabemos que es posible. Así lo demuestra la historia de países que se movieron exitosamente en esa dirección, cuando tenían un nivel de desarrollo incluso más bajo que el chileno.
