Opinión
La integración tributaria total aumentará aún más la regresividad del sistema tributario chileno, contribuyendo a elevar (si cabe) la desigualdad de una sociedad que ostenta los mayores niveles mundiales. A contrario sensu de lo que suele afirmarse por los “ideólogos vudú” criollos, la carga tributaria y los impuestos a la renta pagados en Chile están claramente por debajo del promedio de lo que tributan los países de la OCDE, mientras que el coeficiente de Gini (nivel de desigualdad) señala a nuestro país sólo precedido por México.
Hace unas semanas, el Nobel de Economía Paul Krugman describía en el diario New York Times el derrotero que ha seguido entre los gobiernos republicanos, desde Ronald Reagan hasta el inefable Donald Trump, su mantra reduccionista de impuestos a los grupos más ricos de los Estados Unidos. El mantra republicano consiste en su convicción de que menos impuestos conllevan siempre mayor inversión, mayor crecimiento y mayor empleo. Con ironía, Krugman definía que las sucesivas administraciones conservadoras en los EEUU han derivado desde la “economía del vudú a la del “mal de ojo”. Esto equivale a decir que los menores ingresos fiscales por la reducción de impuestos a los ricos se compensarían con un mayor crecimiento y, en definitiva, con mayores ingresos tributarios.
¿Es eso así? Nada lo demuestra, pero esta política zombie -dice Krugman- “es una creencia que ha fallado cada vez que sus defensores han intentado ponerla en práctica”, y que, como en el caso de la presidencia de George W Bush, no sólo no generó más crecimiento, sino que concluyó en la peor depresión desde los años ’30. Y cuando esta suerte de pensamiento mágico les falla a los republicanos, responsabilizan a otros de su mal resultado. Trump ha culpado reiteradamente al Banco Central estadounidense por no bajar las tasas de interés, a China por mantener artificialmente bajo el precio de su moneda y elevar el déficit comercial de EEUU, e incluso a sus opositores demócratas de «querer que la economía sea mala para los propósitos de las elecciones de 2020″. Esta sería la política del mal de ojo.
Cualquier semejanza con la política chilena es pura coincidencia. Acá, la integración tributaria total (el gobierno de Bachelet II ya había desintegrado parcialmente el régimen tributario al permitir que dos terceras partes de lo declarado fuesen descontadas como crédito) redundaría en una pérdida fiscal cercana a los US$ 800 millones, que irán en su mayor parte a los bolsillos del uno por ciento de mayores ingresos. Este regalo se compensaría con más inversión, más crecimiento y mayor nivel de empleo. La verdad es que nada demuestra que así será. Más bien -dada la evidencia de lo sucedido bajo las administraciones republicanas de los EEUU- todo pareciera indicar lo contrario.
Pero aquí no termina la historia. La integración tributaria total aumentará aún más la regresividad del sistema tributario chileno, contribuyendo a elevar (si cabe) la desigualdad de una sociedad que ostenta los mayores niveles mundiales. A contrario sensu de lo que suele afirmarse por los “ideólogos vudú” criollos, la carga tributaria y los impuestos a la renta pagados en Chile están claramente por debajo del promedio de lo que tributan los países de la OCDE, mientras que el coeficiente de Gini (nivel de desigualdad) señala a nuestro país sólo precedido por México (ver cuadro).
Sin embargo, tampoco aquí acaba la historia. Ni los sucesivos gobiernos concertacionistas ni los de Piñera han hecho el ejercicio de revisar integralmente -con un enfoque algo menos cortoplacista que la gimnasia presupuestaria anual- en qué y cómo se gastan los impuestos. Preguntarse por ejemplo si el nivel de gasto en Defensa es consistente con las recomendaciones que la misma OECD ha hecho respecto de “incrementar los ingresos públicos provenientes de los impuestos a la renta para aumentar la equidad”. O examinar si aquél es además consistente con el de un vecindario que destina entre la mitad (Perú) y un cuarto (Argentina) del gasto nacional. Y si de echar mano a la billetera se trata, no es despreciable el “stock” de US$ 5.000 millones que atesoran las FFAA proveniente de los fondos del cobre.
Más allá (o acá) de la abusiva dieta de los parlamentarios criollos, hay aún mucha grasa en el gasto público que puede contribuir a engordar el gasto social. Una revisión integral debería incluir a instituciones donde uno de cada cuatro funcionarios – como es el caso de Gendarmería- desempeña tareas no operativas concedidas como “premio” a los incondicionales de las jefaturas de turno. Grasa burocrática tanto o más contradictoria cuando al mismo tiempo se pide más gendarmes en las cárceles. Hay también en Gendarmería un abultado gasto en remuneraciones asociado a “asignaciones de riesgo” de difícil justificación. ¿Alguien entiende por qué los gendarmes chilenos son el único cuerpo militarizado de prisiones con “coroneles” y “mayores” cuya única justificación son las elevadas rentas percibidas tanto como activos o en retiro?
Respecto de su Producto Interno Bruto, la carga tributaria chilena -sesgada por un impuesto regresivo, como el IVA- es un 42% menor que la de la OCDE; el impuesto a la renta; un 38% menor que el promedio OCDE; el gasto social, el equivalente a la mitad; el gasto en pensiones, un 43% menor; el gasto en educación, un 38% inferior, y el gasto en salud, un 41 por ciento más bajo (ver cuadro)..
A contrapelo de la propuesta de la OCDE de reducir la banda con que se grava a las personas de mayores ingresos, el proyecto de reforma tributaria -hoy (todavía) en el Senado- mantiene inalterable la intención de disminuir desde 40% a 35% la tasa de impuesto a ese grupo.
Parte no menor del abultado endeudamiento promedio de los chilenos -y del escasamente regulado mercado habitacional- proviene de la especulación alentada por las empresas inmobiliarias. Se sabe de casos donde estas empresas, mediante triquiñuelas que el regulador debiera ya ccnocer- obtienen préstamos hipotecarios para la esposa, suegra o cuñada de un mismo adquirente, que logra así evadir el control consolidado de su endeudamiento, pero hacerse del dominio de tres o más propiedades. En teoría, el valor del arriendo pagaría el pago del préstamo. Pero es una burbuja con un potencial altamente explosivo. Basta recordar la crisis “subprime” estadounidense.
¿Cómo refrenar esta especulación inmobiliaria? La misma OCDE ha dado la respuesta: “Los ingresos de impuestos sobre la propiedad figuran entre los más bajos de los países de la Organización”. De paso, claro, ésta es una fuente adicional de ingresos fiscales.
Ahora pensemos proactivamente: ¿Sería mucho pedir que Gobierno y Congreso hinquen el diente en sectores “sensibles”?
