Opinión
Negarse a ese proyecto de reforma sería, finalmente, temer a la democracia y optar por el oportunismo que da ventajas. Será haber preferido las trampas al diálogo cívico y pacificador, ampararse en el statu quo que favorece a la minoría. Pero ello equivale también a desechar la vía institucional y buscar de modo avieso escenarios que favorezcan la ley de la fuerza, tal como ha ocurrido en el pasado.
El sistema político y el orden social vigentes en el país, perdieron la confianza de amplias mayorías nacionales. Esto explica la crisis de gobernabilidad que avanza gravemente. El mismo sistema político es responsable de dicha pérdida, porque a este le corresponde producir su propia legitimación, esto es, el hecho social de ser reconocido como legítimo. No es tarea de la sociedad civil ni de la ciudadanía espontáneamente cumplir esa función.
Como se sabe, ningún sistema político está exento de perder su reconocimiento como legítimo y verse expuesto a que los criterios jurídicos y formales en que se fundaba ya no tengan eficacia social, es decir, no sean suficientes para garantizar gobernabilidad y orden público. Este es el caso chileno.
Sin recuperar esa confianza, es decir, sin la expectativa generalizada de que dicho orden político y económico responda a las demandas de buen Gobierno, ni a las condiciones que exige la ciudadanía, tal sistema político deja de cumplir su función sistémica más propia, aquello que justifica su existencia.
Un sistema institucional sin legitimación como hecho social, más allá de que usted o yo lo considere legítimo o válido jurídicamente, de conformidad con un sistema de ideas o juicios normativos propios de una filosofía política determinada, deja de ser idóneo, al margen del signo político o ideológico que tenga el Gobierno de turno.
A su vez, esta ausencia o pérdida de legitimación no es un simple asunto de orden público. Lo cierto es que este deriva de aquella. El sistema político es apto para imponer un orden público precisamente porque cuenta con esa legitimación. Si ha perdido esa condición de hecho, se hallará impedido de esa capacidad.
Cuando se produce esta situación, los sistemas políticos deben revalidar su confianza por parte de la ciudadanía. Para ello no basta con los procedimientos y voluntades normativas preestablecidos por el propio sistema, se requiere de un validador externo, que no es otro que la comunidad de ciudadanos. La convocatoria, a mi juicio, debería hacerse mediante un proceso que las actuales autoridades pueden llevar a efecto, salvaguardando que en definitiva la decisión sobre los asuntos constitucionales sustantivos sea adoptada democráticamente.
En este proceso nadie peca de suspicacia desmesurada si declara alguna aprensión o duda y, en consecuencia, quienes tienen la iniciativa o la facultad constitucional respectiva deben tomar todos los recaudos para evitar la desconfianza. Lo anterior puede adoptar caminos o diseños distintos y ello dependerá de la sagacidad e integridad democrática de esas autoridades. En esto consiste un nuevo acuerdo constitucional, que desde su origen debe dar cuenta de la crisis de confianza o de legitimación.
En síntesis, los que pueden conducir a una salida institucional no están en las calles. Son las autoridades de Gobierno y el Congreso Nacional quienes tienen las facultades constitucionales para iniciar y dar lugar a los procedimientos correspondientes. Si no lo hacen serán ellos los responsables de que la situación se agrave aún más, no la sociedad civil, no los que marchan o repletan las plazas del país.
Un proyecto de reforma constitucional que permita la convocatoria a un plebiscito previo o directamente a una Asamblea Constituyente, lo que se puede llevar a cabo dentro de la institucionalidad vigente, sin que dicha asamblea –ciertamente– pueda sustituir o invadir las atribuciones y competencias del sistema político actual. Esta iniciativa constitucional requiere acuerdo de Gobierno y oposición, dado que exige dos tercios en cada cámara, es decir, que la minoría lo obstruya constitucionalmente. Tal reforma allanaría el camino para la decisión del tercero legítimo, de conformidad con el principio democrático, es decir, por las mayorías ciudadanas institucionalmente convocadas.
Negarse a ese proyecto de reforma sería, finalmente, temer a la democracia y optar por el oportunismo que da ventajas. Será haber preferido las trampas al diálogo cívico y pacificador, ampararse en el statu quo que favorece a la minoría. Pero ello equivale también a desechar la vía institucional y buscar de modo avieso escenarios que favorezcan la ley de la fuerza, tal como ha ocurrido en el pasado.
La oposición política, por su parte, debe unirse en torno a esta propuesta y dejar al descubierto la resistencia a una salida institucional por la vía de un acuerdo que lo único que garantiza es una resolución democrática de la crisis social y política que vive Chile. Lo que debe quedar claro para amplios y ahora activos sectores de la ciudadanía, es que hubo quienes prefirieron sus privilegios, aún al precio de renegar de la democracia, utilizando sin rubor el autoritarismo de la Constitución vigente que subordina la reforma democrática a la voluntad de la minoría.
