PAÍS
El caso de Gustavo Gatica, el estudiante agredido por la policía uniformada en la Plaza Italia durante la manifestación del 8 de noviembre, quien perdió la vista de ambos ojos luego que carabineros le dispararan en la cara con un arma antidisturbios, confirma el escalofriante dato que la cantidad de lesionados en los ojos por balas de goma no solo es récord en la historia de Chile, sino que tampoco tiene precedentes en el mundo. En cuanto a los datos comparativos con otros estallidos sociales, los números también son categóricos: más de 5 mil detenidos, casi 2 mil heridos y 22 víctimas fatales no tienen relación con los cinco meses de protesta en Hong Kong, las dos semanas en Cataluña, una semana en el Líbano y una en Ecuador.
Las expresiones de violencia contra la cosas han ocasionado pérdidas millonarias, durante las últimas semanas. Los incendios, los saqueos y los daños materiales a instalaciones públicas y privadas, no solo terminarán impactando el crecimiento del país desde una perspectiva macroeconómica, sino que tendrán también un impacto profundo en el empleo y en la supervivencia de pequeñas y medianas empresas.
Pese a la magnitud de lo anterior, el récord que tristemente ostenta Chile es el de ser el país que ejerce la mayor violencia contra las personas, en donde la cantidad de mutilados oculares no tiene precedentes en ninguna parte del mundo donde han explotado revueltas sociales.
La muestra más evidente es el caso de Gustavo Gatica, el estudiante agredido por la policía uniformada en la Plaza Italia durante la manifestación del 8 de noviembre, quien perdió la vista de ambos ojos luego que carabineros le disparara en la cara con un arma antidisturbios.
El presidente de Derechos Humanos del Colegio Médico, Enrique Morales, aseguró que la responsabilidad «no es solo del carabinero que usa su arma y dispara» sino también de las «máximas autoridades de este país», incluso «del propio Presidente de la República».
Observadores de la ONU instaron “a las autoridades a cesar de inmediato el uso de balines y perdigones, que ha causado cientos de heridos y más de 180 traumas oculares, de acuerdo con las cifras oficiales del Instituto Nacional de Derechos Humanos”.
Además, señalaron que “la utilización arbitraria e indiscriminada de este tipo de armas no letales, constituye una violación grave de los Derechos Humanos y vulnera el principio de proporcionalidad”.
Dennis Cortés, presidente de la Sociedad Chilena de Oftalmología, entregó ante la Comisión de la ONU un dato escalofriante: la cantidad de lesionados en los ojos por balas de goma no solo es récord en la historia de Chile, sino que tampoco tiene precedentes en el mundo.
«No hay ningún número en la historia de nuestra especialidad que avale estos números que tenemos en este momento», afirmó.
«Más aún, cuando hablamos de esto a nivel internacional, haciendo una revisión exhaustiva del número de casos de pacientes que han perdido un globo ocular por uso de armas no letales, el número es también muy alarmante y lideramos, tristemente, esta cifra«, recalcó.
«Haciendo una revisión de los últimos 27 años, tomando todas las series publicadas respecto a personas que fueron dañadas con armas no letales en manifestaciones o áreas de conflictos -y estoy incluyendo a Israel, Palestina, Jerusalén, Gaza, entre muchos otros-, en total son más de 1.900 lesionados por balines, y de ellos 300 tenían lesiones oculares».
«Nosotros tenemos prácticamente la mitad de ese número en dos semanas«, denunció.
La agenda punitiva anunciada el jueves de la semana pasada por el Presidente Sebastián Piñera como una medida para proteger la seguridad de las personas, contrasta con la alta cifra de detenidos, muertos y heridos que se han reportado en casi tres semanas de manifestaciones. Según el INDH, al 6 de noviembre ha habido 5.012 personas detenidas, 1.708 heridos de distinta gravedad. Hasta ahora se han contado un total de 22 muertos, 5 personas por acción directa de agentes del Estado.
Todas estas cifras superan con creces a las otros países que han enfrentado conflictos similares en las últimas semanas.
Las protestas en Hong Kong comenzaron hace cinco meses. Más de un millón de personas salió a la calle el 9 de junio pidiendo el fin de un proyecto de ley para extraditar personas a China continental. La isla está bajo el control del régimen comunista desde 1997, cuando Inglaterra devolvió el territorio. Desde entonces Hong Kong tiene un estatus político especial. Hay partidos políticos, autonomía legislativa, menos en temas de defensa y relaciones internacionales, y un sistema de libre mercado que incluye acceso libre a Internet, al contrario del resto de los chinos.
Este es el modo de vida que salieron a defender los hongkoneses en las calles. A la semana siguiente, el 15 de junio, la gobernadora de la isla, Carrie Lam, anunció que el proyecto de ley de extradición se “retrasaba indefinidamente”. Al día siguiente hubo una nueva manifestación en la que participaron casi dos millones de personas. El 5 de agosto el proyecto que dio origen a la revuelta fue retirado. Uno de los activistas más notorios, que no tiene líderes reconocibles, es Joshua Wong. El 25 de agosto Wong se reunió con el diputado de la UDI Jaime Bellolio, quien se enfrascó en un debate con el embajador de China en Chile, quien considera a Wong un “matón social”, responsable de actos ilegales, teniendo en cuenta que los manifestantes también han bloqueado calles, barrios, obligando a cerrar el comercio y también se han registrado enfrentamientos entre la policía y manifestantes con bombas molotov.
Uno de esos días de revuelta, fue el martes 1 de octubre. Después que las autoridades celebraran los 70 años del triunfo de Mao Tse Tung, miles de personas salieron a la calle. Hubo al menos 15 heridos y se registró el primer y único herido a bala reportado hasta ahora, que fue atendido en estado grave pero sobrevivió. Otra jornada intensa se registró el sábado 2 de noviembre. En una manifestación ilegal los manifestantes incendiaron la sede de la agencia estatal de prensa Xinhua. Las protestas hoy se centran en obtener el sufragio universal del gobierno autónomo y además la libertad de los 3 mil detenidos durante las manifestaciones. Según los conteos de distintas organizaciones internacionales de Derechos Humanos, los heridos en 22 semanas de protestas alcanzan los 450. En Chile, al 6 de noviembre, el INDH reportó 1.778 heridos.
El 1 de octubre, el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, anunció seis medidas de ajuste económico. Entre ellas la liberalización del precio del combustible y el fin del subsidio que tenía la gasolina. Desde el día siguiente comenzaron las manifestaciones convocadas por organizaciones sociales y de los pueblos originarios que componen el país. La primera señal de inestabilidad la marcó una huelga de transportistas y locomoción pública que paralizó el país. El 4 de octubre Moreno decreta el estado de excepción y los militares salen a la calle y resguardan el palacio de gobierno. El 11 de octubre el gobierno decreta el toque de queda.
El 8 de octubre la tensión escala a tal punto que el Presidente Moreno decide trasladar el gobierno a Guayaquil, ante el peligro del Palacio de Carondelet. Las manifestaciones duraron hasta el día 13 de octubre, cuando Moreno retrocede en su idea de quitar el subsidio al combustible.
La revuelta en 10 días, dejó un total de 11 muertos, 1.340 heridos y 1.190 detenidos. Menos que en Chile.
Un detonante político: esta vez la sentencia por sedición a los líderes del proceso independentista de Cataluña (el procés), pronunciada el 14 de octubre, desató la acción ciudadana que ya parece familiar. Autos incendiados, barricadas, saqueos y marchas ciudadanas pacíficas en toda la región en apoyo a la independencia y en repudio al gobierno central La Moncloa en Madrid. Célebre en Chile al menos fue la imagen en que un carro lanzaguas viajaba por carretera desde Madrid para reprimir las manifestaciones. El carro fue usado por primera vez el viernes 18 para dispersar a los manifestantes que ese día registraron su mayor intensidad. Tres personas perdieron un ojo y un policía fue ingresado con una fractura en el cráneo y tres vértebras. El balance en seis días de protesta dejó un total de 593 heridos, 17 graves y 2 muy graves. En total, entre el 14 y el 19 de octubre, la policía registró 193 detenidos.
Las protestas en el Líbano comenzaron el 17 de octubre por un detalle que parece frívolo: el impuesto a los mensajes de redes sociales, especialmente a los mensajes de Whatsapp y también a la gasolina y al tabaco. Además colaboraron en el clima de conflicto unos 100 incendios forestales provocados por la mala gestión del organismo estatal a cargo.
Pero las protestas tienen su antecedente más fuerte en la crisis económica que enfrenta el país desde al menos 2010, cuando el régimen de tipo de cambio fijo entre la libra libanesa y el dólar se hizo insostenible y el modelo económico, basado en la importación de bienes, colapsó. El país tiene US$86.000 millones de deuda y un 25% de desempleo.
Las primeras protestas empezaron en muy menor escala con piquetes de personas en la capital, Beirut, a fines de septiembre. El 17 de octubre, luego de anunciarse los impuestos, 100 manifestantes bloquearon la calle que une los sectores oeste y este de la ciudad. Lograron bloquear el paso del ministro de Educación, uno de sus guardaespaldas hizo varios disparos al aire. No hubo heridos y el guardaespaldas fue detenido. Pero este hecho marcó el inicio de la revuelta.
Miles de personas comenzaron a reunirse en la Plaza de los Mártires, en el centro de Beirut. Las protestas se extendieron a otras ciudades, como Trípoli en el norte, donde la gente incendió sedes de algunos partidos políticos como Hezbollah, cuyos partidarios se enfrentaron a los manifestantes.
A pesar de estar en una región de permanente conflicto, en las protestas se registraron, según los datos conocidos hasta ahora, 70 detenidos y 2 muertos. Se desconoce la cantidad oficial de heridos. El primer ministro Saad al Hariri decidió renunciar el 29 de octubre como una forma de pacificar el país.
