Opinión
La Agencia de la Calidad declara que el Simce es un “patrimonio” del sistema educativo. Un patrimonio de tres décadas. En la calle, la consigna “no son 30 pesos, son 30 años” se suma al derribo de estatuas en varias ciudades del país y su reemplazo por otros símbolos. El cuestionamiento social es profundo. Es a la política, al ordenamiento de nuestra sociedad y a las bases ideológicas del modelo y su organización. El Simce es parte de lo que está cuestionado y sería bueno reconocer que, al ser patrimonio del modelo, se transforme en un objetivo a derribar.
La Agencia de la Calidad de la Educación ha informado que aplicará el Simce de 4° básico este mes, en medio de los continuas protestas que ocurren con la crisis sociopolítica que vive el país.
Secunda la decisión de aplicar el Simce la ministra de Educación, Marcela Cubillos, que argumenta que estarían las condiciones para tomar la batería de exámenes, habida cuenta que, según informa Daniel Rodríguez, secretario ejecutivo de la Agencia de la Calidad y la propia ministra Cubillos, “no habría consecuencias” y que sus resultados se usarán “con fines de diagnóstico e investigación”.
La pregunta legítima es: ¿tiene el secretario ejecutivo de la Agencia de la Calidad las atribuciones para suspender las consecuencias del Simce?
Esto podría ser materia de discusión legal, que –nuevamente– permita probar si tanto el Ministerio de Educación como la Agencia de la Calidad están o no cumpliendo con su deber. Por lo pronto, lo que sabemos es que las consecuencias del Simce no dependen de lo que diga la Agencia de la Calidad, sino que están escritas en leyes. No una, sino varias: la Ley 19.410 del Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño, la Ley 20.248 de Subvención Escolar Preferencial y la 20.529 de Aseguramiento de la Calidad de la Educación.
En el Parlamento hay en discusión al menos dos proyectos asociados al Simce. Uno busca evitar el cierre de escuelas por resultados Simce y fue presentado en el Senado poco antes del estallido social (Boletín 12980-04).
Otro proyecto, presentado a fines de 2017, busca modificar la forma en que se presentan los resultados Simce para evitar rankings de escuelas (Boletín 11553-04).
Estos dos proyectos dan cuenta de que el uso de los resultados de las pruebas Simce es materia de discusión legislativa y, por lo tanto, requieren de trámites parlamentarios. ¿Cuáles son los mecanismos legales que respaldan la información de la Agencia de la Calidad respecto a la inexistencia de consecuencias del Simce de este año? Esta pregunta debieran responderla desde el Gobierno, pero también desde el Congreso.
Si bien no se puede profundizar en los cuestionamientos al Simce, vale la pena listar algunos. Es un sistema de mediciones que emerge de la iniciativa de la dictadura para orientar la transformación de la educación hacia el mercado. Es un dispositivo de pruebas que no tiene carácter pedagógico, pues está hecho para clasificar escuelas y sus resultados no informan sobre prácticas pedagógicas.
La política pública le ha atribuido tantos propósitos que no podemos saber, con certeza, qué es lo que mide el Simce. Mezcla intenciones de medir cobertura curricular, conocimientos de estudiantes, pero al mismo tiempo la política le atribuye incentivos y castigos a escuelas y comunidades escolares sobre la base de los resultados de la prueba.
Los incentivos incluyen suplementos salariales para los trabajadores docentes y no docentes de las escuelas, y los castigos incluyen el cierre de los establecimientos. Desde la perspectiva de organizaciones docentes, se considera que el Simce es un modelo que instrumentaliza la profesión y le quita el sentido a la experiencia escolar, agobia a estudiantes y comunidades escolares y no promueve el pensamiento crítico ni divergente.
La Agencia de la Calidad declara que el Simce es un “patrimonio” del sistema educativo. Un patrimonio de tres décadas. En la calle, la consigna “no son 30 pesos, son 30 años” se suma al derribo de estatuas en varias ciudades del país y su reemplazo por otros símbolos. El cuestionamiento social es profundo. Es a la política, al ordenamiento de nuestra sociedad y a las bases ideológicas del modelo y su organización. El Simce es parte de lo que está cuestionado y sería bueno reconocer que, al ser patrimonio del modelo, se transforme en un objetivo a derribar.
Como sociedad, nos hemos rebelado también contra los 30 años de Simce.
En el estallido social de estas semanas, el Colegio de Profesores ha llamado a realizar un boicot al Simce, evitando que la prueba se rinda. Para el boicot, apelan a que las familias no envíen a sus hijas e hijos a la escuela.
Simbólicamente llaman a la “evasión al Simce”. Cuestionan la existencia de este o cualquier otra medición que busque crear un mercado a partir de derechos, como el derecho a la educación. En este contexto, la movilización contra el Simce permite también pensar en la educación del proceso constituyente que se nos avecina.
El Simce, por tanto, está entre los temas educacionales que pueden anticiparse para la discusión constitucional que ha iniciado la calle. Haría bien que, en este momento de reimaginarnos constitucionalmente, busquemos comprender y alentar las acciones de protesta contra el Simce, pues, por mucho que nos digan que no las hay, no tenemos certeza de que las consecuencias de dicha medición puedan eliminarse del todo si estas dependen de la legislación.
