PAÍS
19 organismos de Derechos Humanos ingresaron una carta dirigida al Presidente de la República para solicitar formalmente la renuncia del general director de Carabineros, Mario Rozas. Estos acusaron el «uso abusivo de la fuerza policial” y expusieron la existencia de casos de abusos sexuales, manifestantes con estallido del globo ocular y el uso indiscriminado de la escopeta antidisturbios, con balines -cuya composición- está bajo la investigación de la Fiscalía. El mandamás de la institución además fue citado por el Ministerio Público, junto al exministro del Interior, Andrés Chadwick y el designado como jefe de la Defensa Nacional en Santiago durante el Estado de Emergencia, Javier Iturriaga, para declarar en calidad de testigo en el marco de la querella contra el Presidente Sebastián Piñera precisamente por «permitir violaciones a los Derechos Humanos».
«Estamos simultáneamente en Santiago, Valparaíso y Temuco entregando esta carta donde le exigimos al Presidente que le pida la renuncia al general director de Carabineros». 19 organismos de Derechos Humanos llegaron hasta la oficina de partes de la Intendencia Regional de La Araucanía para ingresar una carta dirigida al presidente de la República, Sebastián Piñera, solicitando formalmente la renuncia del mandamás de la institución, Mario Rozas.
¿Las razones? “Por el uso abusivo de la fuerza policial”, dijo a Radio Bío Bío Alejandra Parra, vocera de la coordinación de organizaciones por los Derechos Humanos.
Según el escrito, de las más de 290 personas con lesiones oculares severas,»nueve de ellas pertenecen a la región de La Araucanía”, añadió Parra.
Además, los organismos acusaron que en La Araucanía han existido casos de abusos sexuales a mujeres, manifestantes con estallido del globo ocular y el uso indiscriminado de la escopeta antidisturbios, con balines -cuya composición- está bajo la investigación de la Fiscalía.
Los dirigentes sociales también se refirieron al informe de Amnistía Internacional –el que fue desacreditado por el Gobierno– que estableció la ocurrencia de violaciones a los Derechos Humanos por parte de agentes del Estado durante la crisis.
De acuerdo a la abogada Karina Riquelme, hoy en día se están cometiendo delitos de lesa humanidad en el país y, a su parecer, le parece “gravísimo” que una organización de DDHH visite el país, se reúna con víctimas, establezca un informe y el Gobierno “nos diga que es mentira”.
La querella presentada contra el Presidente Sebastián Piñera, y quienes resulten responsables por presuntamente permitir la violación a los DDHH durante el estallido social, va tomando forma. Esto luego de que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declarara admisible el recurso judicial y de que el fiscal regional metropolitano occidente, José Luis Pérez Calaf, se inhabilitara de llevar la investigación por su cercanía con uno de los abogados del jefe de Estado.
Bajo ese contexto, según consigna Ciper, Claudia Perivancich, jefa de la Fiscalía Regional de Valparaíso, ya comenzó a efectuar citaciones a una serie de testigos solicitados por los querellantes.
¿Quienes son? El exministro del Interior, Andrés Chadwick, el designado como jefe de la Defensa Nacional en Santiago durante el Estado de Emergencia, Javier Iturriaga, y el general director de Carabineros, Mario Rozas. Todos fueron citados por el Ministerio Público para declarar en calidad de testigos en el marco de la querella contra el Presidente.
Cabe mencionar que la acción judicial está dirigida contra el Mandatario y todos los que pudiesen resultar responsables de nueve delitos de lesa humanidad, entre los que se cuentan “homicidios”, “torturas y apremios ilegítimos, físicos, mentales y sexuales” y “mutilación de miembros importantes” como destrucción de globo ocular.
Bajo esa premisa, también prestarán declaración el contralmirante de la Marina Juan Andrés de la Maza, quien asumió como jefe de la Defensa Nacional en la Región de Valparaíso, y el contralmirante Carlos Huber, que ocupó mismo cargo en el Biobío.
Los querellantes también pidieron oficiar a 19 instituciones públicas para recabar información útil para la investigación. Sin embargo, la Fiscalía no ha cursado esas acciones pues pidió precisar la información que se requiere en cada caso. Entre ellas están el Ministerio del Interior y el de Justicia, diversos centros hospitalarios, el SML, así como el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Colegio Médico, además de otras organizaciones civiles y gremiales ligadas a la defensa de los derechos humanos.
Ciper además informa que una de las testigos solicitadas por la parte querellante no ha sido incluida aún en la nómina de la Fiscalía. Se trata de la ex jefa del Departamento de Laboratorios del Servicio Médico Legal, Aleida Kulikoff, quien denunció el pasado 26 de octubre que fue desvinculada de manera arbitraria.
