Opinión
Debemos evitar el “rebote” entre la demanda ciudadana y una política que juegue a escenarios de normalización artificiales. Debemos hacerlo con la mente amplia, con sobriedad y sin prejuicios. No podemos enfrentar el futuro del país apelando a los códigos y las prácticas políticas encapsuladas que le han hecho daño a la política. En lo personal, para adelantar posiciones, abogaré por una Constitución surgida de un proceso constituyente, participativo y diverso, con participación de los independientes y la sociedad civil, que consagre un Estado Unitario Descentralizado, Plurinacional y con un sistema Semi Presidencial.
¿Alguien aún duda que tras las manifestaciones que estamos viviendo subyace también una crisis que no es sólo de nuestro sistema institucional, sino también del régimen político que lo sustenta?
Por lo mismo, más que buscar atajos, nuestro país tiene hoy la oportunidad de refundar sus instituciones y el sistema político que nos gobierna. La gente en las calles ya se pronunció. Las masivas marchas, los encuentros y cabildos auto convocados inauguraron por sí y ante sí un “momento constitucional” (como lo describe Bruce Ackerman). Esto no lo podemos perder de vista, sobre todo porque la política institucional llegó tarde. El triunfo es de la gente y el protagonismo logrado no lo va a ceder. En esto no podemos perdernos si queremos llegar a buen puerto.
Como se sabe, junto a un representativo y transversal grupo de senadores y diputados regionalistas, alcaldes, consejeros regionales, dirigentes gremiales y sociales, hemos venido trabajando desde hace años en la descentralización, la regionalización y el relevamiento de los gobiernos locales. Lo hemos hecho con la genuina convicción de que la actual arquitectura institucional del país no da el ancho y es un freno para una mejor democracia y una mejor economía: restringe los espacios de participación e inhibe el desarrollo de las economías regionales.
Hoy, por Ley, está aprobada la elección de Gobernadores en octubre del 2020. Más allá de las imperfecciones del diseño aprobado en el Congreso y de la, hasta ahora, nula disposición del actual gobierno para aprobar los reglamentos y leyes pendientes, en particular, la Ley de Rentas Regionales, lo cierto es que esta elección desencadenará un proceso político inédito de participación. Si ayer era imperativo avanzar, hoy la urgencia es mayor. Quiero hacer el punto: la regionalización y la descentralización forma parte de la solución y no del problema que vive el país.
Coloquemos más contexto. El exacerbado presidencialismo consagrado en la Constitución del 80 colapsó. Cuando el Rey va desnudo el país se paraliza. Nuestra institucionalidad política no tiene reales contrapesos, lo que dificulta la solución de cualquier crisis. La figura del Presidente concentra el poder a tal grado, que ahoga la toma de decisiones en situaciones de stress institucional como el que estamos viviendo. Cuando el “resorte de la máquina” pierde el tono, genera irremediablemente un vacío de poder que desajusta todo el sistema. Algunas instancias se inhiben y otras se sobregiran, mucho de eso hemos visto en el debate sobre el atropello a los DD.HH.
El “peso de la noche” subyacente en una Constitución presidencialista, autoritaria, centralista y con un Estado Subsidiario se ha cristalizado en un diseño burocrático, anquilosado, de respuestas lentas, poco propositivo, sin capacidad de anticipación, que llega tarde a la solución de los problemas como los que muchos vimos venir. Esta dinámica de funcionamiento dificulta una convivencia más equilibrada y representativa en la diversidad de las demandas del país.
Una sociedad compleja en un mundo inestable, donde la incertidumbre y el cambio será la constante, necesita estructuras de poder y prácticas políticas más dúctiles. Por ello, en el debate constitucional que viene, nuestro régimen político estará en el centro de la discusión. La repolitización que está viviendo el país, que por cierto celebramos, nos obliga a diseñar una nueva arquitectura institucional más horizontal, más inclusiva, más dialogante, con mejores pesos y contrapesos.
En este nuevo camino no partiremos de cero. La Cámara de Diputados el 2009 creó una Comisión de Estudio del Régimen Político que encabezó el ex diputado Marcos Henríquez Ominami (ahí hay opiniones muy valiosas para el debate). También tenemos a la vista el acuerdo del 2012 que suscribieron la Democracia Cristiana y Renovación Nacional, donde proponían, con un sentido de urgencia, un nuevo régimen de carácter semi-presidencial, con un Jefe de Estado elegido por voto universal y un Jefe de Gobierno propuesto por el Presidente y aprobado por el Congreso. Este “acuerdo político” instaba por mayor contrapeso de poderes, fortalecimiento del Congreso, elección directa del Gobernador y fortalecimiento del rol de alcaldes y concejales
En lo inmediato, debemos evitar el “rebote” entre la demanda ciudadana y una política que juegue a escenarios de normalización artificiales. Debemos hacerlo con la mente amplia, con sobriedad y sin prejuicios. No podemos enfrentar el futuro del país apelando a los códigos y las prácticas políticas encapsuladas que le han hecho daño a la política. En lo personal, para adelantar posiciones, abogaré por una Constitución surgida de un proceso constituyente, participativo y diverso, con participación de los independientes y la sociedad civil, que consagre un Estado Unitario Descentralizado, Plurinacional y con un sistema Semi Presidencial.
