Señales de impunidad

A partir del 18 de octubre de este año, Chile ha sido noticia internacional. Las manifestaciones pacíficas y multitudinarias que han tenido como eje articulador la demanda de derechos sociales y justicia social, pero que fueron seguidas por casos de violaciones graves, masivas y con patrones de sistematicidad de Derechos Humanos, alertaron a la comunidad internacional sobre una situación impensada en el “oasis” chileno.

Diversas misiones de observación, como la desplegada por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas y la de Human Rights Watch, la Misión de Amnistía Internacional y la Misión Internacional de ONG de Derechos Humanos, además de periodistas de los principales medios de comunicación nacional e internacional, han registrado imágenes, testimonios, estadísticas y videos sobre la actuación de Carabineros de Chile en el contexto de protesta social.

Más aún, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante una solicitud masiva de entidades sociales, parlamentarios y alcaldes, citó a una audiencia en la ciudad de Quito donde pudo escuchar de primera fuente la situación de los Derechos Humanos en Chile a través de organizaciones, gremios y universidades, además del INDH, la Defensoría de la Niñez y representantes del Estado de Chile. El derecho internacional de los DDHH tiene sus ojos puestos en el país.

Si bien aún falta que se conozcan varios de los informes de las misiones de observación, con los antecedentes que existen, a estas alturas, es innegable que el Estado de Chile ha incurrido en responsabilidad internacional por incumplimiento de sus obligaciones en materia de Derechos Humanos. Esto, sin perjuicio de las responsabilidades políticas e individuales que se tramitan en el Parlamento y en los tribunales de justicia.

Sin embargo, tanto el gobierno como Carabineros, insisten en hacer caso omiso de esta realidad y evitan tomar medidas efectivas para poner fin a esta situación, construyendo señales de impunidad que legitiman las conductas vulneratorias y ponen en riesgo la confianza en las instituciones democráticas.

En este sentido, se equivoca el Gobierno cuando pondera de igual forma las violaciones a los DDHH y los actos de violencia como saqueos e incendios, no solo porque incumple la obligación de proteger a quienes se manifiestan pacíficamente, sino también porque hay evidencia de que Carabineros no hace distinción entre quienes se movilizan y quienes en ese contexto cometen delitos.

Solo eso puede explicar el elevado número de detenciones y personas heridas. Y se equivoca también cuando ante las mutilaciones y el incontable número de lesiones por perdigones, balines y bombas lacrimógenas, calla la más de las veces o sale a señalar que ha habido solo algunos abusos en el uso de la fuerza.

Frente a eso, además, los altos mandos de Carabineros se enredan cada vez más con sus contradictorias declaraciones respecto a Derechos Humanos, al incumplimiento de protocolos, a sus peritajes internos que niegan resultados de informes universitarios sobre composición de los balines, se enredan intentando endosar responsabilidad a los proveedores mientras estos anuncian que el manual llevaba instrucciones que fueron incumplidas, anunciando sumarios internos mientras el propio general director asegura que no dará de baja a ningún funcionario, y decretando la restricción del uso de balines como novedad cuando es lo que dice el protocolo desde el día uno y no ha sido cumplido.

No se pueden olvidar además las declaraciones del general director Mario Rozas, en materia de Derechos Humanos, descartando categóricamente la violación de estos por parte de Carabineros (1 de noviembre), refiriéndose a los mismos como errores “dentro de un rango bastante aceptable” (5 de noviembre).

Tampoco la declaración entregada por el general Jorge Tobar, quien señaló que “acusar a los carabineros de violar los Derechos Humanos me parece que viola un derecho humano de los carabineros” (2 de noviembre) o la reciente afirmación pública del general Enrique Bassaletti comparando el tratamiento contra el cáncer con el control de las manifestaciones, asegurando que en ambos casos “se matan células buenas y células malas” (22 de noviembre).

Con estos antecedentes, más los que conservadoramente tiene el INDH, se equivoca también el Gobierno no haciendo uso de su tribuna para restringir públicamente el actuar de Carabineros, terminando por avalar el actuar de la policía uniformada y haciéndose responsable por omisión de esas conductas. La magnitud de los hechos y su gravedad elevan el umbral del deber de prevenir estos hechos que tiene la autoridad, y no basta mencionar que ha habido algunos abusos

Se equivoca el Gobierno con tratar de negar el carácter sistemático que tienen las heridas a personas de la mitad hacia arriba del cuerpo y con un alto número de casos que han tenido como consecuencia traumas oculares graves, ¿alguna persona razonablemente puede creer que ellas son producto del azar o simplemente de la mala formación operativa de Carabineros?

Se equivoca finalmente, el Gobierno, al ni siquiera mostrar preocupación por los actos de tortura, apremios ilegítimos y violencia sexual de los que han sido objeto las detenidas y los detenidos. ¿Cómo se explican estos hechos que se cometen en recintos policiales, bajo la custodia de Carabineros, si no es con la intención de castigar y desincentivar la participación, reproduciendo patrones de género en esa intención de dañar, como es el caso de la violencia sexual a mujeres, niñas y disidencias?

Al no pedirle la renuncia al general director de Carabineros después de todo lo que sabemos y que sin duda será ratificado por las misiones de observación con mayores o menores matices, no hace más que avalar su accionar. Luego será tarde para el Gobierno tener que aceptar que por acción cometió violaciones graves masivas a los Derechos Humanos y/o que por omisión no previno, no actuó para evitar que ocurrieran.