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Tras tres días de formalizaciones finalmente se decretó arraigo nacional y firma mensual para seis ejecutivos de la empresa ENAP por su participación en casos de intoxicación masiva en Talcahuano, Quintero y Puchuncavi. Los hechos sucedieron en agosto de 2018, cuando un buque que trasladaba crudo iraní afectó a Talcahuano, Quintero y Puchuncavi en el momento en que descargaba el producto en dos plantas de ENAP, tras lo cual se produjo una intoxicación masiva.
El Juzgado de Garantía de Talcahuano dictó este sábado las medidas cautelares para seis ejecutivos de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) debido a su responsabilidad en los casos de emergencias ambientales generadas el 4 y 21 de agosto de 2018, que afectaron las bahías de Talcahuano, y Quintero – Puchuncaví, en la región de Valparaíso, producto del manejo de crudo iraní en dichos sectores.
El tribunal rechazó la prisión preventiva presentada por los querellantes y acogió las medidas de arraigo nacional y firma mensual para los imputados.
Los formalizados son Edmundo Piraino Suez, gerente de Refinerías Aconcagua; Álvaro Hillerns Velasco, gerente de Refinerías Biobío; Patricia Cabalá Leiva, jefa del Departamento de Operaciones de Refinerías Biobío; Juan Pablo Rhodes Valenzuela, jefe del Terminal Marítimo Quintero de Refinerías Aconcagua; Jorge Farías Fuentes, jefe del Área Marítima de Refinerías Biobío; y Carlos Lizana Guerrero, jefe del Área Terrestre del Terminal Marítimo Quintero.
De acuerdo al Ministerio Público, los funcionarios serían responsables de la propagación de elementos contaminantes al medio ambiente, sabiendo del daño que podían provocar en la salud pública.
El juzgado fijó además un plazo de 18 meses para desarrollar la investigación, en la que figuran como querellantes el Consejo de Defensa del Estado (CDE), la municipalidad de Quintero y particulares.
A través de un comunicado, Enap calificó las medidas cautelares como “esperables” y señalaron que en el Juzgado se dejó en evidencia “la irresponsabilidad por parte de algunos abogados querellantes de solicitar la medida cautelar de prisión preventiva. Esto, considerando que se basaba en antecedentes incompletos o derechamente falsos”.
«Todas las instancias de investigación judicial y administrativas realizadas hasta ahora han confirmado que no es posible atribuir responsabilidad a los trabajadores de la compañía por estos eventos”, añadieron.
Además, apuntaron a que esta etapa de la investigación permitió a ENAP «demostrar que el crudo iraní es un insumo altamente comercializable a nivel mundial y que las seis personas imputadas manejaron ese producto adecuadamente y en condiciones de operaciones seguras para tanto para los trabajadores, como para las instalaciones y para los vecinos”.
Desde la empresa finalizaron asegurando que “estos trabajadores, han permitido garantizar el suministro de combustible de Chile en momentos muy críticos por lo cual es muy doloroso para ellos y para ENAP que hoy día se les haya intentando presentar como personas peligrosas para la seguridad”.
