Opinión
Nuestras policías necesitan tener el apoyo y respaldo moral de sus comunidades. Es bien difícil pedirle a un carabinero que vaya a defender un barrio si es que no tiene el apoyo de los vecinos que él tiene que proteger. Necesitamos que las personas tengan más empatía y respeto por el trabajo que están efectuando las fuerzas del orden público. Esto no significa de ninguna forma que haya que respaldar a los funcionarios que cometieron excesos, abusos de poder o violaciones a los Derechos Humanos.
A seis semanas desde que comenzó el estallido social el viernes 18 de octubre, el Gobierno y el Poder Legislativo han estado tratando de hacerse cargo de las legítimas demandas sociales de este movimiento, que clama por mejores condiciones de calidad de vida y dignidad.
La mayoría de los chilenos puede entender la frustración y la rabia acumulada, pero cuando se instala el odio y la destrucción, quiere decir que tenemos un serio problema como país.
Por eso valoro el acuerdo por la paz social que es muy importante para hacernos cargo de la agenda social y, al mediano plazo, una nueva Constitución. No podemos retardar cosas esenciales que repercuten directamente en las personas, como pensiones, ingreso mínimo y salud digna, precio de los medicamentos justos, valor adecuados de las cuentas de los servicios básicos, entre otros temas.
El Estado tiene que corregir estas situaciones injustas que producen un malestar y “violencia” en las personas que no logran llegar a fin de mes, recibir una buena atención de salud a tiempo o que se sientan siempre parte de la misma sociedad.
En este contexto de agitación social se han producido una serie de actos de violencia que de ninguna forma tiene relación con estas demandas ciudadanas y que afectan el espíritu del movimiento social. Han resultado destruidos miles de locales comerciales, que pertenecen en su mayoría a pequeñísimos emprendedores, supermercados, infraestructura pública y privada, semáforos, señaléticas, buses, estaciones del metro, monumentos, entre otros.
Todos estos daños provocaron miles de millones de pesos en pérdidas, cierre de pymes, despidos a fin de mes, aumento de la tasa de desempleo y disminución de la actividad económica, dificultando avanzar de forma más profunda en las reformas sociales.
Para lograr detener esta oleada de violencia y vandalismo provocada por un grupo de delincuentes, necesitamos fortalecer los servicios de inteligencia; asesorarnos de policías de países como el Reino Unido y España que han sufrido revueltas similares, reforzar y mejorar el equipamiento y capacitación para que nuestras policías puedan ser más efectivas en sus procedimientos, manteniendo siempre un alto estándar en la protección de todos los derechos de las personas consagrados en nuestra Constitución y ratificados en nuestros tratados.
De igual forma, necesitamos leyes como las que están proponiendo para castigar con mayor vehemencia a los que cometan delitos y oculten su identidad encapuchándose, que hoy están destruyendo nuestro país y que quieren poner en riesgo nuestra estabilidad y democracia.
Por último, nuestras policías necesitan tener el apoyo y respaldo moral de sus comunidades. Es bien difícil pedirle a un carabinero que vaya a defender un barrio si es que no tiene el apoyo de los vecinos que él tiene que proteger. Necesitamos que las personas tengan más empatía y respeto por el trabajo que están efectuando las fuerzas del orden público. Esto no significa de ninguna forma que haya que respaldar a los funcionarios que cometieron excesos, abusos de poder o violaciones a los Derechos Humanos.
Kenneth Pugh es senador por la Región de Valparaíso.
