Neftalí Carabantes, exsubsecretario de Carabineros: «No basta con modernizar la institución, hay que reformar, rediseñar, rehacer»

-¿Carabineros está en el suelo?
-El país ha sido testigo que sus actuales capacidades para hacer frente a los generalizados desmanes y estela delincuencial a nivel nacional, se han visto excedidas, por una razón técnica, debido a que sus capacidades nunca fueron dimensionadas ni planificadas para hacer frente a una inédita realidad como la que vive el país, sino para un contexto de oferta y demanda de recursos policiales (en el mediano y largo plazo), cuya línea base y sus indicadores principales se estructuran a partir de condiciones de normalidad. Un país como el nuestro no puede darse el lujo de planificar servicios policiales para condiciones de anormalidad, puesto que los recursos son limitados.

Ahora bien, los cuatro últimos años, han sido un devastador invierno para Carabineros, periodo en el cual se registran casos sucesivos, como el millonario fraude, Huracán, Catrillanca, y ahora, graves imputaciones de haber violado Derechos Humanos. Lo anterior es clave para entender por qué la institución se encuentra herida en uno de sus pilares esenciales, la “credibilidad”, registrando solo un 37 % de aprobación, lo que refrenda la necesidad, no solo de modernizarla, vía determinadas iniciativas legales, sino de acometer un reestructuración histórica y estructural, o sea, implementar una insondable reforma policial, que marque un antes y un después en su vida institucional.

-¿La violaciones a los Derechos Humanos es el punto de inflexión en la caída libre de Carabineros?
-Durante este mes y medio, la institución policial ha sido blanco de gravísimas imputaciones, por ejemplo, de haber ocasionado apremios ilegítimos, vejaciones, torturas y graves daños en la salud de las personas, en particular, irreparables lesiones oculares, excesos que, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos e informes emitidos por organismos internacionales en la materia, merecen ser catalogados como sendas violaciones a los Derechos Humanos. Lo anterior, sin duda, debe ser objeto de una celosa investigación, tanto administrativa interna como por parte de la Fiscalía, y luego juzgada por los Tribunales de Justicia, a efectos de determinar responsabilidades, en el marco de un justo y racional debido proceso. Esto no puede volver a pasar.

-¿Qué aspectos deberían reformarse de manera urgente en esta materia y en el uso de la fuerza?
-No solo es un deber profesional, sino, además, moral, remirar y reestudiar en forma permanente los protocolos atingentes al uso de la fuerza, así como los programas sobre Ciudadanía y Derechos Humanos. A la luz de casos ocurridos en los últimos 50 días, cobra aún más fuerza y urgencia la idea de introducir cambios a su Ley Orgánica, siendo fundamental incorporar en la LOC una regulación estricta y obligatoria del uso legítimo y racional de la fuerza, a efectos de prevenir excesos lamentables por el uso ilegítimo y abusivo de la fuerza y, particularmente, de las armas. Otro tema clave es incorporar más y mejor tecnología, claro, porque Carabineros tiene que propender a utilizar tecnología de punta, precisamente para reivindicar el uso legítimo de la fuerza en sus despliegues operativos, por tanto, la debemos dotar de armas no letales, cuyo límite máximo sea incapacitar o inmovilizar al delincuente, evitando herirle o producirle algún tipo de lesión. No significa que se dejen de emplear medios disuasivos primarios, como advertencias, megáfonos, aguas, gases, contacto físico, bastón de servicio, sino que en la cadena superior de medios a utilizar, se restrinjan al máximo (no se eliminen) las armas letales, sustituyéndolas por armas incapacitantes no letales, cuyo límite máximo sea incapacitar o inmovilizar al delincuente, lo cual además ha sido recomendado por la ONU y la Cruz Roja Internacional.

-El Gobierno convocó a un consejo de 15 personalidades para modernizar Carabineros. ¿Pero qué se debiera hacer? ¿Modernizar, reformar o rehacer?
-La creación de una Comisión o un Consejo me parece una medida valorable, bien inspirada, pero lo sustantivo es que quienes integren dicha mesa logren comprender la magnitud de la crisis por la cual atraviesa Carabineros, porque de ello dependerá la envergadura de la reforma que se debe acometer.

Ahora bien, estimo que el trabajo que Chile demanda no se agota en modernizar la institución policial, sino en reformarla, esto es, modificar, rehacer y remover aspectos estructurales y operativos a nivel institucional. Es el momento de marcar el inicio de un nuevo ciclo en la vida institucional de Carabineros. Por ello, el vehículo que transporte a Carabineros hacia una nueva etapa en su desarrollo institucional no puede ser el mismo de siempre. Me consta que Carabineros está más interesado que nadie en salir adelante, volver al trabajo fecundo con la comunidad, por ende, una tarea de esta magnitud requiere que Carabineros sea el primer actor sentado a una mesa donde se aborde su reforma, y a su lado debe estar sentada la sociedad civil, tal como lo viene recomendando hace rato la OCDE, puesto que la participación ciudadana constituye un insumo fundamental en la generación y monitoreo de las políticas públicas y que, más importante, la ciudadanía entregue su visión frente a la importante política de seguridad pública y la reforma a una institución permanente y fundamental en la prevención y combate al delito, como lo es Carabineros.

Neftalí Carabantes.

-Una policía militarizada de seguro va a oponer resistencia a que la sociedad civil participe de una reestructuración…
-No podemos seguir con la misma receta, con una batería de políticas públicas diseñadas desde el oráculo o una tribuna de expertos, sin el aporte de la sociedad civil, las juntas de vecinos, de los municipios, de los consejos comunales de seguridad. Dicho de otro modo, es el momento de innovar el tradicional modelo de las mesas transversales integradas solo por expertos y la clase política, llegó el minuto de escuchar la fundada voz de Carabineros y de la sociedad civil como actores centrales de esta reforma, entre otras cosas, porque las reformas policiales exitosas en el mundo han contado con el aporte de la ciudadanía y de la institución policial a reformar, por cierto, acompañados por expertos y la clase política, a efectos de que este cambio sea un activo para Carabineros que le permita alcanzar, con el tiempo, la anhelada legitimidad o licencia social, a nivel de la comunidad.

-¿Y debiera seguir siendo una policía militarizada?
-Hoy se torna plausible flexibilizar su carácter militar y esencialmente jerarquizado. Se debe establecer una nueva forma de regular sus relaciones de mando y subordinación, tanto en el plano disciplinario interno como en su imagen frente a la comunidad. Creo que el nuevo Carabineros de Chile debe caracterizarse por su rigor, eficiencia, y flexibilidad, para dar lugar a que las responsabilidades se distribuyan adecuadamente en todos y cada uno de los niveles de la organización, en contraste con una estructura basada únicamente en la autoridad jerárquica, mando y centralización. Muchas policías del mundo son uniformadas pero no militares y funcionan con total normalidad.

-Y el poder civil, ¿qué habría que hacer para que realmente esté sobre el militar-policial?
-Se debe abordar el grado de control que la autoridad civil detenta sobre Carabineros, a fin de establecer una dependencia real de Carabineros respecto del Ministerio del Interior, toda vez que resulta incomprensible que, a 30 años de haber recuperado la democracia, aún el Ministerio del Interior no tenga –como en cualquier país del mundo– la potestad de aprobar los servicios policiales, despliegues operativos, los medios asociados a los servicios, la distribución del personal y el control presupuestario de una institución dependiente de la autoridad civil. También constituye una necesidad fortalecer los equipos técnicos del Ministerio del Interior, que son la contraparte gubernativa de la institución, debiéndose implementar, además, un riguroso sistema de rendición de cuentas o accountability en forma semestral ante la autoridad civil, el Congreso y la sociedad civil.

-En su opinión, ¿el rediseño debe contemplar una nueva estructura orgánica?
-Absolutamente. Carabineros requiere una profunda reforma policial, no una simple modernización o un upgrade institucional, sino un profundo plan que reestructure, redibuje su estructura orgánica, que la sintonice con el Chile actual y, además, establezca un antes y un después en la historia institucional, una verdadera reingeniería estructural, operativa, formativa, organizacional y de imagen corporativa, que incremente con intensidad sus niveles de transparencia, establezca su real dependencia del poder civil y la vuelva a hermanar con la ciudadanía, tal como el 2008 lo concretó satisfactoriamente la antigua PICH –Policía de Investigaciones de Chile–, hoy PDI. Además es clave que la reforma contemple una nueva estructura orgánica de Carabineros, con especial foco en su nivel decisional, Alto Mando y Direcciones. La actual estructura orgánica-decisional es anacrónica y coayuda a reproducir conductas que se apartan de la génesis formativa de la institución. Se aprecia un aparato lento, mucho papel, excesivamente centralizado y jerárquico, con áreas de opacidad, sin visibilidad ni posibilidad de escrutinio público, y una arquitectura jurídica reglamentaria anacrónica que no supera estándares internacionales y por la cual el Estado de Chile, cada cierto tiempo, debe responder, ante los requerimientos que se interponen en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por hechos imputables a la institución policial.

-¿Qué ocurre con la burocracia interna?
-Hay que preguntarse si se justifica la existencia de una Inspectoría General o, en cambio, se debiese evaluar su eliminación y traspasar dichas funciones a la Subdirección General. En la misma línea, cabe preguntarse si la Dirección de Educación, Doctrina e Historia; la Dirección de Bienestar; la Dirección de Salud; la Dirección de Sanidad, ¿son unidades o altas reparticiones insustituibles para el giro institucional, o responden a procesos operativos sensibles o a flujos de valor? O, en cambio, ¿quizás habrá llegado el minuto de evaluar su eliminación? Similar razonamiento pudiese aplicarse a la Dirección de Gestión de Personas, cuyas funciones perfectamente pudiesen alojarse en la Dirección Nacional de Personal o, por qué no, pensar en fusionar la Dirección de Investigación Criminal y la Dirección de Inteligencia Policial.

-¿Qué habría que hacer con la delimitación de funciones con la PDI que a veces se desdibuja?
-Resulta fundamental tipificar con total claridad las funciones preventivas preferentes que quedarán en definitiva bajo la esfera de competencia de Carabineros, así como, las menos, de carácter investigativo que se determine conservar en su poder.  Ahora es cuando debe quedar nítida esta ardiente frontera que la separará de la PDI. Para lo anterior, sin duda, habrá que introducir cambios a nuestro sistema procesal penal y consagrar sin rubores que la Fiscalía, de aquí en adelante, por regla general, trabajará y encomendará a la PDI llevar adelante las investigaciones que se susciten en el marco de la persecución penal.

-Vaya, ese es un cambio profundo. Implica quitar atribuciones.
-Es indispensable. Una vez delimitada la función de Carabineros, se debe triplicar el esfuerzo en materia de capacitación de su personal, no solo en los niveles de mando sino, especialmente, en los funcionarios que trabajan día a día en la calle, en la población, quienes deben ser capaces de volver a ganarse el respeto de sus comunidades mediante el correcto manejo de la cadena de instrumentos que van desde la conocimiento del entorno, la persuasión, hasta el uso de la más avanzada tecnología, sin sobrepasar el límite de lo ético y lo legal.

-¿Y qué pasa con la inteligencia?
-No es sano para el Estado de Derecho mantener zonas grises en materia de inteligencia. Chile debe dar un gran paso en esta materia y, por ende, de deben adoptar decisiones estratégicas que den certeza al país y a las instituciones encargadas de efectuarla, a fin que la inteligencia se transforme en un activo en la lucha contra el delito y el crimen organizado. El proyecto de ley en actual tramitación, sin duda, es un primer paso, pero aún quedan diversas materias por dilucidar. Por ejemplo, ¿qué modelo vamos a adoptar? ¿Le vamos a dar o no mérito probatorio en el proceso penal? O vamos a inclinarnos por una postura más drástica: de aquí en adelante no se mezcla más inteligencia con proceso penal, por comprometerse principios del debido proceso y eventualmente vulneraciones en materia de Derechos Humanos. Nuestra normativa procesal penal regula técnicas investigativas especiales, como la interceptación de comunicaciones telefónicas, utilizada corrientemente en la investigación de delitos graves y contra el crimen organizado, que permiten a las policías y al Ministerio Público conocer en tiempo real la coordinación delictiva de las organizaciones criminales y, eventualmente, acceder a monitorear las comunicaciones que se producen en la cúpula de estas asociaciones o al interior de sus centros de poder.

El problema se produce cuando el trabajo de inteligencia policial supera la línea de lo legal y vulnera abiertamente derechos constitucionales, como el derecho al secreto de las comunicaciones y documentos privados, el derecho a la intimidad, la protección de datos personales y la libertad de prensa, entre otros, todos derechos garantizados por nuestra Carta Fundamental. Agrava el cuadro el hecho que esta forma de inteligencia y eventual conculcación de derechos fundamentales, enhorabuena, está siendo cada vez más revisada por la Excma. Corte Suprema, al momento de conocer y fallar la acción constitucional de amparo, en base a la causal de vulneración de la seguridad individual establecida en la Constitución.

-El caso Huracán marcó un antes y un después.
-A partir del caso Huracán, Carabineros ha vivido su propio calvario en materia de inteligencia, habiéndose no solo reestructurado su área respectiva sino, además, reducido ostensiblemente su relevancia a nivel institucional, con las consecuencias que ello conlleva.

-¿En una policía moderna se justifica que existan escalafones diferenciados?
-Existen poderosas razones para analizar sin ardores ni prejuicios la unificación de plantas funcionarias y terminar con la diferenciación de Oficiales (PNS) y Suboficiales (PNI), con miras a tener un solo y grande Carabineros de Chile, vale decir, un cuerpo cohesionado institucionalmente, un solo equipo remando para el mismo lado, con una cancha pareja para todos que deje atrás históricas divisiones de otros tiempos, que no se condicen con una carrera funcionaria fundada en el mérito, el profesionalismo, la rectitud y en la capacidad de sus funcionarios. Muchas policías del mundo tienen un solo escalafón, diferenciado por áreas y especialidades. Este en mi opinión es otro tema medular a reformar, cual es dar la posibilidad de cambiarse de área, a lo menos una o dos veces, durante la carrera funcionaria, es decir, crear una suerte de subescalafones.

-Uno de los temas más criticados últimamente es la debilidad en la formación de los carabineros. ¿En qué habría que meter mano ahí?
-Hay que robustecer las exigencias y el grado de dificultad en las pruebas de admisión, tanto a nivel de conocimientos cívicos, estratégicos y, por cierto, psicológicos. La profesión de policía debe estar a la vanguardia de la formación de hombres y mujeres que en esencia prestarán un servicio público cuya razón de ser es la promoción de libertades, derechos y deberes. Esto implica pensar seriamente alargar en a lo menos un año el proceso académico-formativo, y agregar una visión estratégica sobre la construcción de los currículos académicos, avalados por pares expertos externos del más alto nivel. También se torna necesario revisar si ha faltado o no un mayor rigor en la etapa de selección de los profesionales que imparten los procesos educativos. Por ello, considero fundamental la apertura a nuevas ideas y, en lo posible, la vinculación de nuevos docentes no policiales. Estos últimos hacen más probable trascender miradas críticas, racionales y frescas sobre temas endógenos que tradicionalmente se imparten al interior de la institución policial, que considero benigno incorporar. Además es imperioso culminar exitosamente el actual proceso de acreditación de sus planteles de formación –escuelas y carreras– por parte de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), lo que sin dudas fortalecerá la calidad de sus procesos académicos-formativos, pues contarán con la certificación otorgada por CNA respecto de la implementación de mecanismos concretos de aseguramiento de la calidad y sus resultados. No resulta coherente que en pleno siglo XXI sus planteles formativos no se encuentren acreditados.

Soy partidario de incorporar en las mallas formativas  “cátedras sello transversales”, cuyo contenido central debiese estar fundado en valores éticos del actuar policial, durante cada año de carrera. También en el ámbito formativo, adquiere plausibilidad la creación de un Sistema obligatorio de Educación Continua o de posgrado de carácter permanente para todo su personal egresado y titulado, debiendo someterse cada cierta cantidad de años, a nuevas exigencias en materia de capacitación y perfeccionamiento.