PAÍS
Desde mayo que la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Catemu venía alertando al Arzobispado acerca de la sobrepoblación en el camposanto de la localidad, ubicada en la Región de Valparaíso, y de situaciones anómalas en cuanto a la reventa, de hasta tres veces, de una misma tumba. A fines de octubre estalló el escándalo, cuando se supo que para resolver una situación de urgencia, desde la administración del recinto dieron luz para sacar los restos óseos de un niño fallecido en 1987 y, así, temporalmente dar sepultura a la madre de una de las denunciantes de haber sido víctima de estafa. “Ya ni en la muerte tenemos dignidad”, acusaban algunos de los afectados. Desde el Arzobispado de San Felipe, a través de un comunicado, aseguran estar buscando las soluciones, mientras la Fiscalía inició una investigación por apropiación indebida de recursos de la Iglesia por parte de la administradora del cementerio.
En Chile, más allá de las creencias y fe religiosas, el cementerio es un lugar que reconocemos o consideramos como un espacio de paz, de descanso de aquellos seres queridos que fallecieron. Y es un lugar físico que, para muchas personas, constituye el puente que ayuda a hacer el duelo. Eso, al menos, en la mayoría de los camposantos. Hoy la excepción la están viviendo decenas de familias de la comuna de Catemu, en la Provincia de San Felipe.
Es una situación compleja la que se vive, debido a los reclamos de ciudadanos cateminos que aseguran ser víctimas de estafa y otras irregularidades que denunciaron ante el Arzobispado de San Felipe, respecto del manejo sanitario y de la administración del recinto. Y algunos de estos problemas ya son parte de una investigación que lleva adelante la Fiscalía Local, donde, hasta ahora, la única que aparece como víctima es la Iglesia católica. Una víctima curiosa, dada la trama macabra que esconde el cementerio parroquial, donde exhumaciones ilegales y las reventas de tumbas están a la orden del día.
“Ya ni en la muerte tenemos dignidad”, dijeron algunos de los denunciantes cuando relataron a El Mostrador el sombrío negocio que descubrieron por casualidad. Porque, si bien desde 1990 ya había cierta claridad de que este cementerio estaba sobrepoblado, nadie se preguntó cómo, sin anexar terrenos, fue posible que el Arzobispado de San Felipe siguiera vendiendo o arrendando sepulturas, ya fueran tumbas o nichos. Desde entonces, el recinto ha tenido tres administradores contratados por la Iglesia. La última fue Anita Araya Soto, a quien se le denunció por apropiación indebida de dineros por concepto de pago de mantención de sepulturas.
Pero en esa denuncia, que fue presentada el 28 de septiembre de 2019 por el arzobispo y administrador apostólico, Jaime Ortiz de Lazcano, no fueron considerados los reales afectados por las estafas cometidas por ventas y reventas que realizaba la administradora, en algunos casos de hasta tres veces los mismos sitios o nichos, además de la entrega de títulos de dominio falsos. En la denuncia de la Iglesia se plantea que ellos realizaron un trabajo contable mensual y que “entre agosto y septiembre no se depositó ningún dinero. Por ello, hicieron levantamiento desde enero de 2018 hasta septiembre de 2019, y denunciaron eventuales delitos de apropiación indebida y eventualmente estafa”, según confirmaron desde Fiscalía, entidad que también está verificando lo que indican dos víctimas, en relación con que removieron los restos de sus familiares sin autorización previa. La orden de investigar la tiene la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de Los Andes, con diligencias ordenadas y se está a la espera de un primer informe, solicitado por el fiscal jefe de San Felipe, Eduardo Fajardo.
El 26 de noviembre se hizo una segunda denuncia ante Carabineros de Catemu (parte policial N° 593), por un trabajador que durante una visita al cementerio, en apoyo a otra víctima, se dio cuenta de que también su familia había sido engañada.
El resto de las familias no tiene representación y están evaluando iniciar acciones de manera colectiva contra el Arzobispado, en su calidad de dueño y administrador del cementerio. Se habla de alrededor de 500 personas afectadas. Hay catastros en desarrollo, uno por parte de la Unión de Juntas de Vecinos y, otro, por la Iglesia. Lo único claro es que hasta la primera semana de diciembre en el Arzobispado se contabilizaban al menos $50 millones en estafas, por reventa y ventas falsas de sepulturas.
En abril de 2018, Yuyuniz Olmos (20 años) perdió a su bebé de seis meses. “Ahí fue cuando mi mamá se dirigió al cementerio a hablar con el panteonero, quien le dijo que fuera a la iglesia y hablara con Anita (administradora), porque había una sepultura abandonada y la podían vender. Mi mamá fue a la oficina parroquial, hizo todo el protocolo para comprar esa sepultura, la pagamos en tres cuotas de $100 mil, más el derecho de sepultación de $35 mil. Después que terminamos de pagar, la encargada me tramitaba para la entrega del título de dominio. Que no tengo el número, que me falta un dato. Entre excusas y excusas, pasó un año, y le dije que sí o sí necesitaba el título para poder tener la autorización y construir la sepultura, porque por ahora está solo con una reja. Me dijo que a fines de noviembre me entregaría el título. Pero en esa espera me enteré de lo que estaba pasando. Fui a la iglesia a averiguar mi caso, y no existe ninguna sepultura a nombre de mi hijo, ni a mi nombre, como que nunca compré y como que mi hijo nunca fue enterrado en este cementerio”, cuenta esta joven catemina. “Recuerdo que mi mamá vio que la tumba estaba con pasto, como abandonada, pero no sabemos si sacaron a otro bebé que estaba enterrado ahí para dejar al mío”, agrega.
Tras el escándalo, a Yuyuniz le dieron un supuesto anexo de título, “y se supone que cuando termine el proceso judicial del obispado contra la funcionaria, recién me entregarán mi título. Pero en ese periodo puede aparecer el dueño anterior y harán sacar a mi hijo. Entonces no me están dando ninguna solución. Tampoco tienen registro del dueño anterior, y como esta denuncia se está conociendo, me dijeron que si aparece el propietario tengo que sacar a mi hijo de ahí”.
Esa es la incertidumbre de todos quienes son potenciales afectados. Alicia, por ejemplo, cuidaba la tumba de la familia Salgado Salinas. “Pero hace un tiempo atropellaron a mi nieta y dejé de venir un poco, y cuando pasé a limpiar, me encontré con una construcción nueva hecha sobre la tumba de mi suegra y su familia. Y cuando hace poco murió mi marido, tuve que ir a enterrarlo a Hijuelas, porque la tumba perpetua de su familia fue vendida. Y cuando reclamé al panteonero me dijo que fuera a alegar a San Felipe”, dice.
Carlitos es un bebé que falleció en 1987. Estaba en un nicho muy cercano al ingreso del camposanto. Sus padres también murieron, y sobrevive una hermana mayor. Lo que sucedió con sus retos ha permitido que mucha gente se haya dado cuenta de lo que estaba pasando en el cementerio de la comuna. Porque su descanso dejó de ser tranquilo, cuando el 24 de octubre fue sacado de su lugar para empezar a pasear por distintos puntos del recinto, terminando en una fosa común.
El día antes había fallecido la madre de María Valeria Pérez Tapia. “Mi esposo y mi cuñada fueron a hacer los trámites en la iglesia y cancelar el pase de sepultación. Ahí les preguntan dónde la sepultaríamos y se indicó que en uno de los dos nichos que había comprado mi padre, por 550 mil pesos, como indicaba el vale que nos dio la encargada. Entonces se les pidió la escritura. La secretaria a la que se le hizo la compra no nos entregó ese documento, sino que nos dejó inscritos en el Libro N° 1. La actual secretaria, Fabiola, comentó en ese momento que al parecer éramos otra víctima de estafa. Como la misa de mi mamá era a las 16.30 de esa tarde, mi esposo no comentó el problema inmediatamente, pero lo que pasó es que abrieron un nicho donde estaba sepultado un niñito, que afuera decía Carlitos. El panteonero sacó el ataúd del niño y ese nicho nos pasaron. Mi esposo al otro día me contó la situación, y que mi mamá había quedado en un nicho prestado”, relata la mujer.
Días después, y ante los reclamos de esta familia, fueron citados al cementerio para ver dónde les desocuparían dos nichos para sepultura definitiva de su madre. Ahí pudieron ser testigos de cuando “el panteonero estaba sacando los restos de un ataúd, quebraba los huesitos a la vista de todos y echándolos a una bolsa papera. Empezó a llegar gente que se fue enterando en esos días de la situación, y un caballero enfrentó al panteonero y le dijo: cuántas veces te he visto tirando los huesos a la basura. Él se quedó callado”. La gente que estaba en el lugar llamó a Carabineros, quienes solo pidieron al encargado no seguir realizando esas maniobras.
En el siguiente video quedó grabado el momento de ese hallazgo:
También llamaron al diario El Trabajo, medio de comunicación local, quienes lograron hablar con Omar Aguayo, el panteonero, y preguntaron por Carlitos. “Sí, había una guagüita sepultada ahí pero hacía como cuatro o cinco años que nadie lo visitaba, su nicho no tenía flores, no tenía nada, lo único que tenía era el nombre que era Carlitos, entonces yo informé a la jefa, a la señora Magaly, que podíamos usar ese nicho para poder devolver lo que vendió Anita, y esa guagüita yo la tengo guardada en otro nicho para ubicar algún terreno donde poder sepultarlo, si es que aparecen los familiares”, explicaba a fines de noviembre Aguayo a ese diario.
Luego, el día en que El Mostrador fue a verificar en el cementerio la situación denunciada, mientras conversábamos con varias víctimas de presunta estafa, apareció Marianela Martínez, hermana del bebé Carlitos. “Me enteré porque una vecina me llamó y me preguntó si sabía de las denuncias. Al ver esto, puse un mensaje en el Facebook para ver si encontraba a alguien que me ayudara, porque no tengo experiencia en estos temas. Vine a la parroquia y la secretaria me dice ‘andábamos buscándote, tenemos dos soluciones para ti: te pagamos 2 UF para que lo saques del cementerio y el permiso que deben darte lo pagas tú para enterrarlo en otro cementerio o hacerle un nicho de bebé acá’”, relató.
Pero le exigen la escritura, “algo imposible para mí porque mis papás fallecieron. Mi mamá murió hace dos años. Y le pregunté a la encargada si tenían papeles y me mostró carpetas vacías. No tienen documentos de nada. Y sin eso, ¿cómo avalan que ese nicho no es perpetuo? ¿Y quién me asegura que en ese cajón está mi hermano? ¿Qué pasa si pido un ADN? Es como que están jugando con uno, porque, o te haces cargo de lo que ellos proponen, o mi hermano quedará en la huesera”, decía Marianela, mientras caminaba hacia la fosa común donde hoy tienen los restos de Carlitos.
“Cuando le pregunté al panteonero por qué lo puso en un saco papero, me dijo que ahora lo había cambiado a una bolsa de plástico”, contaba muy afectada Marianela. Pidió una reunión con la jefa de administración en la diócesis. Exige solución, pero hasta ahora nada.
En ese momento le preguntamos al panteonero Omar Aguayo sobre quién da las órdenes para hacer estos movimientos de osamentas. Su respuesta fue concisa: “El cura”.
Posteriormente, la secretaria de la oficina parroquial, Magaly, explicó a una de las denunciantes que desde el año 1970 solo se arriendan nichos hasta por 20 años, como indica el artículo 33 del Reglamento General de Cementerios, que rige en estas materias.
Y respecto a la situación de los restos de Carlitos dijo: “Si hay una sepultura abandonada, el cementerio tiene derecho a sacar el cuerpo y dejarlo en la fosa común con su nombre bien anotadito. Y no son bolsas de basura, sino bolsas certificadas por el Ministerio de Salud”, insistía un poco molesta por las incesantes preguntas de algunas víctimas.
Efectivamente, la ley establece la posibilidad de que, si los restos no son reclamados por familiares, el cementerio puede retirarlo hacia la fosa común, en el caso que se trate de un nicho temporal. Pero la administración está obligada a realizar varias gestiones previo a mover osamentas que han cumplido el plazo de arriendo. En algunos cementerios, por ejemplo, en la entrada al recinto se publican listados de los nichos que están a punto de vencer, para facilitar que las personas puedan darse cuenta y hacer las averiguaciones para ver si extienden el plazo.
Pero, “si se retiraron restos humanos y es el cementerio que los retira previo a cumplirse los plazos y habiendo estado pagados los derechos, estarían frente a una situación irregular al menos, y probablemente ilícita, y habría que establecer cuáles serían las responsabilidades y posibles sanciones de quienes fueron las personas que participaron en ello, porque las responsabilidades en el ámbito penal son personales”, explica el abogado Andrés Irarrázaval, profesor de Historia del Derecho de la Universidad de Los Andes.
Desde el obispado también fue posible aclarar la duda que todo Catemu tenía: si existía o no una fosa común en ese cementerio. Lo concreto es que se construyó entre el año 2012 y el 2014 aproximadamente.
En Catemu todos habían oído que algo pasaba con el cementerio. “Estábamos en una burbuja, porque sabíamos que a lo mejor había algunas irregularidades, pero nunca pensamos que eran tan graves, con errores, desfalco, venta de terrenos a tres familias, no sabemos dónde dejaron los restos óseos de quienes sacaron, y no hay una respuesta concreta de nadie”, comenta Richard Concha, quien ingresó la segunda denuncia.
Su hermana compró la tumba donde están sus padres, quienes fallecieron con dos meses de diferencia. “Uno tiende a pensar que si te están vendiendo un terreno es porque se cumplió plazo y se siguió el protocolo. Pero fuimos estafados, los papeles, las boletas eran falsas. La mujer (administradora) tenía dos talonarios. Fuimos a la diócesis, porque somos alrededor de 500 personas que estamos en el aire. ¿Qué le digo a la persona que es propietaria original del terreno si aparece? La primera medida sería comprar un terreno para resolver la situación”, dice Concha.
César Brito es tesorero interino de la Unión de Juntas de Vecinos de Catemu, y presidente de la Junta de Vecinos Villa El Sol de esa localidad, y uno de los dirigentes que ha estado trabajando en un catastro de víctimas de estas irregularidades.
Cuenta que, en su caso, “con mi mamá compramos un terreno donde está mi hermana hace como 40 años y siempre se paga la mantención. Después compramos un sitio (bajo la administración anterior) y no le querían dar el documento que así lo acreditaba. Y siempre le decían que no estaba el libro de registros”.
Brito agrega: “Hace tiempo que, como Unión Comunal de Juntas de Vecinos, veníamos viendo que esto estaba colapsado, que no daba más, sin conocer que estaba sucediendo esto. Incluso hablamos con el entonces obispo de San Felipe. En mayo de este año enviaron cartas denunciando la situación y se solicitó audiencia con el nuevo obispo, pero todos se escudaban en que eran nuevos en esa diócesis, que no querían hacerse cargo porque este cementerio tenía muchos problemas”.
“Nosotros sabíamos que faltaba espacio, que había problemas de administración, pero no de estafas. Y creemos que los problemas vienen de los años 90, porque nunca daban papeles, boletas, nada, y eso porque la gente es confiada, porque todos se conocen acá. A las personas antiguas se les vendía perpetuo, pero ahora dicen que son 20 años. El otro día una vecina fue a preguntar, porque pronto se acaban los 20 años, y le dijeron que si no paga entre 500 a 600 mil pesos, le van a sacar a su familiar y venderán el espacio. Imagínese, la Iglesia católica está peor que el retail, que castiga con intereses y ellos acá te obligan a comprar de nuevo. Jugando con las emociones de las personas».
De hecho, la Unión Comunal llevó un petitorio al Arzobispado, con 14 puntos, pero no los recibieron. Ahora fueron citados para la próxima semana.
En la oficina parroquial de Catemu nunca habían tenido tanto movimiento. Desde hace unas semanas son muchas las personas que, angustiadas, llegan buscando información sobre las sepulturas de sus familiares. El problema es que si no tienen un documento que pruebe la compra o arriendo de sepulturas, no es fácil seguir rastros de esas transacciones, ya que solo figura un libro de registros.
Y la angustia se debe a que se trata de gente mayor, en muchos casos, quienes se preocuparon de tener compradas las sepulturas que ellos y sus familias esperan usar para su descanso eterno. Por eso los nervios de señoras de la tercera edad que, afirmadas de sus fuerzas y sus bastones, llegan diariamente a esta oficina.
El reglamento establece la obligatoriedad de que los cementerios deben llevar ciertos libros y archivos, entre los que se encuentran: el Registro de Propiedad de mausoleos, nichos y sepulturas en tierra perpetuos; el Archivo de títulos de dominio de sepulturas de familia; y el Archivo de escrituras públicas de transferencia de sepulturas de familia. “El derecho que tiene el titular sobre una sepultura perpetua, daría cumplimiento a las características propias de un dominio, toda vez que es absoluto, exclusivo y permanente en el tiempo”, explicaba al respecto el abogado Jorge Barros, en una columna sobre el tema.
Ante la insistencia y reclamos de la gente, finalmente el miércoles 27 de noviembre se dieron cita, en el Templo Parroquial de Catemu, la comunidad y el delegado episcopal para la Administración de Bienes de la Diócesis de San Felipe, sacerdote Andrés Rodríguez Cataldo. Allí se les planteó que solo verán caso a caso las situaciones, no a nivel colectivo, y aseguraron que la Iglesia no devolverá dinero a nadie.
Posteriormente, en un comunicado de prensa, se daba cuenta de esa reunión y de las medidas que ha ido adoptando el Obispado de San Felipe, como “el contrato de una nueva secretaria para apoyar en las labores del cementerio y aclarar las dudas e inquietudes que tiene la comunidad. Además se dispuso de personal extra a objeto de recibir a la comunidad para recabar sus inquietudes y entregar las soluciones a los problemas que los aquejan”.
También se decía que “se llegó a los siguientes acuerdos con la comunidad: que el panteonero no puede exhumar ningún cuerpo del Cementerio Parroquial, limitando sus funciones solo a mantención y aseo del lugar; realizar un catastro detallado con las personas afectadas, a objeto de otorgar las soluciones a cada problemática. En esta labor el alcalde de la comuna, Boris Lukcis, pondrá a disposición una dupla de personas de la Dirección de Desarrollo Comunitario para ayudar en realizar este registro. Una vez terminado este informe se estudiará cada caso en particular para encontrar las mejores alternativas de solución; que el Obispado de San Felipe se comprometió a buscar un terreno aledaño que cumpla con las exigencias legales y permita al actual cementerio poder ampliarse; adicionalmente se contratará una nueva persona como auxiliar del panteonero para ayudar en las labores de mantención, demanda que la comunidad exigió para mejorar las actuales condiciones del camposanto».
Allí también se le informó a la comunidad que solo se cobrará el pago de la mantención a partir del año 2014 en adelante, respecto a antes de esa fecha no se realizará ningún cobro. Sin embargo, la mayoría de la gente tiene sus pagos al día.
El dirigente vecinal César Brito tiene claro que la ley no permite construir un cementerio en cualquier lado. El actual camposanto de Catemu tiene canales de riego cercanos y una pendiente, ambas situaciones fuera de la norma. “El tema es que ninguno de los terrenos posibles de uso cumplen con los requisitos. Esto es como una empresa, si un trabajador comete un error, uno va al mandante. Así que la Iglesia tiene que poner la cara y comprar un sitio. Porque la gente pagó”.
En el artículo 10 del Reglamento de Cementerios, se establece que “las localidades donde no hubiera cementerios, o los que existieran fueran insuficientes, corresponderá a las municipalidades respectivas fundar estos establecimientos, previa autorización del Servicio de Salud”.
Es decir, “está la obligación del Estado de asegurar la existencia de un cementerio. En este caso, por ejemplo, si en Catemu el cementerio alcanzó o copó su capacidad, la obligación de generar un nuevo espacio dentro del territorio es del municipio y del Servicio de Salud. O sea, no es la parroquia la que tiene la obligación legal para generar los espacios para los cementerios”, explica el abogado Andrés Irarrázaval.
A su juicio, además, “debe considerarse, desde la administración, cuidar que la contratación del personal que trabaja en los cementerios sea personal muy bien preparado, con una sensibilidad mayor quizás que la común, por el tipo de labor. Porque esto no es un negocio, es más delicado, porque se trata de los restos de los seres queridos de las personas”.
La autorización y posterior fiscalización de los cementerios en el país corresponde al Ministerio de Salud. Consultados por esta necrópolis en particular, desde la Seremi de Salud de la Región de Valparaíso se indicó que las fiscalizaciones se realizan anualmente.
“Como autoridad sanitaria velamos por el cumplimiento de las condiciones mínimas de higiene y seguridad de todos los cementerios de la región. En el caso del Cementerio de Catemu, en los últimos dos años se han cursado dos sumarios sanitarios por deficiencias en higiene y seguridad del cementerio, que han sido sancionadas y se ha propuesto un plan de mejora, el cual el cementerio ha ido cumpliendo, pero que en el caso que persistan sin cumplir con los plazos e hitos establecidos, arriesgan la prohibición de funcionamiento del recinto”.
Además, informan que “en ambos procesos de sumarios sanitarios, se evidenciaron infracciones a reglamentos sanitarios como el D.S. 594/99 Reglamento de Condiciones Sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo, reglamentación respecto al Saneamiento Básico de la Instalación, entre otras”.
Frente a las consultas sobre un eventual terreno en donde se quiera emplazar un cementerio nuevo o un anexo del existente, especifican que “este debe reunir ciertas características de suelo, geografía, ubicación, etc. Pero como todo trámite, debe cumplir con los requisitos establecidos en el formulario de autorización sanitaria que básicamente se indican en el artículo N° 4 del mencionado reglamento de cementerios, que son los siguientes: títulos de 10 años de la propiedad destinada a cementerio; ubicación del terreno; plano de este, que deberá comprender un área de 50 metros más allá de cada uno de sus deslindes; plano general del cementerio y ubicación de sus construcciones; plano de las construcciones y sus especificaciones técnicas; reglamento interno y arancel del cementerio; población de la localidad, región, comunidad o colectividad a que servirá el establecimiento; y aprobación de la respectiva Municipalidad, en cuanto a la ubicación del cementerio, en los casos en que esta corresponda, de acuerdo con lo que se señala en el artículo 9º”.
Por ahora, dicen en Catemu, no habría un lugar que reúna esas condiciones.
El Mostrador solicitó una entrevista con el delegado episcopal de Administración de Bienes de la Diócesis de San Felipe, pero solo se nos entregó el comunicado del 27 de noviembre. El sacerdote Andrés Rodríguez Cataldo, además, es el párroco de Rinconada de Los Andes y hermano del actual gobernador de la zona, Claudio Rodríguez Cataldo, quien fue alcalde designado en esa ciudad y posteriormente diputado.
Por su parte, la ahora exadministradora del Cementerio, Anita Araya, presentó una licencia médica el 2 de octubre pasado y efectuó una denuncia en la Inspección del Trabajo de San Felipe, por acoso laboral.
