Opinión
Lamentablemente, el Gobierno hace oídos sordos y en vez de acoger las propuestas transformadoras que nos permitirían avanzar hacia una salud digna, insiste responder con una agenda privatizadora que conlleva propuestas que van totalmente en contrario de lo que la sociedad exige. Así, en vez de entregar más recursos al sistema público para eliminar listas de espera, se envía un proyecto de ley -Clase Media Protegida- que busca traspasar más recursos a los privados, solucionando el problema a muy pocas personas. Lo preocupante es que pareciera ser una agenda más mediática que de contenidos, pues hasta ahora en relación a la famosa “gran reforma al Fonasa” el Presidente Piñera y el ministro de Salud, Jaime Mañalich, sólo han realizado anuncios que no terminan concretándose en propuestas legislativas o políticas públicas.
Diversos estudios y encuestas han demostrado, sistemáticamente, que la salud es una de las demandas prioritarias para la población. Si a pesar de la insistencia del Instituto Igualdad, la priorización aun estuviera en duda, basta recorrer las diferentes manifestaciones que han ocurrido en el contexto del llamado estallido social para encontrarse con miles de carteles, afiches, performace y rayados, que relevan la urgencia de contar con un sistema de salud que garantice la atención digna, oportuna, de calidad y gratuita. Esta demanda ranqueó en la reciente consulta comunal a la ciudadanía y se ha incluido en el petitorio de Unidad Social y de las diversas agrupaciones de trabajadores del sector salud, de los colegios profesionales y de los partidos políticos de oposición.
El llamado expresado en diversas formas es a avanzar por igualdad en salud y terminar con los abusos, buscando finalizar con las diferencias entre ricos y pobres, acabar con los abusos de las Isapre y del lucro en salud, por ejemplo, en el gasto excesivo “de bolsillo” – que cada persona debe hacer en el momento de la atención- en los medicamentos.
La demanda por una salud de calidad, se ha traducido en propuestas concretas por parte de los diversos actores sociales logrando llegar a acuerdos en lo central. La CUT, las y los trabajadores del sector público, los colegios profesionales y los partidos políticos de oposición han propuesto avanzar hacia un Sistema Público Universal que trabaje en redes de establecimientos, basada en los territorios (Atención Primaria de Salud).
[cita tipo=»destaque»]El Sistema Público Universal de Salud no puede quedar solo en una demanda discursiva, sino que debe contar con un financiamiento integral. En esta línea, también pareciera haber acuerdo entre estos actores en que es necesario poner en común el 7% que hoy día es de la seguridad social, en un solo Fondo, que llamaré Fonasa 2.0. En ese fondo, además de todos los cotizantes, debe aportar el Estado en cantidades crecientes. Las Isapre se modifican hacia seguros complementarios, pero dejan de manejar el 7% de la seguridad social. Durante el primer tiempo de transición, este Fonasa 2.0 podría operar como un Seguro Nacional de Salud tal como lo ha planteado el Colegio Médico y la Escuela de Salud Pública de la Chile hace ya algún tiempo. Rápidamente debe realizarse el cambio de modelo, universalizar la atención primaria, mejorar su financiamiento y acción. A largo plazo, el financiamiento deberá ir variando hacia impuestos generales, tal como sucede en Inglaterra o España. Se trata de construir un mismo sistema para todas las personas financiado solidariamente.[/cita]
Se trata de cambiar un modelo basado en la enfermedad, que hoy da pie al lucro y al negocio de los tratamientos, por un fuerte énfasis en la salud que se construye socialmente, con fuertes componentes de promoción de salud y prevención de enfermedades, entendiendo que para hacer realidad una salud de calidad se debe trabajar con la comunidad y otros sectores del Estado en los propios territorios.
Pongamos un ejemplo para simplificar. No sacamos nada con tener buenos sistemas de tratamiento a las intoxicaciones por plomo u otros contaminantes, si no somos capaces de asegurarle a la población que vivirá en lugares sanos, aptos y que contarán con un sistema de salud que esté monitoreando y controlando esas condiciones sanitarias.
El Sistema Público Universal de Salud no puede quedar solo en una demanda discursiva, sino que debe contar con un financiamiento integral. En esta línea, también pareciera haber acuerdo entre estos actores en que es necesario poner en común el 7% que hoy día es de la seguridad social, en un solo Fondo, que llamaré Fonasa 2.0. En ese fondo, además de todos los cotizantes, debe aportar el Estado en cantidades crecientes. Las Isapre se modifican hacia seguros complementarios, pero dejan de manejar el 7% de la seguridad social. Durante el primer tiempo de transición, este Fonasa 2.0 podría operar como un Seguro Nacional de Salud tal como lo ha planteado el Colegio Médico y la Escuela de Salud Pública de la Chile hace ya algún tiempo. Rápidamente debe realizarse el cambio de modelo, universalizar la atención primaria, mejorar su financiamiento y acción. A largo plazo, el financiamiento deberá ir variando hacia impuestos generales, tal como sucede en Inglaterra o España. Se trata de construir un mismo sistema para todas las personas financiado solidariamente.
Lamentablemente, el Gobierno del Presidente, Sebastián Piñera, hace oídos sordos también en esta área y en vez de acoger las propuestas transformadoras que nos permitirían avanzar hacia una salud digna, insiste responder con una agenda privatizadora que conlleva propuestas que van totalmente en contrario de lo que la sociedad exige. Así, en vez de entregar más recursos al sistema público para eliminar listas de espera, se envía un proyecto de ley -Clase Media Protegida- que busca traspasar más recursos a los privados, solucionando el problema a muy pocas personas. Lo preocupante es que pareciera ser una agenda más mediática que de contenidos, pues hasta ahora en relación a la famosa “gran reforma al Fonasa” el Presidente y el ministro de Salud, Jaime Mañalich, sólo han realizado anuncios que no terminan concretándose en propuestas legislativas o políticas públicas.
De lo poco que conocemos, parece altamente preocupante la “isaprización” de FONASA, institución a la que se pretende dar atribuciones para actuar como Isapre, lo que le permitiría la confección de “planes” con costos determinados, encaminándonos a una ruta ya conocida y que nos permitiría preguntarnos ¿cuánto se demorará este nuevo sistema en empezar a discriminar también? La respuesta ya la conocemos y Chile se ha movilizado contra ella fuertemente: “No al lucro y al abuso en la salud”.
Chile Despertó y en este nuevo amanecer nos mostró el rostro de un país con un sistema de salud que no garantiza el real derecho a una vida digna, logrando algo que se veía lejano en el horizonte, sentar en una misma mesa a los diferentes actores del área y concordar en una propuesta que pone en el centro la urgencia de una reforma. Si el Gobierno insiste en su “anti-respuesta” privatizadora no solo la historia juzgará, sino también el pueblo que exige día a día una salud justa y digna.
