Opinión
El Gobierno en ejercicio se ha mostrado incapaz de abordar un agenda de cambio como la señalada y persiste en maniobras de corto aliento para intentar “dejar atrás” la rebelión social iniciada el 18 de octubre. No ha querido dar pasos consistentes en temas que ya evidentemente no se sostienen, como un sistema privatizado que no provee pensiones con tasas de reemplazo mínimamente decentes, un sistema segmentado de salud –uno para los altos ingresos, otro para los militares y otro para el resto– con deficiencias múltiples, un sistema educacional privatizado y clasista como en ninguna parte del mundo y ciudades segregadas. Actúa como si la sociedad debiera aceptar sin más los salarios y pensiones bajas y la provisión deficiente de salud, educación y servicios urbanos. En definitiva, parece dispuesto a todo para evitar un nuevo pacto social en Chile que ponga en cuestión la dominación del 1% más rico sobre el resto de la sociedad.
Las 500 personas más ricas del mundo aumentaron su patrimonio en nada menos que 25% en el año 2019, según el índice de Bloomberg. Así va el mundo, dominado hoy más que nunca por la lógica de la acumulación ilimitada de capital. La consecuencia es llevar la desigualdad a niveles cada vez más inaceptables socialmente –como se demostró en Chile a partir del 18 de octubre, en uno de los países en que el 1% más rico concentra una de las mayores proporciones de patrimonio e ingresos en el mundo– y, de paso, llevar la depredación del planeta a límites que hacen peligrar la propia sobrevivencia de la especie humana por un desorden climático generalizado.
Ya cada vez más voces urgen establecer, además de cambios en los modelos de producción y de consumo, un impuesto al patrimonio para disminuir la alta concentración de activos en pocas manos, como el propuesto por Zucman y Saez y promovido por varios candidatos demócratas en Estados Unidos. Eso, junto a terminar con los paraísos fiscales, siguiendo las propuestas de Stiglitz, Piketty y otros.
Poner límites a la concentración de capital debe ser también parte de la plataforma de una nueva izquierda en Chile, como lo propusieron economistas como Nicolás Grau y otros, junto a restablecer el impuesto a las ganancias de capital como existía en 2002 y terminar con la renta presunta.
[cita tipo=»destaque»]Las opciones mayoritarias de la sociedad ya no pueden, salvo asumir un escenario de rebelión social permanente, seguir siendo frustradas ilegítimamente por candados y vetos constitucionales o por un Tribunal Constitucional de bloqueo de las mayorías. Chile puede tener una institucionalidad y un Gobierno con nueva legitimidad a partir de 2022, nacido de la libre evolución democrática de mayorías y minorías en el común respeto de los derechos fundamentales, que le permita abordar los desafíos de una prosperidad compartida y sustentable, con un orden público democrático. Pero siempre está la alternativa de persistir en la mediocridad del empate forzado o en la reiteración del conflicto social permanente nacido de desigualdades inaceptables. Las opciones que se resuelvan en 2020 serán, entonces, fundamentales para el futuro y para tener un país en el que la concentración del poder y la riqueza no sea su signo principal.[/cita]
Se debe, además, establecer regalías mineras con una mayor progresividad de tasas según la rentabilidad de la extracción, pues se trata de recursos que pertenecen a todos los chilenos, junto a fortalecer a Codelco y crear una Empresa Nacional del Litio que lidere la reconversión a la electromovilidad, en vez de los fallidos intentos de asociación con transnacionales promovidos por Corfo.
Los cambios tributarios por venir deben disminuir el peso de los impuestos al consumo y minimizar los mecanismos de evasión y de fuga al exterior. Y combinarse con un mecanismo como el propuesto por Jeannette von Wolfersdorff para transferir de 10 a 25 por ciento de las acciones de las empresas a un fondo público, cuya rentabilidad complemente los ingresos de los grupos más vulnerables y financie la elaboración de estrategias de diversificación económica.
Además, debe reformarse el impuesto a las herencias y transferirse el capital heredado a partir de, digamos, un millón de dólares –la legitimidad de los herederos de grandes fortunas para retenerlas es simplemente igual a cero– a ese fondo patrimonial público, cuya rentabilidad financie la diversificación económica mediante el apoyo a objetivos, como propone Mariana Mazzucato en la investigación sobre desarrollo tecnológico e innovación para transitar a un nuevo modelo productivo social y ambientalmente sustentable. Esto puede empezar por dar un fuerte impulso –con más tecnologías adaptadas o propias– a las energías renovables. En este tema clave del futuro, Chile tiene un amplio potencial y puede llegar con menos dificultades que otros a la carbono neutralidad en 2050 y al 100% de generación eléctrica con fuentes renovables en 2030.
Asimismo, debe canalizarse la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, haciendo efectiva la modalidad de distribución del 30% de estas después de impuestos a los trabajadores una vez al año, terminando con la incorporación al salario que hoy permite la ley y diversas elusiones. Se trata de algo bastante elemental: que las empresas compartan con los trabajadores una parte de sus utilidades cuando se producen, lo que de paso contribuye potencialmente a aumentos de la productividad del trabajo.
En materia salarial, el nivel actual de madurez de la economía chilena permite proponerse como sociedad que el salario mínimo asegure –en plazos breves a todo trabajador de jornada completa– un ingreso que al menos cubra la línea de pobreza para el hogar promedio de 4 integrantes y alcance 500 mil pesos líquidos, con una transición mediante un subsidio mayor que el planteado por el Gobierno para cubrir la diferencia con el mínimo legal hoy todavía en 301 mil pesos brutos para las empresas con ventas anuales inferiores a las UF 100.000. Para que los subsidios a la remuneración del trabajo no se transformen en subsidios a las utilidades, deben ser temporales y acompañar transiciones, sin perjuicio de mecanismos permanentes para jóvenes, mujeres y personas con capacidades diferentes.
El Gobierno en ejercicio se ha mostrado incapaz de abordar un agenda de cambio como la señalada y persiste en maniobras de corto aliento para intentar “dejar atrás” la rebelión social iniciada el 18 de octubre. No ha querido dar pasos consistentes en temas que ya evidentemente no se sostienen, como un sistema privatizado que no provee pensiones con tasas de reemplazo mínimamente decentes, un sistema segmentado de salud –uno para los altos ingresos, otro para los militares y otro para el resto– con deficiencias múltiples, un sistema educacional privatizado y clasista como en ninguna parte del mundo y ciudades segregadas. Actúa como si la sociedad debiera aceptar sin más los salarios y pensiones bajas y la provisión deficiente de salud, educación y servicios urbanos. En definitiva, parece dispuesto a todo para evitar un nuevo pacto social en Chile que ponga en cuestión la dominación del 1% más rico sobre el resto de la sociedad.
En 2020, el gran hito será el plebiscito de abril y la probable elección en octubre de constituyentes, cuya misión será redactar en 2021 una nueva Constitución. En ese proceso, una mayoría se pronunciará, según lo previsible, por garantizar derechos civiles y políticos y también económicos, sociales, culturales y ambientales en línea con los pactos internacionales suscritos por Chile a o largo de los años. Salvo que algún tercio vete la garantía de esos derechos, lo que de manera absurda se incluyó en el acuerdo.
Recordemos que la Constitución de 1980 establecía un quorum máximo de 3/5, probablemente porque a los que la redactaron un quorum mayor les debe haber parecido impresentable para cualquier canon democrático. Pero desde 1989 los rubores desaparecieron y se inició el camino de imponer los 2/3 para todo lo fundamental, lo que fue erróneamente aceptado por los que negociaron la transición y desde entonces se prolonga.
Una nueva Constitución no está llamada a definir políticas económico-sociales específicas o a imponer conductas propias de la libre decisión individual. Sí deberá establecer los derechos fundamentales y los deberes hacia la comunidad y, sobre todo, habilitar la acción efectiva de gobiernos periódicamente electos que puedan actuar de acuerdo a las preferencias mayoritarias. Hoy la institucionalidad en buena medida no lo permite, aunque los espacios existentes no han sido utilizados por las coaliciones de Gobierno como se podría haber hecho, por ejemplo, en materia de impuestos, reglas laborales y previsionales. Esto no fue posible por la presencia de fuerzas conservadoras de bloqueo en las coaliciones desde 1990 y por directa defensa de los intereses oligárquicos en los dos gobiernos de derecha.
Las opciones mayoritarias de la sociedad ya no pueden, salvo asumir un escenario de rebelión social permanente, seguir siendo frustradas ilegítimamente por candados y vetos constitucionales o por un Tribunal Constitucional de bloqueo de las mayorías. Chile puede tener una institucionalidad y un Gobierno con nueva legitimidad a partir de 2022, nacido de la libre evolución democrática de mayorías y minorías en el común respeto de los derechos fundamentales, que le permita abordar los desafíos de una prosperidad compartida y sustentable, con un orden público democrático. Pero siempre está la alternativa de persistir en la mediocridad del empate forzado o en la reiteración del conflicto social permanente nacido de desigualdades inaceptables. Las opciones que se resuelvan en 2020 serán, entonces, fundamentales para el futuro y para tener un país en el que la concentración del poder y la riqueza no sea su signo principal.
