Opinión
Pese a que aún no existe ninguna transformación en cómo vive la población, hay una certeza extendida de que Chile cambió y de aquí para adelante nada volverá a ser como antes. Pero entonces, ¿qué es lo que nos hace distintos al país previo al 18 de octubre? La respuesta es que, si bien los pilares materiales del neoliberalismo siguen aún en pie, se rompió la aceptación –el consenso– que generaba en la población el proyecto político y económico de la élite. Las demandas que hace algún tiempo eran defendidas fundamentalmente por movimientos sociales –el secundario el 2006, el universitario y medioambiental durante el 2011, por No+ AFP el 2016 y el feminista desde el 2018– son ahora motivo de protesta por un número creciente de la población.
El malestar social acumulado, que se reveló en las movilizaciones desarrolladas desde el 18 de octubre, está lejos de responder a un problema específico, es más bien una protesta contra todas las maneras en que el modelo neoliberal precariza la vida.
El carácter diverso de esta movilización nacional ha desbordado con creces no solo a los partidos políticos, sino que su extensión y espontaneidad ha hecho también mirar sorprendidas incluso a las organizaciones sociales. Sin embargo, el contenido de la protesta es profundamente político, señalando la necesidad de repensar el funcionamiento de nuestra sociedad y democratizar el poder político y económico que, actualmente, detenta una minoría. El punto de inicio es un rechazo categórico a la política tradicional de la transición, que excluye de los espacios de decisión a la mayor parte de la ciudadanía.
Pese a que aún no existe ninguna transformación en cómo vive la población, hay una certeza extendida de que Chile cambió y de aquí para adelante nada volverá a ser como antes. Pero entonces, ¿qué es lo que nos hace distintos al país previo al 18 de octubre? La respuesta es que, si bien los pilares materiales del neoliberalismo siguen aún en pie, se rompió la aceptación –el consenso– que generaba en la población el proyecto político y económico de la élite.
[cita tipo=»destaque»]Durante muchos años, la apuesta de las fuerzas transformadoras radicó en denunciar e impugnar los perjuicios de este modelo, en generar redes y organización que permitieran abrir los cercos de lo posible. Hoy estos cercos se encuentran abiertos y, en este nuevo terreno llano, es deber de estas mismas fuerzas quitarles el poder a quienes han hecho del país su fundo y devolverle al pueblo soberanía económica y política. Nunca antes como ahora –tal vez tampoco después– tengamos tan cerca la posibilidad de imaginar que, a lo largo y ancho de esta geografía, Chile sea la tumba del neoliberalismo.[/cita]
Las demandas que hace algún tiempo eran defendidas fundamentalmente por movimientos sociales –el secundario el 2006, el universitario y medioambiental durante el 2011, por No+ AFP el 2016 y el feminista desde el 2018– son ahora motivo de protesta por un número creciente de la población. Para alcanzar estos cambios, se ha extendido ahora la idea de no aceptar medidas parciales, sino abogar por transformaciones estructurales del modelo. Asimismo, las actuales convocatorias han visto sumarse a muchas personas que, por primera vez, se hacen de la protesta social como medio para cambiar su realidad.
Es notorio además, una radicalización del discurso. Dado que el objetivo es modificar estructuralmente el modelo, ya no basta con “pisos mínimos” o negociaciones que busquen aplacar una movilización cuya síntesis se expresa en consignas del tipo “hasta que valga la pena vivir” o “hasta que la dignidad se haga costumbre”.
Esta intensidad ha ido acompañada del florecimiento de innumerables símbolos: miles de personas entonando “El pueblo unido”, el derribo de estatuas de colonizadores de los pueblos originarios o militares cómplices de victorias de la oligarquía, la bandera mapuche como emblema de todas las marchas, la validación de la autodefensa frente a la represión que significa la “primera línea” y las miles de barricadas que representan la resistencia encendida en todo el territorio nacional.
Esto recrea un escenario de disputa de la subjetividad que es, en buena medida, una de las más significativas amarraduras que aprisionan las posibilidades de cambio. Esta apertura es, hasta ahora, nuestra principal victoria y su consolidación y politización será la mayor garantía de derrumbe de los otros pilares de una sociedad dominada por el mercado. Se ha puesto en cuestión una racionalidad dominante, esto es, la lógica de funcionamiento neoliberal y la falta absoluta de control democrático de la población en los asuntos públicos que les implican. La pregunta que sigue es: ¿cuáles son las puertas que abre este cambio en la conciencia de la sociedad chilena?
La consigna “Nos cansamos, nos unimos” expresa que ya no se trata de parcelas aisladas, sino de un proyecto unitario de transformación. Unidad Social –que con todo la inorganicidad de estas movilizaciones es una plataforma excepcional por lograr articular más de 200 organizaciones intersectoriales– ha propuesto una síntesis de reformas sociales en un documento llamado “Urgencias para transformar Chile”, constituyendo un programa diverso de demandas realizables en el corto y mediano plazos.
Esta agenda incluye demandas económicas con acento en la distribución y redistribución de recursos, las históricas del mundo sindical de aumento del sueldo mínimo y su equivalente de pensión mínima solidaria. También las demandas de salud por mayor financiamiento basal a las instituciones públicas, aumento de la inversión vía ley en salud mental y en pensiones, una propuesta de reparto solidario que entregue seguridad y dignidad a nuestros jubilados. En educación, gratuidad y eliminación definitiva de las deudas contraídas por estudiar y para medio ambiente, la recuperación de los recursos naturales privatizados y derogación del Código de Aguas, y las demandas por mayor soberanía en gestión y planificación del movimiento de pobladores.
Asimismo y también con sentido de urgencia, se incluyen demandas con acento en la inclusión social: en infancia, la protección integral a los niños y niñas del Sename; sobre discapacidad, una nueva institucionalidad inclusiva y garante en políticas de educación y salud; para migración, una regularización que frene la discriminación a extranjeros; sobre diversidad sexual se propone una institucionalidad que dé garantías contra la discriminación; y sobre pueblos originarios, el respeto a sus derechos culturales y autonomía política, así como el término de la militarización en territorio mapuche. Sobre género y feminismo –que es eje transversal del documento– se propone la despenalización del aborto en perspectiva de avanzar hacia una legalidad que proteja la libertad de decisión, como también una ley de paridad de género en todas las instituciones del Estado.
Es precisamente la convergencia de esa diversidad de demandas sociales la que otorga radicalidad a la posibilidad transformadora de este movimiento, cuyo horizonte común es la restitución de derechos y la constitución de un Estado garante. Implicando, esta vez, demandas que en lo cuantitativo redistribuyan recursos, como también reformas que, poniendo fin a la discriminación, cualitativamente construyan una sociedad diferente.
Enfrentarse al neoliberalismo significa quebrantarlo tanto en lo económico, en relación con la acumulación que significa, pero también a nivel político, promoviendo procesos democratizadores. Si bien las demandas son desagregadas entre sí, están cruzadas por el peso del mercado y por la muralla que ha sido la institucionalidad, para las organizaciones sociales que luchan hace décadas por transformaciones. Lo que tienen en común es oponerse a la racionalidad dominante del modelo neoliberal, caracterizada por la idea de que el individuo, por sí mismo, debe lograr el mejoramiento de sus condiciones de vida.
La respuesta del Ejecutivo ha estado mediada por la incapacidad de entender lo que se ha puesto en conflicto en este estallido y por una escalada represiva tipificada –según lo han acreditado diversos informes internacionales– de violación generalizada de Derechos Humanos. De aquí que, por iniciativa del Gobierno, no han surgido cambios sustantivos en materia social, de hecho, aún no hay cambios de ningún tipo. Sus referencias públicas se limitan “al orden y la seguridad” y sus anuncios no superan la dimensión de los subsidios o bonos. Esta búsqueda de desactivar la protesta es insuficiente, pues mantiene una lógica que es parte del problema estructural e ilustrativa de la “democracia restringida” que hemos vivido durante años.
Entonces, en este cuadro de un Gobierno con incapacidad de entender la profundidad de la crisis y con un movimiento que, pese a su alta inorganicidad, conserva fuerza y que, por sobre todo, se respalda en un mayor convencimiento de la población en la necesidad de cambios profundos, ¿qué se hace para avanzar?
Estas respuestas deberán exigir un diseño y un plan de movilización en el que las plataformas sociales, cabildos y asambleas territoriales asuman el protagonismo, pero al mismo tiempo es fundamental que las fuerzas políticas de oposición canalicen, visibilicen y tensionen en el marco institucional la incorporación de demandas. Esto debe significar un proceso continuo e ininterrumpido de agenda social, que vaya desdibujando nuestro país en tanto se derriba el neoliberalismo en todas las esferas de nuestra vida.
Durante muchos años, la apuesta de las fuerzas transformadoras radicó en denunciar e impugnar los perjuicios de este modelo, en generar redes y organización que permitieran abrir los cercos de lo posible. Hoy estos cercos se encuentran abiertos y, en este nuevo terreno llano, es deber de estas mismas fuerzas quitarles el poder a quienes han hecho del país su fundo y devolverle al pueblo soberanía económica y política. Nunca antes como ahora –tal vez tampoco después– tengamos tan cerca la posibilidad de imaginar que, a lo largo y ancho de esta geografía, Chile sea la tumba del neoliberalismo.
