Proceso constituyente y pueblo Mapuche: Riesgos y oportunidades de un momento histórico

Los cambios que exige el Chile buscan redefinir el modo en que se constituye el país, caracterizado eminentemente por la injusticia, la desigualdad y el abuso a la dignidad de las personas. Por ello, la gente se ha manifestado por un cambio constitucional, para construir una sociedad que establezca la solidaridad como valor prioritario de su cohesión y convivencia. Frente a esa exigencia existe un consenso muy amplio, que se manifestará categóricamente en el plebiscito del 26 de abril convocado para el efecto.

En esta materia, la única Constitución en Chile acordada libremente por la ciudadanía fue la primera, la de 1828, llamada “popular representativa”. En ella, participaron delegados elegidos desde procesos comunales, que sesionó definitivamente en Valparaíso, para evitar la influencia del capitalismo monopólico y despótico, como el que hoy aún predomina en Santiago.

En aquella Carta Fundamental no participó el pueblo mapuche, no porque fuera excluido, sino por ser una nación vecina. En efecto, el status jurídico que el propio Presidente, Ramón Freire, reconoció a la Nación Mapuche en el Tratado de Trapigue de 1825 definió el Río Bio Bio como la frontera entre ambas naciones. Tanto es así, que la Constitución de 1828, en su artículo 2°, señala que Chile se divide en ocho provincias dentro de las cuales no está La Araucanía.

[cita tipo=»destaque»]La historia se vuelve a repetir hoy en el pacto entre el Gobierno y la oposición parlamentarizada, que ha fijado las reglas para una nueva Constitución. Y aquí se produce otra paradoja, pues los actuales parlamentarios, han perdido la confianza ciudadana. Esto es un “grito a voces”, que -por cierto- los únicos que no lo escuchan, son ellos. El sistema que se discute solo fortalece a los partidos, no a la ciudadanía. En efecto, la fórmula de representantes por distrito hace casi imposible que un dirigente social gane una elección para ser delegado. Entonces, surge la pregunta ¿cómo es posible que un poder derivado, trate de reemplazar al poder constituyente original?[/cita]

¿Por qué este reconocimiento? No solo tiene que ver con que el pueblo mapuche derrotara al imperio español más de 200 años antes de la independencia de Chile. También dice relación con que ayudó en batalla a los patriotas chilenos, como ocurrió con Coñoepan en 1913, ayudó a O´Higgins en el sitio a Chillan y a San Martin, quien no hubiese liberado Chile sin el apoyo de los lonco Mapuche/Pehuenche Ñacuñan y Sayhueque, que le entregaron guerreros, caballos y alimento, según acordaron en el parlamento del Fuerte de San Carlos, en 1816.

Seguramente Bernardo O´Higgins recordó ésto y siendo ya Director Supremo, escribió en una carta referida al pueblo mapuche de 1819: “…os habla el jefe de un pueblo libre y soberano, que reconoce vuestra independencia, y está a punto a ratificar este reconocimiento por un acto público y solemne». Esta es evidencia clara de un reconocimiento que se ratificó en 1821, cuando dictó un Decreto Supremo en el cual se declaró la propiedad de los indígenas sobre sus tierras.

Tampoco el pueblo Mapuche participó de la Constitución de Diego Portales de 1833, puesto que no pertenecía al Estado de Chile. Claro, tampoco participó el propio pueblo chileno, porque fueron reprimidos, asesinados y perseguidos por la fuerza militar de José Prieto Vial y Manuel Bulnes. Ambos personajes, se entregaron a las elites del momento, que concretaron una Constitución a su medida.

No es exagerado decir que Chile le debe su independencia, en una medida significativa, al pueblo Mapuche y el “pago de Chile” ha sido su genocidio, que consistió en incorporar el territorio mapuche al Estado chileno, asesinar a los dueños, robar sus tierras y ganado, bajo el eufemismo de “Pacificación de La Araucanía”, según el decreto firmado en 1861 por el Presidente, José Pérez.

Para la Constitución de 1925, el pueblo Mapuche se encontraba luchando contra el intento de asimilación que el Estado empleó por todos los medios, tratando de recupera sus tierras y luchando contra una sistemática práctica de estafas, arriendos a 99 años e inscripciones irregulares en los conservadores de Bienes Raíces, como expone el Libro, “El despojo Nagche”. Hoy, después de casi 100 años de estos luctuosos acontecimientos, Rodrigo Ubilla y Pablo Longeira hijo, nos recuerdan que las compras fraudulentas de tierras mapuche siguen operando en total impunidad.

A pesar que la revolución de 1925 se llevó a cabo gracias a la movilización social, nuevamente éstos no participaron del proceso constituyente y mucho menos los mapuche. El Presidente, Arturo Alessandri, reprimió toda movilización social y cuando debió llamar a una Asamblea Constituyente, no lo hizo, sino que creó dos comisiones a gusto de su club. Hay que destacar, que los líderes sociales de la época, prohibieron la participación de partidos políticos en sus procesos deliberativos. Al igual que hoy, se arrogaron la representación del poder popular, argumentando que el pueblo no está preparado para ejercer el poder.

Con ésto se eliminó el trabajo social de construcción del poder constituyente y abrió el camino a un manejo de poder sin contrapeso de los partidos políticos, cuestión que se perfeccionó con el Decreto con Fuerza de Ley del Presidente, Carlos Ibáñez, en 1931, que prohibió hacer política a los sindicatos. Todo ello consolidó, hasta hoy, la partidocracia.
En la práctica, los partidos pasan a ser agentes del Estado, donde el pobre y el indígena ya no tienen el derecho a representarse por sí mismos y son declarados interdictos. Son los partidos los que se arrogan la plena representación de la gente y se transforman en los únicos interlocutores válidos para hablar por ella.

La historia se vuelve a repetir hoy en el pacto entre el Gobierno y la oposición parlamentarizada, que ha fijado las reglas para una nueva Constitución. Y aquí se produce otra paradoja, pues los actuales parlamentarios, han perdido la confianza ciudadana. Esto es un “grito a voces”, que -por cierto- los únicos que no lo escuchan, son ellos. El sistema que se discute solo fortalece a los partidos, no a la ciudadanía. En efecto, la fórmula de representantes por distrito hace casi imposible que un dirigente social gane una elección para ser delegado. Entonces, surge la pregunta ¿cómo es posible que un poder derivado, trate de reemplazar al poder constituyente original?

En el caso de la propuesta de participación de los pueblos indígenas en cuotas, es un asunto viciado. En primer lugar, porque se basará en el registro de CONADI, que es absolutamente deficiente. Ese registro debe basarse en el SERVEL y el Registro Civil y la gente debe decidir si vota en calidad indígena o no. También hay que considerar que Ley Indígena no reconoce a todos los pueblos, como los changos y Selknam, por ejemplo. En segundo lugar, no se ha hablando que los indígenas deben inscribir sus candidaturas independientes, por lo que, dependerán de partidos políticos, lo que va directamente en contra del Convenio 169, que expresa taxativamente que la participación indígena debe ser de acuerdo a sus propias instituciones representativas y formas, que libremente ellos decidan participar.

Los pueblos indígenas están más allá que la lista de la diversidad sexual, independientes y género, puesto que esas son clasificaciones sociales de los pueblos. Y el mapuche es un pueblo-nación y no una población de Chile, por lo tanto podría tener dentro de su diversidad, las mismas clasificaciones que la nación chilena. Ya sería bueno que de una vez por todas, se modificara el modo de tratarnos. Lo que corresponde, es que los pueblos indígenas lleven adelante su propio proceso de Asamblea Constituyente para que discuta qué es lo que queremos y, de qué manera nos hacemos parte de este nuevo pacto social con el pueblo de Chile y el Estado.