Opinión
No hacer un salto radical en el financiamiento como respuesta a la crisis, significaría por parte del Gobierno y la derecha un acto bastante suicida, porque es lo único que podría impulsar, de una vez por todas, un pacto razonable entre la actual administración y la oposición para poner un freno a esta crisis. Esa definición implica un conflicto interno en la derecha y de su resolución depende, en buena medida, la salida del pantano en que estamos metidos. El árbitro se llama Sebastián Piñera. Ojalá no lo ganen los tacaños ideológicos con tendencia al suicidio, por que no se van a fregar solos, sino que nos van a arrastrar a todos.
Si se recopila una lista de los anuncios, propuestas y proyectos de ley que ha elaborado el Gobierno a partir de octubre y en solo 100 días, vista como paquete, es bastante impactante. Esto no significa que “la calle” esté demasiado interesada en enterarse por ahora, pero no es el punto en esta columna.
Más allá de las críticas que se les pueda hacer y, aunque algunas estén siendo discutidas o modificadas en el Congreso como es obvio, estas iniciativas reflejan una gran preocupación y celeridad para intentar abordar la crisis, que no ha sido suficientemente reconocida. Aquí va el listado y, tal vez, se me haya pasado alguna:
1. Anuncio de Agenda Social abordando pensiones, ingreso mínimo, costo de la electricidad, beneficios de salud, cambios tributarios y defensoría para víctimas de delitos.
2. Bono de $100 mil pesos anticrisis.
3. Condonación del 80% de deudas y multas del TAG.
[cita tipo=»destaque»]Este partido se definirá, esencialmente, por la resolución de la fractura en la derecha entre ideólogos duros como Cristián Larroulet y la UDI, y socialdemócratas recientemente convencidos, como Mario Desbordes, Manuel José Ossandón, el ministro de Hacienda Ignacio Briones y uno que otro Evópoli que lo piensa pero no lo dice.[/cita]
4. Aumento de recaudación tributaria por US$ 2.200 millones.
5. Reforma a Fonasa y reducción del costo de medicamentos.
6. Modificación al Seguro de Cesantía.
7. Ley de pago a las pymes en plazo máximo de 30 días.
8. Reestructuración integral del sistema previsional, con menor rol a las AFP y un pilar solidario.
9. Anuncio de una Agenda Antiabusos con mayores penalizaciones de cárcel efectiva para crímenes de cuello blanco.
10. Inicio del proceso constituyente y fechas para el plebiscito.
11. Modernización de las policías y el sistema de inteligencia.
12. Colaboración de las FF.AA. en la protección de infraestructura crítica.
13. Cambio de gabinete por uno más dialogante.
14. Límite a la reelección de parlamentarios.
Debe aclararse, eso sí, que la suma monetaria de estos anuncios posiblemente no supere los US$ 2.000 millones anuales, especialmente en pensiones y salud, dada la reiterada actitud de responsabilidad fiscal o tacañería del Gobierno.
No se entiende cómo no se han atrevido a anunciar, por ejemplo, un aumento de la deuda pública de 26% a –por decir una cifra– al 34%, lo cual es todavía un monto realmente bajo comparado con cualquier país de la OCDE. Abrir el bolsillo en serio y endeudarse más en momentos de crisis, que es lo que todos hacemos, podría significar una inyección muy grande, por una vez, de aproximadamente US$ 22.000 millones, que estarían disponibles durante los próximos cinco años para gastos por una vez y no permanentes, tales como:
a) Un programa ambicioso para reforzar la educación pública desde salas cuna a escuelas, liceos técnicos y universidades.
b) Reforzar los consultorios primarios y hospitales públicos, con recursos pero también con mejor gestión de la red de salud.
c) Un programa agresivo de protección a la infancia, salud mental y combate a las adicciones, al estilo islandés.
d) Un fondo para mejorar la infraestructura de regadío, embalses y canales, necesidad dramáticamente urgente por las sequías, que inyectaría recursos al sector privado, la agricultura y la economía en general.
e) Recuperación de la infraestructura dañada durante la crisis, lo cual también ayudaría a reactivar la economía.
Cuatro o cinco años más tarde, si la economía y el desempleo se estabilizan y el país vuelve a crecer, se haría patente la necesidad de una nueva reforma tributaria para comenzar a financiar, con ingresos estables, los gastos recurrentes de seguridad social… como en todos los países de la OCDE.
No hacer esto, es decir, un salto radical en el financiamiento como respuesta a la crisis, asociado a un programa ambicioso como el aquí sugerido, significaría por parte del Gobierno y la derecha una suerte de tacañería ideológica poco comprensible y bastante suicida. Es en realidad lo único que podría impulsar, de una vez por todas, un pacto razonable entre la administración de Sebastián Piñera y la oposición para poner un freno a esta crisis.
Este partido se definirá, esencialmente, por la resolución de la fractura en la derecha entre ideólogos duros como Cristián Larroulet y la UDI, y socialdemócratas recientemente convencidos, como Mario Desbordes, Manuel José Ossandón, el ministro de Hacienda Ignacio Briones y uno que otro Evópoli que lo piensa pero no lo dice.
De la resolución de este conflicto interno en la derecha depende, en buena medida, la salida del pantano en que estamos metidos. El árbitro se llama Sebastián Piñera. Ojalá no lo ganen los tacaños ideológicos con tendencia al suicidio, por que no se van a fregar solos, sino que nos van a arrastrar a todos.
