EDITORIAL
La comisión de Seguridad del Senado entregó una propuesta plana, que se mueve en la misma idea burocrática de una reforma autocontrolada por la propia institución de Carabineros, y no expresa ninguna convicción de que el país está en una emergencia que requiere recomponer el mando de la policía uniformada, lo que solo puede hacerse si se interviene a esta externamente. Tampoco hace referencia a las escuelas matrices –las que deben ser también intervenidas y reformuladas–, ni a una política profunda de reclutamiento extraordinario y de entrenamiento forzado de los miembros, para afrontar las fases de transición.
La crisis de Carabineros es producto de un proceso acumulativo, que maduró en democracia, y es un tema que lleva años instalado en la agenda política del país. Los responsables directos, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República, han eludido sistemáticamente ir al fondo del problema. Todas las iniciativas de reforma, desde que se recuperó la democracia en 1990, se han enmarañado en propuestas administrativas orientadas a un juego de relevos de mando o cambios menores de formas, que al final solo han empeorado las cosas.
La actual, no es la única crisis, pero es la más grande, involucra aspectos criminales, además de organizacionales y de eficiencia. La captura de su mando de Intendencia por un grupo de oficiales provenientes, en su mayoría, de los servicios de inteligencia de la institución, fue hace ya un par de años una alarma notoria de su deterioro.
Su descontrol interno llevó al desfalco de sus dineros y, paralelamente, se rompieron reglas elementales de profesionalismo, al realizar montaje de pruebas para inculpar a ciudadanos en los conflictos de La Araucanía. Por lo mismo, no es un problema de reglamentos, falta de leyes o mejores protocolos.
[cita tipo=»destaque»]Una idea culposa y de omisión ronda a la comisión y su propuesta, quizás debido a los nombres que la componen. Porque la baja eficiencia y las violaciones de derechos humanos y civiles de la población por parte de Carabineros son, en gran medida, el resultado de las malas decisiones del poder civil desde el retorno a la democracia.[/cita]
Se trata de un problema de fondo ubicado en la matriz de su formación profesional, que impide estabilizar su mando y que exige una intervención mayor, la reestructuración de las escuelas matrices –tal vez refundándolas en una sola– y una adecuada formación profesional, acorde a los tiempos actuales.
Por estos días, la comisión de Seguridad del Senado entregó al Gobierno un conjunto de recomendaciones para enfrentar una nueva reforma de Carabineros. En el grupo de expertos y parlamentarios estuvieron Jorge Burgos, exministro del Interior y Seguridad Pública; Antonio Frey, exsubsecretario de Prevención del Delito; Jorge Correa, exsubsecretario del Interior; Cristóbal Lira, exsubsecretario de Prevención del Delito; el senador Felipe Harboe, exsubsecretario del Interior y de Carabineros, y José Miguel Insulza, exministro del Interior. Es decir, personas de la elite que en su época pudieron hacer algo y, derechamente, no lo hicieron.
La propuesta, en la que también participaron expertos y académicos, como Lucía Dammert y Hugo Frühling, no representa ningún avance significativo, pese a que fue ideada para ser “entregada a los tres poderes del Estado y compartida con la opinión pública”.
Reconoce que se requieren cambios profundos y que “es necesario redefinir el rol de la policía uniformada en nuestra sociedad” (sic). Propone “la creación de un Ministerio de la Seguridad Pública” y afirma que “durante todo el período democrático posterior a 1990 ha existido un déficit de conducción política de Carabineros, lo que se tradujo, por una parte, en una ausencia de dirección efectiva orientada a producir cambios institucionales, y, por otra, en la inexistencia de mecanismos efectivos de control”.
Pese a lo anterior, la propuesta es plana, se mueve en la misma idea burocrática de una reforma autocontrolada por la propia institución de Carabineros y no expresa ninguna convicción de que el país está en una emergencia que requiere recomponer el mando de la policía uniformada, lo que solo puede hacerse si se interviene a esta externamente. Tampoco hace referencia a las escuelas matrices –las que deben ser también intervenidas y reformuladas–, ni a una política profunda de reclutamiento extraordinario y de entrenamiento forzado de los miembros, para afrontar las fases de transición.
Una idea culposa y de omisión ronda a la comisión y su propuesta, quizás debido a los nombres que la componen. Porque la baja eficiencia y las violaciones de derechos humanos y civiles de la población por parte de Carabineros son, en gran medida, el resultado de las malas decisiones del poder civil desde el retorno a la democracia.
En ninguna parte del mundo la policía está propiamente diseñada para actuar defendiendo los derechos humanos, sino que lo que se requiere es que tenga plena conciencia de ellos, tanto en su etapa formativa como en sus operaciones, y que no los viole con su manera de actuar.
