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El año pasado se cursaron 1.170 sumarios para “determinar responsabilidades disciplinarias” y por “otros casos por disposiciones legales o reglamentarias que así lo determinen”. Según fuentes de Carabineros, en estos ítems –que alcanzan el 62,6% del total– se enmarcan las causas por Derechos Humanos. Según la información recogida por El Mostrador, en una serie de casos de connotación pública, en las investigaciones internas y del Ministerio Público se repite un patrón: los policías involucrados afirman que las lesiones de una determinada víctima se produjeron en un contexto de desorden público y que se siguieron los protocolos respectivos, es decir, se exculpan de responsabilidades.
Días después de haber tenido que presenciar el 26 de noviembre cómo su hermana, Fabiola Campillai Rojas (36), quedaba ciega por el impacto de una lacrimógena en San Bernardo, mientras se dirigía a su turno nocturno en la fábrica Carozzi, Ana María (43) recibió en su casa la visita de una patrulla de Carabineros que exigía, según consta en los antecedentes recabados por el Ministerio Público, que entregara su testimonio para el sumario interno que había iniciado la institución.
Los uniformados portaban una libreta negra y el esposo de Ana María les negó el acceso a la vivienda en la población Cinco Pinos. “Sin orden judicial, no entran”, fue la respuesta tras contactar telefónicamente a una de sus abogadas, Pamela San Martín.
El trámite, que la familia Campillai consideró intimidatorio –ya habían sido agredidos brutalmente y ahora eran requeridos para declarar–, forma parte del proceso que la institución policial, fuertemente cuestionada por las reiteradas vulneraciones a los Derechos Humanos, debe implementar en el marco de las indagatorias internas en las que se ve involucrada.
[cita tipo=»destaque»]Al revisar el detalle de la información se aprecia que en 2018 –previo al crimen de Camilo Catrillanca y cuando los mayores flancos de Carabineros eran la corrupción interna y la Operación Huracán–, 126 acciones respondían a “apreciar administrativamente responsabilidad en hechos delictuosos”. En 2019, en cambio, 1.170 procesos se han cursado para “determinar responsabilidades disciplinarias” y por “otros casos por disposiciones legales o reglamentarias que así lo determinen”. Según fuentes de la policía uniformada, en estos ítems –que alcanzan el 62,6%– se enmarcan las causas por Derechos Humanos. En noviembre, por ejemplo, 547 sumarios responden a estas categorías; las 54 restantes, a “establecer derechos y/o beneficios derivados de accidentes en actos del servicio”.[/cita]
Si en el pasado estos procesos se vincularon principalmente al fraude con recursos públicos o a la manipulación de pruebas, hoy se ha ampliado el registro: hay varios por uso de perdigones que han provocado lesiones o estallidos oculares como el de Gustavo Gatica; otros, por disparo de lacrimógenas que han tenido al borde de la muerte a personas como Geraldine Alvarado (16) y que, en el caso de Fabiola, le provocaron ceguera, pérdida de gusto y olfato y una lesión cerebral. Además, están los casos de atropellos como el del hincha de Colo-Colo, Jorge Mora Herrera (37), que murió producto del impacto en las afueras del Estadio Monumental; el crimen a golpes de Álex Núñez Sandoval (39) durante el estado de excepción o la golpiza a un adolescente en Puente Alto.
En cifras solicitadas por El Mostrador vía Transparencia, entre 2018 y 2019, aumentó en 75% la cantidad de procesos administrativos abiertos por Carabineros. La explosión en este ítem se evidenció en noviembre de 2019, en pleno auge del estallido social. Ese mes se iniciaron el 32,19% de los sumarios: 601 de un total que el año pasado alcanzó los 1.867 y que en 2018 fue de 1.067.
Al revisar el detalle de la información se aprecia que en 2018 –previo al crimen de Camilo Catrillanca y cuando los mayores flancos de Carabineros eran la corrupción interna y la Operación Huracán–, 126 acciones respondían a “apreciar administrativamente responsabilidad en hechos delictuosos”. En 2019, en cambio, 1.170 procesos se han cursado para “determinar responsabilidades disciplinarias” y por “otros casos por disposiciones legales o reglamentarias que así lo determinen”. Según fuentes de la policía uniformada, en estos ítems –que alcanzan el 62,6%– se enmarcan las causas por Derechos Humanos. En noviembre, por ejemplo, 547 sumarios responden a estas categorías; las 54 restantes, a “establecer derechos y/o beneficios derivados de accidentes en actos del servicio”.
El peak de sumarios no implica que se vaya a llegar a la verdad de lo ocurrido en los más de cien días de crisis ni que se vayan a establecer sanciones. Solo indica que hay indagatorias en curso, las cuales pueden o no arrojar resultados. Según la información recogida por este medio, en una serie de casos de connotación pública, en las investigaciones internas y del Ministerio Público se repite un patrón: los policías involucrados afirman que las lesiones de una determinada víctima se produjeron en un contexto de desorden público y que se siguieron los protocolos respectivos, es decir, se exculpan de responsabilidades.
En el caso de Fabiola Campillai, por ejemplo, el parte policial altera los hechos relatados por testigos y establece los desmanes –que habrían sido previos y posteriores al incidente en que la mujer quedó herida– justo en el momento en que ella es lesionada.
“El día 26 de noviembre del año 2019 siendo las 19:45 horas aproximadamente la Central de Comunicaciones CENCO informa que en el sector 5 pinos de la comuna de San Bernardo habría un grupo de antisociales provocando daños y barricadas en el lugar alterando el normal orden público. Por lo que se concurre al lugar a cargo del Capitán de Carabineros Jaime Fernández Sepúlveda de la 14ava. comisaria, una vez en el lugar se percata personal de Carabineros que habrían 50 personas aproximadamente a rostro cubierto, colocando barricadas incendiarias sobre la línea férrea del metro tren, y una vez se percatan de la presencia policial, estos comienzan a lanzar piedras y objetos contundentes, como además de ocupar las calles del sector alterando el normal flujo peatonal y vehicular, motivos por los que con la finalidad de restablecer el orden público quebrantado personal de Carabineros procede a realizar el uso gradual de elementos disuasivos, instantes en los que se aprecia una persona de sexo femenino que por razones que se desconocen aparentemente se encontraba lesionada, lo que genera el malestar del grupo de personas que causaban desórdenes, abalanzándose sobre el personal institucional con piedras y otros elementos contundentes, por lo que se toma la decisión de replegarse ingresando a los vehículos policiales para proceder a retirarse del lugar”.
Fuentes que se encuentran a cargo de investigaciones en Fiscalía detallaron que la información proporcionada por Carabineros solo es un insumo más, no del todo creíble, sobre los hechos, y que es contrastada. En la práctica, las pesquisas mayoritariamente han quedado a cargo de las brigadas de Derechos Humanos y Homicidios de la Policía de Investigaciones.
