Opinión
Lo que vivimos en la nueva jornada de la PSU, nos tiene que llevar a trabajar en una nueva prueba que mida habilidades y no conocimientos, que otorgue mejores oportunidades a los estudiantes de la educación técnico-profesional, que son los que más la sufren. Pero esto debe ser realizado en diálogo, sin violencia, con expertos, profesores, estudiantes y de cara a la ciudadanía. Cualquiera que avale estos actos de matonaje, simplemente no cree en la democracia y en el respeto a los derechos de otros.
El proceso de la PSU 2019 fue retrasado por el estallido social en dos ocasiones y ni el Demre ni el Gobierno pudieron con el sabotaje –como lo denominó Daniel Matamala en una columna– liderado por la ACES. Este sabotaje fue efectivo en 86 establecimientos educaciones en el país y el Demre se vio obligado a suspender el examen y, además, tomó la decisión de sancionar a 86 estudiantes, quitándoles el derecho a participar en el proceso.
Este martes 4 y miércoles 5 de febrero hemos visto el intento del Demre –que es el organismo encargado– y del Gobierno –que tiene como primera función otorgarnos seguridad y orden público– por devolver el derecho de dar la prueba y poder postular a la educación superior, incluyendo gratuidad y becas del Estado. Finalmente se logró que todos quienes quisieron dar la prueba lo hicieran.
No comparto el sabotaje como una expresión justa de manifestación, porque les prohibió a estudiantes dar una prueba por la que se prepararon durante años o en otros casos no hubo las condiciones normales para darla. Pese a lo anterior, indudablemente no estaríamos discutiendo la validez de un examen de base curricular, si esta de verdad midiera habilidades y aptitudes.
[cita tipo=»destaque»]Si bien es cierto que la prueba de selección universitaria discrimina a los estudiantes más pobres, sobre todo a los de liceos técnico-profesionales (50% de la matrícula pública) que no tienen el mismo currículum científico humanista que mide esta prueba, el sabotaje hizo exactamente lo mismo: perjudicó a los estudiantes más pobres, con decisiones arbitrarias e inconsultas con sus propios compañeros.[/cita]
La PSU es una prueba de la que muchos hemos sido críticos. El debate se ve obligadamente adelantado, en parte por el estallido social y en parte por esta acción de fuerza de los estudiantes. Esta es una pésima señal para la convivencia democrática, movilizarse por manifestaciones violentas, pero desgraciadamente se ha hecho norma este último tiempo. El que grita más fuerte, gana.
Pero, ¿quiénes se están manifestando en contra de la PSU con violencia? Primero, despejemos el mito de que son unos pocos los que piden cambios. Somos muchas y muchos los que estamos pidiendo cambios profundos en la PSU. Segundo, el mito de que “los estudiantes” apoyaron este “boicot”. Se trata de un grupo muy pequeño que, ante la imposibilidad de convencer a sus compañeros de sumarse voluntariamente a esta manifestación, optaron por la violencia y el matonaje para impedir que más de 100 mil estudiantes en Matemática, 70 mil en Lenguaje y Comunicación y casi 50 mil en la prueba de Ciencias pudieran ejercer su derecho.
La mayoría de los afectados son de comunas pobres. Por ejemplo, en la Región Metropolitana no hubo ningún establecimiento afectado en el barrio alto, mientras los diez y nueve locales que suspendieron la PSU en la pasada fecha fueron de San Bernardo y Puente Alto, respectivamente.
Si bien es cierto que la prueba de selección universitaria discrimina a los estudiantes más pobres, sobre todo a los de liceos técnico-profesionales (50% de la matrícula pública) que no tienen el mismo currículum científico humanista que mide esta prueba, el sabotaje hizo exactamente lo mismo: perjudicó a los estudiantes más pobres, con decisiones arbitrarias e inconsultas con sus propios compañeros.
Lo que vivimos en la nueva jornada de la PSU, nos tiene que llevar a trabajar en una nueva prueba que mida habilidades y no conocimientos, que otorgue mejores oportunidades a los estudiantes de la educación técnico-profesional, que son los que más la sufren. Pero esto debe ser realizado en diálogo, sin violencia, con expertos, profesores, estudiantes y de cara a la ciudadanía. Cualquiera que avale estos actos de matonaje, simplemente no cree en la democracia y en el respeto a los derechos de otros.
